El juez José Flors se ha mantenido firme en sus posiciones a la hora de redactar el auto que llevará a Camps al banquillo, y deja bien claro que los hechos que relató en julio de 2009 «no se han alterado ni desvirtuado en modo alguno por el resultado de las diligencias posteriormente practicadas». Éstos son los 13 indicios incriminatorios que cita el magistrado.
1.La declaración testifical de José Tomás García
El testimonio del ya conocido como El Sastre, José Tomás, que «intervino personalmente en los hechos» y cuyas declaraciones corroboraron otros testigos. El juez da por buena la mayor parte de su versión, pero no pasa por alto que Tomás emitía facturas «por conceptos diferentes de los realmente adquiridos [...], pero por igual importe que el efectivamente satisfecho». Así, sostiene, se justificaban los pagos «en las cuentas de las empresas del grupo que asumían el coste de los regalos», de acuerdo con Álvaro Pérez y Pablo Crespo.
2.Los tiques de caja de Milano
En ellos se dejaba constancia de la prenda suministrada a medida y del pago que quedaba pendiente tras su entrega. Para Flors, las anotaciones contables no pueden desecharse pese a «la falta de coincidencia de fechas» entre algunos encargos y su registro en el sistema informático de la empresa. Según el auto, ese desorden «no es valor suficiente para negar cualquier valor a esas anotaciones», pues luego ha quedado acreditado que la fecha que aparece en el tique es la del día en la que se generaba el apunte de «pago a cuenta», y no la del día del encargo.
3.Los inventarios de pagos pendientes de Milano
Estos inventarios semestrales recogen todas las operaciones no saldadas «con indicación del deudor». Uno de los inventarios, de enero de 2006, menciona los nombres de Camps, Betoret, Víctor Campos y Ricardo Costa. «Esas anotaciones se reprodujeron luego, hasta ser saldada la deuda, en el inventario de julio de 2006, [...] bajo la mención Comunidad Valenciana».
4.La declaración de la cajera
Esta empleada de Milano, sostiene el auto, confirmó que los inventarios de pagos pendientes los hacía basándose en resguardos que tenía a la vista (es decir, que vio) y que luego, ya cobrados, se destruían.
5.Los tiques de la cancelación de los pagos pendientes
En ellos se hacía referencia a la operación saldada, con referencia al tique que quedó pendiente y al medio de pago utilizado. Corroboran, según el juez, «la realidad de la operación y la de su pago [...] por un tercero».
6.Los correos de los empleados
El juez alude al «conocimiento más o menos extendido» entre los empleados de Milano «acerca de esa manera de suministrar prendas de vestir a personas de relevancia política relacionadas con la Comunidad Valenciana». Es lo que se desprende, por ejemplo, de sus correos electrónicos, en los que trataban de «averiguar el origen de determinado pago efectuado» por Orange Market con un cheque de 24.308,38 euros.
7.Las hojas de encargo de sastrería en Forever Young
Se remitían a la empresa que hacía los trajes (Sastgor), con indicación del nombre de la persona destinataria de las prendas. En algunos albaranes aparecen los nombres de Camps, Costa y Betoret.
8.Los recibos de pagos pendientes de Forever Young
Estos recibos los generaba la tienda tras los pedidos o encargos de prendas, «alguno de ellos con indicación nominal del cliente al que se refieren». En ellos se registró a Camps como «nuevo cliente».
9.Las hojas de confirmación de los pedidos de la sastrería
Las expedía Sastgor, sastrería que confeccionaba los trajes y que emitía también la facturación por la confección de los trajes. Hacen también referencia a las prendas realizadas para los señores Camps, Costa, Campos y Betoret.
10.Los instrumentos de pago de las deudas
Se refieren a los cheques, las transferencias y las entregas en metálico para pagar las deudas generadas. «Evidencian la realidad del pago y la identidad del pagador», además de que «ese pago, realizado por un tercero y en esas circunstancias, entraña la aceptación del cargo, lo que presupone que se ha debido comprobar de algún modo el destino dado a las prendas y que la exigencia del abono de su importe por el encargado del establecimiento responde a una realidad coincidente con la finalidad perseguida por quien hacía ese pago».
11.Las conversaciones telefónicas entre los implicados
El auto incluye la cadena de conversaciones telefónicas entre José Tomás, Pablo Crespo, Manuel Delgado, Álvaro Pérez y Ricardo Costa, después de que el primero fuese llamado a declarar ante la Fiscalía con relación a estos hechos. Lo que dicen «evidencia la patente preocupación de todos ellos por lo ocurrido, su intranquilidad por que se descubra lo que esos hechos significan, su afán por reunirse para buscar una salida y para explicarle luego al Sr. Costa cómo Pablo Crespo ha ideado un modo de 'arreglarlo'».
12.El informe de la Agencia Tributaria
El juez admite que el informe de los peritos de la Agencia Tributaria no lleva a conclusiones «absolutamente indubitadas», porque la documentación intervenida no es concluyente. Y eso se debe a que la contabilidad de las empresas, según Flors, no se lleva «con el rigor y la seriedad» necesarias, sino como «un rudimentario sistema de control personal para el aplazamiento de pagos y su posterior pago» por parte de Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Tomás, «con el que se tendía a procurar que no se evidenciara la irregularidad de su comportamiento».
Flors alude también a una dificultad añadida: la falta de colaboración de los dueños de las tiendas y a la «posible manipulación de datos» de la contabilidad de Forever Young, «efectuada con la aparente finalidad de excluir a determinada persona implicada en los hechos», dando por bueno el testimonio del informático Francisco Ferre y la denuncia de José Tomás.
Admite que el informe de los peritos «no puede ser considerado como un elemento único y definitivo para poder representarse la realidad de lo ocurrido». Pero concluye que, pese a todo, los peritos inspectores «llegan a afirmar razonablemente» que hubo tiques de venta a nombre de Costa, Betoret y Campos pagados con cheques librados sobre cuentas de Orange Market y otros a nombre de Camps, pagados por transferencia desde Diseño Asimétrico.
13.La documentación del despacho de Pablo Crespo
Flors se refiere a la documentación intervenida en el despacho de la calle de Serrano, número 40, de Madrid. Es donde Crespo realizaba sus funciones de gestión y en el que tenía su domicilio social FCS (iniciales coincidentes con el nombre de Francisco Correa Sánchez).
Entre los documentos se encontró un sobre dirigido a Crespo con el membrete de Milano, Serrano 29, 28001 Madrid, que contenía a su vez varias hojas. La primera era una hoja manuscrita «con un listado comprensivo» de varios nombres como Cans, Betoret, Ricardo y V. Campos, seguidos de cifras con indicaciones de sumas parciales y totales y abreviaturas que indican el número de tr, am y pant a que corresponden aquellas cifras.
Había otra hoja mecanografiada con nombres y cantidades: Sr. Rafael Betoret. Año 2005, 2.700 euros, Sr. Ricardo Costa. Año 2006, 5.300 euros, Sr. Víctor Campos. Año 2006, 5.950 euros y Sr. Francisco Camps. Año 2006, 7.650 euros. Un último manuscrito refleja los datos de una cuenta bancaria de la titularidad de Milano Difusión SA donde efectuar un ingreso o transferencia. Toda esa documentación avala «el modo de actuación convenido» entre Tomás y los señores Pérez y Crespo «para abonar el precio de las prendas».
M. GASPARET / C. TOLEDO / Valencia
16/07/2011
El PPCV espera que Camps o Rajoy tomen una decisión
Barberá apoya al presidente, pero confía en que «reflexione»; la dirección regional guarda silencio y el PSPV pide su relevo ya

Aun siendo previsible desde el primer auto de junio de 2009, la apertura de juicio oral contra el presidente Camps y tres ex altos cargos del PP y de la Generalitat sumió ayer al
Consell y a los
populares valencianos en una crisis institucional y política sin precedentes.
La mejor prueba de ello, el silencio que la plana mayor del PPCV y del Consell mantuvieron tras hacerse público que Camps, su ex número dos Ricardo Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de Turismo Rafael Betoret se sentarán en el banquillo acusados de haber recibido regalos, de forma continuada, de una trama corrupta.
La portavoz del Consell, Lola Johnson, intentó cerrar filas, pero luego el silencio, la cautela, resultaron elocuentes. Lo cierto es que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, marcó el límite de las adhesiones cuando, tras subrayar su respaldo «total» a Camps y mostrar su tristeza, animó a «esperar a que el propio presidente reflexione y tome decisiones». Eso sí, Barberá echó balones fuera: «Unos quieren echar a Camps de la política, mientras otros le abren la puerta a Bildu».
Las declaraciones de Barberá colocaron en su contexto preciso las muestras de apoyo esbozadas por Carlos Fabra; por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra; y por el conseller José Císcar. Y también el mutismo en que se parapetó un partido en el que la orden ayer tarde era «no emitir valoraciones», según diversas fuentes internas.
Durante dos años de instrucción han sido muchas las ocasiones en que el PP valenciano ha salido en tromba para recalcar su respaldo al presidente y subrayar aquello de que «claro que paga sus trajes». Ese automatismo de las fidelidades, tan habitual en el PPCV durante el proceso, se interrumpió ayer, puede que por motivos atribuibles solo a Camps, sólo a Rajoy, o a algún acuerdo previo entre ambos. En definitiva, todos en el PPCV aguardan la decisión de Rajoy mientras lamentan la falta de reacción del propio Consell y de la dirección regional.
La coyuntura para Rajoy es fatal. Obligar a Camps a asumir responsabilidades políticas y apartarse de la primera línea supone presumir su posible culpabilidad, como ya ha hecho el juez en un auto demoledor. Pero mantenerlo blindado en sus cargos daña la imagen de todo el partido y de la Comunidad Valenciana, y puede lastrar su campaña. ¿Con qué cara puede Rajoy prometer transparencia y un Gobierno honrado si permite a Camps gobernar y apoltronarse? ¿En qué lugar queda el código ético del PP? ¿Se puede gobernar desde el banquillo de los acusados? La portavoz del Consell, Lola Johnson, eludió estas cuestiones alegando que no conocía el auto y que el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas.
Las consideraciones del juez Flors y el escenario político a corto y medio plazo no acompañan al presidente. El juez tiene claro que los regalos recibidos no respondían a «usos sociales». Por otro lado, es muy probable que la oposición presente una moción de censura en las Cortes y que el juicio a Camps coincida con una campaña adelantada. El PPCV se mantenía ayer en ascuas... esperando a Rajoy
EL MUNDO / Madrid
16/07/2011
Lo que va de Hormaechea a Camps y de Aznar a Rajoy
El PP expulsó al presidente cántabro antes de ser condenado
Francisco Camps compartirá el dudoso honor de sentarse en el banquillo siendo presidente autonómico con Juan Hormaechea, aquel polémico dirigente de Cantabria, populista y descarado, que también era del PP. Hormaechea gobernaba con amplia mayoría cuando, a finales de los 80 y principios de los 90, empezaron a cercarle los escándalos de corrupción. El entonces presidente cántrabro se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la recien renovada dirección del PP, con Aznar al frente y Cascos de brazo ejecutor. La gota que colmó el vaso de la paciencia del PP fueron unas declaraciones de Hormaechea una noche en un bar de Santander en las que -bajo los efectos del alcohol- descalificó a Aznar llamándole «charlotín» y dijo que no se fiaba de «un hombre que sólo se acuesta con su mujer». Además, realizó comentarios groseros sobre Isabel Tocino, entonces diputada por Cantabria.
El PP rompió con Hormaechea y pactó con el PSOE una moción de censura para formar un Gobierno de gestión. Sin embargo, a pesar de los escándalos de corrupción y de su incontinencia verbal, Hormaechea rompió el PP de Cantabria y se presentó a las elecciones autonómicas con su propio partidodel 91, Unión Para el Progreso de Cantabria (UPCA) donde dejó al PP en minoría. Posteriormente, los populares le apoyaron para formar un nuevo Gobierno de coalición UPCA-PP. Sin embargo, los conflictos con la dirección popular nacional continuaron hasta que en 1992 fue expulsado definitivamente del PP. Posteriormente, siendo aún presidente, en 1994, fue juzgado y condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Días después presentó su dimisión, aunque sólo de boquilla, ya que continuó en el puesto -por ausencia de alternativa- hasta los comicios de 1995, a los que intentó presentarse aunque la Junta Electoral se lo impidió. Ahí acabó su polémica carrera política.
Durante los años en los que duró el culebrón protagonizado por Juan Hormaechea, hubo numerosos debates en los órganos de dirección acerca de si romper o no con él. Hay que advertir que la Presidencia de Cantabria era una de las pocas autonomías que entonces gobernaba el PP, por lo que las voces más pragmáticas apostaban por no romper con él, a pesar de lo cual tanto Cascos como Aznar optaron por la ruptura no sólo por los escándalos de corrupción, sino también por su conducta indisciplinada y prepotente con los máximos dirigentes del PP.
Mariano Rajoy tiene una forma muy diferente de dirigir el PP, por lo que ha permitido a Francisco Camps mantenerse en su puesto, a pesar de las escandalosas revelaciones de las escuchas del caso Gürtel y de la imputación por cohecho impropio. La única víctima cuyo sacrificio exigió Rajoy fue Ricardo Costa, que perdió su puesto de secretario general del PP valenciano aunque sigue como diputado