EDITORIALES: Una reforma que fortalece a la Nación

Una reforma que fortalece a la Nación

EN UNA escena inédita en esta legislatura que está a punto de terminar, los portavoces del PSOE y el PP registraron ayer en el Congreso una propuesta conjunta para reformar el artículo 135 de la Constitución con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria. Socialistas y populares se felicitaron por un acuerdo que sitúa a España a la vanguardia de la nueva política económica europea y obliga a Gobierno, comunidades y ayuntamientos a una disciplina de gasto imprescindible después de los excesos de los últimos años. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó con acierto la importancia política del pacto, que «marca un consenso clave en una de las principales reformas estructurales que necesita la economía española». La disciplina y la austeridad, pues, ya no estarán al albur de la decisión de los gobiernos, sino que serán una obligación constitucional. De haber existido este criterio, se hubieran evitado muchos de los problemas que ahora están aflorando con la crisis. Por ejemplo, los farmaceúticos de Castilla-La Mancha cobrarían lo que se les debe y no surgirían por sorpresa unos gastos extra de más 1.000 millones por parte del Estado.

Hay un aspecto del texto, sin embargo, que no debe pasar inadvertido porque es de gran trascendencia para frenar la deriva del Estado autonómico, ya que vuelve al sentido común de situar a la Nación por encima de cada una de sus partes. En efecto, en los seis puntos de los que constará el nuevo artículo 135 de la Constitución se cita en varias ocasiones a las «Comunidades Autónomas», como sujeto de obligaciones «para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias». Es un paso de gran importancia histórica, ya que en el texto constitucional de 1978 las comunidades aún no existían en su actual configuración y por tanto tampoco se les imponía límite alguno, ni se les corresponsabilizaba de forma expresa de las obligaciones del Estado.

Un segundo aspecto de la reforma es que ella supone reforzar el principio de igualdad ante la ley de los españoles, vivan donde vivan, no siempre respetado. Según subraya hoy en EL MUNDO el catedrático Jorge de Esteban, del nuevo artículo se desprende una consecuencia de infinito valor: todas las Comunidades Autónomas son iguales, puesto que la estabilidad presupuestaria es un requisito que se les impone a todas por igual. Puede ser sin duda un primer paso para otros cambios que profundicen en este fortalecimiento de la Nación. Por ejemplo, el establecimiento de competencias exclusivas que el Estado no puede ceder, ya que las comunidades han ido expandiendo su poder en una deriva de carácter casi confederal. En este sentido, resulta muy significativo que el líder del PNV, Iñigo Urkullu, haya puesto el grito en el cielo considerando que la reforma afecta al «autogobierno vasco». También Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU, criticó el cambio, aunque con más mesura.

Hasta ahora, la corresponsabilidad fiscal de las comunidades ha brillado por su ausencia, hasta el punto de que una de las causas fundamentales de la desconfianza en la economía española es, precisamente, el abultado déficit en el que han incurrido los gobiernos autonómicos. La imposición de medidas de equilibrio presupuestario a las comunidades era un compromiso muy firme del PP, asumido a regañadientes por Zapatero para que cada uno de los parlamentos autonómicos legislara sobre el particular. A partir de esta reforma, que establecerá mecanismos que sancionarán a los incumplidores, las comunidades no tendrán más remedio que ceñirse a la disciplina fiscal del Estado

Críticas unánimes al Gobierno por sus nuevas medidas laborales

27/08/2011

Una iniciativa chapucera que legitima la precariedad en la contratación

POCO después de abandonar el Gobierno, estigmatizado por las desorbitadas cifras de paro, Rubalcaba afirmó que sabía cómo crear puestos de trabajo. Lástima que el candidato socialista no compartiera el secreto con sus ex compañeros en Moncloa. El Ejecutivo, desesperado porque el inminente fin de la temporada turística amenaza con remontar la tasa de desempleo, aprobó ayer su segunda reforma laboral en un año, suscitando aceradas críticas tanto de patronal como de sindicatos. Los empresarios lamentan que la oportunidad perdida para flexibilizar el trabajo a tiempo parcial; CCOO y UGT sostienen que sólo una mayor precariedad laboral puede surgir de los nuevos incentivos: eliminación del tope de dos años para encadenar contratos temporales y ampliación a 30 años del límite de edad para los trabajos de formación. Estas iniciativas tendrán sólo dos años de vigencia, lo que evidencia que son un mero apaño. El propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que «el Gobierno prefiere un empleado temporal a un parado», confirmando que el Ejecutivo está más preocupado por maquillar la estadística que por reforzar la estabilidad laboral. Sus parches improvisados vienen a legitimar la precariedad, y no serían necesarios si hace un año Zapatero hubiese abordado la reforma laboral con valentía para dinamizar el mercado simplificando las modalidades de contratación. En lugar de eso sembró vientos y ahora quiere capear la tempestad con un paraguas de segunda mano

Cae un 50% y un 23% en dos días

27/08/2011

La CAM paga su ruinosa gestión

LAS CUOTAS participativas de la CAM continuaron ayer con su desplome en Bolsa, cayendo casi un 23% sólo un día después de haber perdido la mitad de su valor en un auténtico jueves negro para la caja, que lidera las pérdidas anuales del selectivo español con un retroceso del 81,26%. El hundimiento de los títulos, que ha atrapado a miles de clientes -la mayoría pequeños ahorradores-, se precipitó después de que el Frob desmontase el miércoles una maniobra financiera ejecutada por la cúpula de la caja horas antes de ser intervenida por el Banco de España. La artimaña, consistente en recomprar las cuotas a un precio superior al de mercado, permitía a los administradores lavarse las manos ante los accionistas. Su conducta debería ser perseguida y convenientemente castigada por la Justicia

Afecta al Derecho a la Información

27/08/2011

Pulso entre las radios y la Liga

AHORA que la desconvocatoria de la huelga de futbolistas ha dado luz verde al comienzo de la Liga, otro conflicto amenaza con impedir el acceso de los periodistas radiofónicos a los campos para narrar en directo la jornada en los respectivos carruseles. La Liga de Fútbol Profesional pretende imponer un canon a las emisoras. Las radios consideran, con buen criterio, que la prohibición de acceder a los estadios atenta contra el Derecho a la Información de los ciudadanos. En todo caso, la Liga debería aplicar a las radios el mismo criterio que a las televisiones. Sólo debe negociarse un canon si las emisoras pueden obtener un beneficio comercial por la retransmisión de un partido concreto. Pero sería inadmisible que los periodistas no pudieran acceder al campo para informar sobre los partidos

NUEVO HAZMERREÍR DE RUBALCABA: Se demuestra que no es cierto que tenga fórmula para crear empleo

B. P. RAMÍREZ / Madrid

27/08/2011

El ministro sindicalista se resigna: 'Es mejor la temporalidad que el paro'

El Gobierno ha tirado la toalla, se conforma con que la crisis no destruya más empleo. Y, si se crea, le resulta indiferente que sea eventual o fijo. «Preferimos un contrato temporal a un parado», fue el argumento que dio ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para justificar la supresión del límite que desde 2006 impide a las empresas encadenar contratos temporales durante más de dos años.

«Ahora gastamos el triple en desempleo que antes de la crisis», explicó Gómez tras el Consejo de Ministros que aprobó el decreto de medidas urgentes para la promoción del empleo juvenil y el fomento de la estabilidad laboral. En vista de ese excepcional y peligroso aumento del gasto, el Ejecutivo prefiere, dijo, «que no se destruya empleo, aunque sea temporal».

En cualquier caso, el ministro se esforzó por dejar claro que el límite fijado en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores «se suspende, durante dos años, pero no se anula». «La regla sigue en el Estatuto», precisó, «y se reinstaurará su funcionamiento» una vez superada la crisis. Según explicó, forzar al empresario a hacer fijo a un empleado temporal al cabo de dos años -una medida adoptada en la fase de crecimiento económico, resaltó Gómez- está teniendo el efecto indeseado, por culpa de la pésima coyuntura, de que el trabajador es automáticamente despedido. «Esa limitación está obstaculizando el mantenimiento del empleo en las empresas», argumentó.

La respuesta inmediata de los sindicatos fue acusar al Gobierno de haber «legalizado el fraude en la contratación» y renunciado a combatir la contratación temporal «abusiva». A juicio de CCOO, la medida condena a la «indefensión» a miles de trabajadores que tienen contratos temporales sin causa. UGT advierte de que sólo traerá «empleo de mala calidad y con menos derechos».

El ministro de Trabajo justificó también ayer que el decreto no haya tocado el contrato a tiempo parcial, pese a que su reforma figuraba en la agenda de las conversaciones que ha mantenido desde mayo con los sindicatos y la patronal. «Está funcionando aceptablemente en la crisis, con un aumento del 8%: tenemos el doble de estos empleos que hace ocho años», aseguró. De ahí que el Gobierno haya decidido «concentrar sus esfuerzos» en la lucha contra el paro juvenil, ofreciendo un nuevo contrato de formación que tampoco ha contentado ni a la CEOE ni a los sindicatos. La intención es imitar el modelo dual alemán, que compagina el trabajo en una empresa y la formación en un centro educativo. Sin embargo, la patronal replicó que la nueva figura no sólo está «lejos» de la formación profesional germana sino que, además, «introduce rigideces que van a dificultar su utilización por las empresas». Para el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, extender este tipo de contrato hasta los 30 años es «el paraíso de los empresarios» pero el «infierno de los jóvenes», informa Efe. Mientras que el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, que criticó el decreto por su elaboración «improvisada y descoordinada», desconfió directamente de la eficacia de las medidas para crear empleo.

La reforma aprobada ayer supone otro motivo de enfrentamiento con UGT y CCOO, que reprochan al Gobierno lo que interpretan como «un nuevo ataque al diálogo social y una total falta de respeto a los interlocutores sociales». Poco antes, Valeriano Gómez presumía ante los periodistas de la «relación sistemática y estrecha de lealtad mutua» que Trabajo ha mantenido con sindicatos y empresarios, informándoles de todas las medidas que pensaba adoptar. Después, tras la rueda de prensa, el ministro reconoció que a la Mesa de Empleo, donde se debatieron los temas objeto del decreto, no le queda mucho recorrido. Ignacio Fernández Toxo ya advirtió ayer al Gobierno de que «se está ganando a pulso» el conflicto social.

Urgencia contra el paro juvenil

>El decreto de medidas urgentes suspende durante dos años el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que convertía en indefinidos a quienes encadenaran dos o más contratos temporales durante dos años, en un periodo de 30 meses.

>Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo para convertir -y disfrutar de bonificaciones- contratos temporales en indefinidos de fomento del empleo -con 33 días por año de indemnización por despido-.

>El Gobierno crea un nuevo contrato de formación y aprendizaje para mayores de 16 años y menores de 25 que no tengan título de ESO ni cualificación profesional. Durante los dos próximos años también se podrá ofrecer a menores de 30 con esas mismas características. El sueldo lo fijará el convenio, pero nunca será inferior al Salario Mínimo Interprofesional. El 75% de la jornada trabajarán en una empresa, y el 25% restante se formarán en un centro educativo. La duración mínima del contrato es un año y la máxima, dos, prorrogables a tres.

>El programa Prepara se prorroga seis meses. Los parados cobran 400 euros si agotan el resto de las prestaciones y participan en planes de inserción laboral.

>El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará ocho días de indemnización en los despidos procedentes hasta el 31 de diciembre de 2013. Entonces se creará el llamado 'fondo austriaco' o de capitalización del despido.

>Además, en un plazo de seis meses, el Fogasa se integrará en el Servicio Público de Empleo Estatal

OORBYT.es

>Vea el análisis de B. P. Ramírez sobre los nuevos contratos

FLORENTINO FELGUEROSO

27/08/2011

La política del parche

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo paquete de medidas laborales. Se suman a las ya innumerables medidas «urgentes» destinadas aliviar un mercado de trabajo en la UVI. No consisten en tratamientos de shock, reformas básicas que nos permitan reflotar y vislumbrar un crecimiento sostenible. Estas reformas sólo cabe ya esperar que se concreten en la próxima legislatura. Mientras, se van aprobando parches, políticas de corto alcance, de una eficacia dudosa.

Esta vez, la ocurrencia consiste en eliminar los límites al encadenamiento de contratos temporales. Marcha atrás del propio equipo que los impulsó hace un lustro. Con ello, simplemente, se postergará la decisión de mantener o no centenares de miles de relaciones laborales con la conversión de los contratos temporales en indefinidos. Supone un giro inédito en las políticas de lucha contra la dualidad laboral seguida en las dos últimas décadas. Se tira la toalla en lugar de coger el toro por los cuernos, limitando el problema, con una solución más sensata que ya sólo se puede pedir a gritos: un contrato único con indemnizaciones crecientes con la antigüedad. Lo peor: sin una limitación en el número de contratos temporales se incentivan los despidos temporales, las entradas y salidas del paro y el empleo, y, con ello, se amplifican los abusos de un sistema de prestaciones por desempleo más maltrecho que nunca. Es una medida temporal, para dos años. Pero, con ella, se condiciona la efectividad de una reforma laboral que se emprendiese al inicio de la próxima legislatura. Adicionalmente, tenemos que dudar de su eficacia en el corto plazo. Se pretende evitar que la decisión de no renovación se complete con una amortización del puesto de trabajo. Sin embargo, y a pesar de toda la batería de medidas incluidas en la última reforma laboral, lo que está caracterizando esta segunda etapa de la recesión es la falta de incentivos para la contratación indefinida y, sobre todo, el estancamiento en la tasa de contratación, más que la amortización de empleos que caracterizó la primera etapa.

Tampoco parece justificada la extensión del periodo de rebajas de los costes de despido con el uso del Fogasa. Era ésta una solución transitoria hasta que entrase en funcionamiento el fondo de capitalización a la austriaca. El Gobierno también ha tirado la toalla aquí, dejando en marcha una medida que fomenta el gorroneo, por lo que unas empresas subvencionan a otras con mayor tendencia al despido. Se amplía la edad límite para disfrutar de contratos de formación hasta los 30 años, pero no se avanza de forma decisiva en la reforma educativa para que las próximas generaciones dejen de abandonar el sistema educativo sin una mínima formación profesional. Se prorroga el plan Prepara, para que unos cuantos parados sigan recibiendo una remuneración a cambio de seguir un itinerario de inserción laboral y buscar activamente empleo, sin avances reales en la reforma de las políticas activas.

En fin, nuevos pases para el baile de fin de curso, con tal de evitar las reformas básicas ya en manos del próximo Gobierno. ¡Cuánto tiempo perdido!

Florentino Felgueroso es profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea

LA REFORMA CONSTITUCIONAL de la que se burló hace un año el hazmerreír de Rubalcaba

MANUEL MARRACO / Madrid

27/08/2011

PP y PSOE someten las autonomías a la disciplina fiscal del Estado

La reforma constitucional las corresponsabiliza con el objetivo de déficit y establece mecanismos de sanción si no lo cumplen
La nueva normativa atañe también al País Vasco y a Navarra al no hacer mención al 'régimen especial' de ambas
Urkullu (PNV) dice que «afecta al autogobierno vasco» y pide la convocatoria urgente de la Comisión Mixta del Concierto

La propuesta de reforma constitucional registrada ayer por la mañana en el Congreso de manera conjunta por PSOE y PP supone el sometimiento expreso a la disciplina presupuestaria para las 17 comunidades autónomas. El nuevo artículo 135 trata a todas las autonomías por igual. No escapan ni País Vasco ni Navarra, pese al régimen económico especial que disfrutan. Representantes de los dos partidos que han impulsado el acuerdo resaltaron ayer que una de sus facetas más relevantes es la instauración de la «corresponsabilidad» de las comunidades autónomas en el compromiso de estabilidad presupuestaria.

Lo que de limitación a la autonomía de las comunidades supone la reforma quedó reflejado ayer tanto en las quejas de éstas como en las opiniones de algunos destacados juristas y economistas. Sobre el último punto del nuevo artículo, el que establece que las comunidades autónomas «adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias» es particularmente rotundo Jesús Fernández Villaverde, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y codirector de la Cátedra Fedea-Caja Madrid: «Es un palazo espectacular a las comunidades autónomas, que van a tener que poner su casa fiscal en orden a marchas forzadas».

Desde el ámbito más jurídico, el ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga explica que «inevitablemente, una limitación económica de ese tipo, tanto para las comunidades como para el Estado, supone una limitación de soberanía», por la que «con toda seguridad» nacionalistas mostrarán su desacuerdo.

Ayer mismo, el líder del PNV, Iñigo Urkullu, exigió al lehendakari, Patxi López, una convocatoria «inmediata» de la Comisión Mixta del Concierto Vasco, puesto que a su juicio la reforma pactada por PP y PSOE «afecta» al autogobierno y a sus «competencias propias», así como «a la definición de cuáles son las políticas económicas y fiscales». «Nuestras instituciones tienen una responsabilidad directa ante esta materia», afirmó Urkullu.

Desde CiU, Josep Antoni Duran Lleida consideró que, en lugar de una reforma constitucional, lo correcto hubiera sido que fueran los propios parlamentos autonómicos los que aprobasen los límites a la deuda y déficit públicos que les correspondan. Duran Lleida añadió que la reforma sólo será «aceptable» para CiU en caso de que «dé margen a las comunidades autónomas y mantenga su autonomía financiera».

La mera lectura del nuevo artículo 135 muestra claramente cómo se ha implicado en el control del déficit y la deuda a las comunidades. Mientras que la redacción aún vigente sólo menciona al Gobierno central, la nueva arranca, en su primer punto, afirmando que «todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria». El segundo vuelve a empezar emparejando los compromisos: «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros». Y el tercero establece la obligación de que la emisión de deuda y el compromiso de crédito por parte de las comunidades estén autorizados por ley. La obligación ya existía, pero se ha aprovechado la reforma para darle rango constitucional.

El futuro artículo 135 también establece, en su extensa redacción, que una ley orgánica regulará «la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria», lo que apunta a posibles sanciones para las comunidades y ayuntamientos díscolos.

Fuentes de los equipos negociadores explican lo que no podrá suceder con la entrada en vigor de la nueva regulación. Por ejemplo, que una autonomía presente un presupuesto claramente desequilibrado. Hacerlo supondría vulnerar la Constitución y, por lo tanto, el asunto se podría llevar a la Justicia y acabar con un presupuesto declarado nulo.

Las mismas fuentes resaltan que la prohibición no se limita a la elaboración de un presupuesto con déficit, sino también a su ejecución. Es decir, si con el paso de los meses se observa que no se cumple lo previsto, será necesario modificar el presupuesto. El método para hacerlo, como gran parte del desarrollo de lo que se va a incorporar a la Constitución, también deberá recogerse en esa ley orgánica antes de junio del año próximo. Esa ley recogerá la creación de «órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas», dentro del cual se negociará, por ejemplo, cómo se reparte la deuda entre las tres administraciones.

En términos generales, el acuerdo da de plazo hasta 2020 para que se haya rebajado la deuda del conjunto de las administraciones públicas (Estado, CCAA y Ayuntamientos ) hasta un máximo del 60% del PIB. Y para que el total de déficit estructural -el ajeno a circunstancias coyunturales del ciclo económico- no pase del 0,4% (el 0,26% el Estado y el 0,14% las comunidades). Ambos objetivos deberán ser alcanzados, como tarde, ese año 2020, y a partir de entonces no podrán ser superados.

Las limitaciones podrán obviarse en casos excepcionales como «catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria».

En una rueda de prensa ofrecida tras la presentación de la propuesta, del PP sólo salieron parabienes para una reforma con ventajas en lo económico, en lo social y en lo político. En lo económico porque devolverá a España la necesitada confianza de los mercados; en lo social porque garantizará las políticas sociales frente al riesgo del descontrol presupuestario -«ponemos a salvo el Estado de Bienestar», llegó a decir Soraya Sáez de Santamaría-; y en lo político porque muestra a los dos grandes partidos llegando a un consenso en una de las reformas estructurales más necesarias.

Respecto al alcance de las modificaciones que puedan introducirse a petición de, por ejemplo, PNV y CiU, la portavoz popular no fue muy generosa. «Hemos llegado a un principio de acuerdo que hay que preservar».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Lucía Méndez sobre la reforma

M. T. C. / Barcelona

27/08/2011

CiU y PSC quieren que decida el 'Parlament'

Ambos preferirían que los límites de déficit se crearan sin tocar la Carta Magna

La reforma de la Constitución se ha planteado con prisas y contra la autonomía financiera de Cataluña. Estos son los dos únicos aspectos en que coinciden las fuerzas mayoritarias, CiU y PSC, al entrar a valorar el pacto cerrado entre PSOE y PP para cambiar la Carta Magna. Unos y otros asumen con una cierta resignación que la reforma tire adelante y se muestran satisfechos de que las cifras límite del déficit se concreten en una posterior ley orgánica. Convergentes y socialistas catalanes abogan porque sea el Parlament de Cataluña quien fije el tope de déficit y mantener así la autonomía financiera revisada con la polémica reforma del Estatut.

Donde sí son opuestos los posicionamientos es en la participación ciudadana en un posible referéndum. Mientras el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, lanzó ayer una propuesta para que la consulta coincida con las elecciones generales, el próximo 20 de noviembre, el líder del PSC en el Parlament, Joaquim Nadal, avisó de que es «difícilmente compatible» el proceso de reforma diseñado por socialistas y populares con la celebración de un referéndum para que los ciudadanos avalen los cambios.

Duran Lleida, en la carta que cada semana dirige a la militancia de UDC a través de la web de su partido, se cuestionaba una serie de aspectos de la reforma. Duran se preguntaba ayer: «¿No podrían ser las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos los que crearan por ley estos límites [de déficit] sin tocar la Constitución? ¿No hay otros aspectos más importantes y necesarios de cara a una reforma constitucional? ¿Tiene sentido, por ejemplo, continuar con el Senado en los términos actuales? ¿O sólo tenemos que hacer lo que nos piden los mercados y los de fuera? ¿Y lo que nos pide la gente del país?». Y, de estas reflexiones, la solicitud de un referéndum y la advertencia al presidente Zapatero de que en el debate en las Cortes dejó claro que la reforma incluiría mucha flexibilidad y que ahora la formación convergente apoyará o no la reforma en función de la misma. «Si la flexibilidad da margen a las comunidades autónomas y mantiene su autonomía financiera, puede ser aceptable, ya lo veremos, pero si no la mantiene, no lo será», advirtió Duran.

Cabe destacar que, según lo pactado por PSOE y PP, si el límite de déficit para las comunidades se instala en el 0,14% a partir del 2020, el margen de endeudamiento de las autonomías dista mucho de lo acordado en junio pasado entre el Ministerio de Economía y Hacienda y los consejeros de Economía de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que se determinó que los objetivos de déficit evolucionarían desde el 1,3% de 2012 al 1,1% de 2013 y al 1% de 2014.

La incertidumbre también reina en el seno del socialismo catalán. Los máximos dirigentes del PSC, al ser preguntados por la posición que tomará la formación, se remiten a la reunión que mantendrá la ejecutiva del partido el lunes por la mañana, a la par con el debate que habrá en la Ejecutiva Federal del PSOE en vísperas a la celebración del Pleno del próximo martes. La ejecutiva de PSC se adivina tensa entre militantes partidarios y contrarios a las políticas del presidente Zapatero, y más aún cuando la misma formación catalana está inmersa en una profunda redefinición, después del varapalo recibido en las últimas elecciones municipales.

Respecto a la reforma constitucional, Joaquim Nadal argumentó que no se pueden pronunciar taxativamente hasta saberse «el detalle total del acuerdo y los detalles de la negociación con los otros partidos». Nadal dijo entender las circunstancias que han llevado a tomar la decisión para reformar la Constitución, en línea con lo expresado por el primer secretario del PSC, el ex presidente de la Generalitat, José Montilla, pero alertó de que el método para controlar el déficit se hubiera podido establecer «perfectamente» al margen de la Constitución.

Más contundente fue el también socialista Àngel Ros, alcalde de Lérida y uno de los dirigentes de la formación con opciones a liderar el PSC después del congreso que se hará en diciembre, quien admitió su preocupación sobre los límites al autogobierno catalán

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

27/08/2011

Blanco: «No me consta que haya carta del BCE»

Después de cuatro días, el portavoz del Gobierno sigue sin responder al PP

El portavoz del Gobierno, José Blanco despachó ayer el ya famoso asunto de la carta supuestamente enviada por el Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno con un «no tengo constancia de que haya existido». Cuatro días después de que el líder del PP, Mariano Rajoy, preguntase al presidente Zapatero si el BCE le había remitido una misiva con las exigencias a nuestro país para responder de los 1.500 millones de euros en bonos adquiridos por esta institución europea, el portavoz del Ejecutivo no pudo decir 'no la hemos recibido'. Dijo «no tengo constancia» y, así, en caso de existir, se libraba de detallar su contenido, sea cual fuere, tal como la oposición ha reclamado reiteradamente durante toda la semana.

Sin embargo, Blanco tuvo tiempo de informarse sobre los datos que sostienen la tesis gubernamental de que el Ejecutivo toma sus decisiones de forma autónoma. «Sí tengo constancia», afirmó, «de que en ninguna de las múltiples conversaciones entre el presidente, la vicepresidenta Salgado y las instituciones europeas, se planteó por parte del BCE una reforma de la Constitución».

Lo cierto es que el portavoz tenía ayer una misión relativamente difícil. Blanco se apresuró a valorar el acuerdo político alcanzado durante la madrugada entre el PSOE y el PP «para incluir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria» y del que quiso resaltar -después del espectáculo parlamentario del martes en el que Rajoy recordó que llevaba dos años pidiéndolo-, que la «iniciativa» había sido del presidente del Gobierno.

Según manifestó, el Ejecutivo está «muy satisfecho del alcance y los términos» de una reforma «buena» para «afianzar la confianza en la economía española». Y felicitó «a quienes han dirigido y han contribuido a alcanzar este proyecto».

Pero a partir de ahí tuvo que andarse con pies de plomo para definir exactamente las aportaciones realizadas durante estos días por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien su entorno había atribuido un papel estelar. Por que, en realidad, los mayores escollos con los que se encontró la reforma constitucional no fueron entre el PSOE y el PP, sino entre una parte de los socialistas y el Ejecutivo.

Primero, porque el candidato del PSOE se había mostrado abiertamente contrario a la inclusión de la regulación del gasto en la Constitución y, después, porque el logro de Rubalcaba de no incluir porcentajes en la redacción del acuerdo para aumentar la «flexibilidad» era una victoria sobre la propia vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado. Fue ella la única que se refirió el miércoles a la posibilidad de incluir en la reforma un déficit tope de 0,35% del PIB, recordando el ejemplo alemán.

«El de Rubalcaba es el papel que corresponde al líder del PSOE, que es fijar la orientación y el contenido de las posiciones del PSOE», como Rajoy con el PP, aseguró Blanco. ¿Significa esto que el Ejecutivo dulcificó su posición inicial para suavizar las discrepancias entre los miembros de su partido? El portavoz eludió referirse a este problema interno y se cuidó mucho de dar pábulo a quienes interpreten que las diferencias en su partido han condicionado el resultado de un acuerdo de Estado. «El acuerdo ya no es ni del PSOE ni del PP», zanjó, «se ha buscado una fórmula inteligente de hacer convivir los principios más concretos; es un acuerdo positivo»

Á. E. / Madrid

27/08/2011

Díez: «Provoca incertidumbre e inseguridad jurídica»

La diputada de UPyD, Rosa Díez, manifestó ayer su convicción de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden ser sometidos a la disciplina presupuestaria del Estado sin necesidad de reformar la Constitución, tal como demuestra una sentencia del TC difundida el pasado mes de julio. «El principio de interés general permite establecer esta disciplina y sancionar a quienes no la cumplan. Esta reforma a mí me produce mayor incertidumbre y mayor inseguridad jurídica. Da la sensación de que tiene que haber una ley orgánica para meter a las entidades autonómicas en cintura y que hasta que no exista no se puede hacer nada», argumentó.

Díez aseguró que a ella le produce mucho más «miedo» saber que los dos grupos pueden cambiar la Constitución en 48 horas. «Si esto tiene como objetivo dar tranquilidad, yo estaría mucho más preocupada», insistió alegando además que desde este momento hasta 2020, «largo lo están fiando» PP y PSOE porque podrían «reformar 20 veces lo que ahora han aprobado». La representante de UPyD añadió que para reiterar nuestro compromiso con los criterios europeos, está Maastrich «y no recuerdo que nos hayamos salido» y destacó que Alemania, para hacer lo mismo, «necesitó un debate de tres años largo, abierto y transparente»

Reforma sin referéndum

Con motivo de la propuesta de reforma de la Constitución ha rebrotado entre nosotros la vieja tesis de Sieyès, autor a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Según este famoso abate, no es admisible una transferencia del poder constituyente por parte de la Nación, o sea que ni en los textos constitucionales deben establecerse procedimientos en los que no participe una expresión clara de la voluntad nacional, mediante el referéndum. No es que los adversarios españoles de la reforma hayan conocido la teoría de Sieyès, pero a veces se defiende algo sin saber que otros, mucho tiempo atrás, dijeron lo mismo. La Constitución francesa de 1791, en su artículo 1º del título VII, no admite una reforma sin referéndum. Pero a lo largo de los últimos dos siglos se ha ido elaborando la teoría del llamado «paralelismo de las formas», defendida entre otros por Rousseau, que considera la transferencia del poder constituyente con unos trámites en los que no aparece el referéndum./ SECONDAT

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MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

27/08/2011

Rubalcaba toca a rebato

Convoca el lunes a la Ejecutiva, a los barones y a los diputados para cerrar filas

Alfredo Pérez Rubalcaba, como máximo responsable del PSOE, según se autoproclamó, y «líder del PSOE», como desde la portavocía del Consejo de Ministros lo ratificó Blanco, defendió ayer la necesidad de la reforma constitucional pactada por el PP y mostró su convencimiento de que su partido la entenderá.

Para ello, el candidato socialista a tocado a rebato convocando para el mismo lunes una maratoniana jornada con todos los poderes orgánicos del PSOE a fin de llegar con una postura lo más unánime posible al pleno del Congreso del próximo martes.

Así, el día 29 habrá Ejecutiva Federal del partido que todavía presidirá de oficio José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la Ejecutiva, a primera hora de la tarde, Alfredo Pérez Rubalcaba se reunirá con todos los barones en la sede socialista de Ferraz para explicar la reforma constitucional y apaciguar los ánimos internos, levantados en buena parte por las declaraciones de los dirigentes territoriales del PSOE.

Y, por último, a última hora de la tarde, el candidato mantendrá otra reunión con diputados y senadores, al objeto de que se pueda conseguir un apoyo unánime a la reforma cuando se someta a votación en el pleno, o que los votos en contra o las abstenciones sean anecdóticos.

Fuentes de la dirección del PSOE aseguran que, tras conocerse bien el acuerdo alcanzado, con las modificaciones que se han hecho, ha bajado mucho el tono de la crítica interna en las filas socialistas, por lo que se espera que con las explicaciones de Rubalcaba en los distintos ámbitos del partido, se cierre definitivamente la brecha que se había abierto internamente.

De hecho, el propio Rubalcaba reconoció ayer hasta en dos ocasiones que él mismo tuvo «reticencias» con esta reforma constitucional, pero indicó que han desaparecido una vez que se ha concretado el acuerdo y en las formas en las que se ha hecho.

«Y estoy seguro de que cuando se lea el texto final, seguramente muchas de las reticencias que había ya habrán desaparecido y no existirán», afirmó.

Rubalcaba se esforzó en explicar que el texto aprobado, y el hecho de remitir las cifras a una Ley Orgánica y que no figuren en la Carta Magna, garantiza que sin renunciar al compromiso del déficit y la deuda, haya suficiente «flexibilidad» para mantener las políticas sociales en cualquier coyuntura económica.

Además rechazó reiteradamente que haya sido una cesión a la derecha, como mantienen algunos de sus compañeros. De hecho, Rubalcaba mantuvo que a quienes consideran que con esta modificación el PSOE ha cedido a los «axiomas del liberalismo» hay que recordarles que «cuando hay que pagar tantos intereses de la deuda no existen diferencias» entre la política económica de izquierdas y de derechas.

«Pido a los compañeros que hagan una reflexión porque no hay nada peor para la izquierda política que tener una deuda excesiva. Ese debate estoy dispuesto a mantenerlo con cualquiera porque me lo sé muy bien», añadió.

Rubalcaba, además, aseguró que el PSOE no se plantea en modo alguno someter la reforma a referéndum porque, según dijo, eso no se contempla en la Constitución.

Pese a los razonamientos de Rubalcaba, ayer siguieron las voces críticas en el PSOE.

Así, el diputado Antonio Gutiérrez afirmó en la Cadena Cope que la redacción final de la reforma de la Constitución para imponer la estabilidad presupuestaria es «peor de lo que cabía esperar», por lo que ha confirmado que votará en contra.

Por su parte, los diputados de Izquierda Socialista anunciaron que siguen siendo partidarios de que la reforma se someta a referéndum, aunque primero quieren hablar en el grupo parlamentario

M. S. / Madrid

27/08/2011

El candidato rescata a 'Txiki' Benegas

Le pidió acudir a la negociación de la reforma y está en el Comité de Estrategia

José María Benegas, el veterano dirigente socialista y ex secretario de Organización del PSOE, está empezando a convertirse en una pieza clave del equipo político del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Txiki Benegas, gran conocedor de la Constitución y reconocido experto en negociaciones, fue llamado por Rubalcaba para que se incorporara al equipo que debía pactar la reforma constitucional.

Según fuentes consultadas, Benegas se encontraba en Málaga y tenía algunos asuntos personales que atender, pero no dudó en viajar a Madrid el pasado miércoles para involucrarse de lleno en la negociación con el Partido Popular.

Benegas es vocal de la Comisión Constitucional y ejerce con mucha discreción su papel de diputado -aunque ha sido fundamental en algunas negociaciones legislativas y en importantes acuerdos con el PNV-, y parece que ahora Rubalcaba quiere aprovechar toda su experiencia política.

De hecho, según fuentes de la dirección socialista, el diputado vasco es miembro del Comité de Estrategia del candidato y sus opiniones son muy tenidas en cuenta por Rubalcaba.

Fuentes del PSOE apuntan a que la colaboración de Benegas con el proyecto de Rubalcaba es total, y a buen seguro que repetirá como diputado y que se implicará tanto en las elecciones generales del próximo 20-N, como en la situación política en la que quede el PSOE tras el paso por las urnas

P&R

FRANCISCO PASCUAL / Madrid

27/08/2011

Recuperar crédito a toda costa

Más que mejorar el empleo o el crecimiento económico, con la histórica modificación constitucional se persigue restaurar la imagen exterior de España ante los mercados. Si se aplica bien, proporcionará un saneamiento duradero de las cuentas públicas.

¿Qué efectos va a tener la modificación de la Constitución a corto plazo sobre la economía?

Debe tener efectos positivos, aunque poco perceptibles. El blindaje constitucional del equilibrio fiscal traslada un mensaje a los acreedores de que España está dispuesta a hacer lo necesario para cumplir con sus obligaciones de pago. De momento, dará una buena excusa al BCE para que siga comprando deuda española, lo que contendrá los costes de financiación. «Lo hemos hecho antes de que el Parlamento francés lo empiece a discutir (...) Se traslada la presión sobre Italia; España ya no es la siguiente de la lista», valora José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Llama la atención que en la redacción del artículo 3 se haya detallado que el pago de la deuda «gozará de prioridad absoluta», lo cual es una obviedad que pretende reforzar la idea de que jamás se incurrirá en un impago.

¿Despeja todas las dudas sobre la economía española?

Rotundamente, no. Al fin y al cabo, se trata de dar rango constitucional a la política económica que ya estaba desarrollando España desde junio bajo la tutela del BCE y Alemania. Pero nada más. A ello se une el hecho de que no se conocerá el alcance real de la modificación hasta que se desarrolle la ley orgánica, lo que «resta nivel de compromiso» hacia los inversores, recuerda el catedrático y director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez.

¿Por qué habla de no incurrir en «déficit estructural»?

Es la base de la reforma. El déficit estructural se calcula eliminando los efectos de los ciclos económicos. El desequilibrio que sufre España es descomunal porque en la época de expansión económica los ingresos se incrementaron mucho, pero los gastos también, y casi siempre sin justificación. Cuando se vino abajo la estructura de ingresos, a los gastos consolidados hubo que sumarles los costes del elevado desempleo. Limitando el déficit estructural se contendrán los gastos en épocas de vacas gordas. Esto fomentará un ahorro que podrá ser empleado cuando llegue una crisis. La limitación de la deuda pública al 60% del PIB no debe ofrecer muchas dificultades, ya que España no está demasiado endeudada y el periodo de aplicación de la normativa es amplio (hasta 2020).

¿Dónde pone el acento la política de contención de déficit?

«El déficit estructural y la desviación de objetivos están en las comunidades autónomas», explica José Carlos Díez. La relación entre ingresos y gastos de las regiones no tiene ningún sentido. Las autonomías tienen estructuras de gastos adaptadas a los ingentes ingresos derivados de la burbuja inmobiliaria. Y el Estado no tiene suficiente fuerza para embridarlas. La modificación constitucional ataca estas carencias en el punto 6, donde establece que las comunidades «adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad».

El catedrático Jesús Fernández Villaverde califica este artículo de «palazo a las autonomías, que van a tener que poner a marchas forzadas su casa en orden». No es para menos. La ley orgánica les fija un déficit estructural máximo del 0,14%, lo que les obliga a casar sus ingresos con sus gastos. Además, se supone que les resta poder para endeudarse.

¿Qué pasará si no cumplen?

Más vale que quede bien definido en el desarrollo de la ley orgánica, porque si no, la reforma perderá todo el sentido. Pablo Vázquez considera «una pena» que en el articulado no estén explicitadas las sanciones. Él propone que la Unión Europea pueda actuar directamente contra la comunidad infractora, y no contra el país en general. Hay otros economistas que apuestan por castigar a la región incumplidora con subidas en el IRPF o con recortes en los salarios públicos.

¿La reforma sirve para volver al crecimiento y para crear más empleo?

No a corto plazo. Las políticas de restricción del déficit tienen un primer efecto de desaceleración económica y, en muchos casos, de aumento del paro. Sin embargo, como explica Díez, «España no puede hacer otra política».

¿Y a largo plazo?

Unas cuentas públicas saneadas son sinónimo de economía sostenible, o sea que si España logra la disciplina fiscal que persigue la modificación constitucional, tiene un buen futuro a medio plazo. Además, si los mercados se convencen de la capacidad de pago del Estado y vuelven los inversores, los tipos de interés y la capacidad de financiación de las empresas mejorarán, el crédito será más accesible y ello conducirá al crecimiento económico y al empleo. Sin embargo, la dimensión de la crisis actual no permite ser demasiado optimistas

Madrid

27/08/2011

IU, UGT, CCOO y 15-M, en contra

Anuncian movilizaciones por toda España frente a la reforma constitucional

Izquierda Unida (IU), CCOO, UGT y el Movimiento 15-M están preparando concentraciones en toda España a partir del próximo domingo para rechazar la reforma constitucional, que comenzará a debatirse en el pleno extraordinario del Congreso el martes 30, y para solicitar, en el caso de sea finalmente aprobada por las Cortes, la celebración de un referéndum que le dé la oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre una cuestión que consideran fundamental.

La coalición IU liderada por Cayo Lara prepara movilizaciones en contra de esta reforma. De momento, ya hay convocadas por parte de IU protestas en Sevilla y en Zaragoza frente a las Delegaciones de Gobierno de ambas ciudades para el próximo día 30, coincidiendo con el inicio del debate parlamentario en la Cámara Baja sobre la reforma, aunque no se descartan nuevas citas.

Por su parte, Comisiones Obreras y UGT tienen previsto celebrar este lunes día 29 una reunión en la sede Confederal de CCOO con diferentes organizaciones sociales para estudiar respuestas concretas, si bien las centrales andaluzas de ambos sindicatos ya han convocado una concentración el próximo jueves 1 en las sedes provinciales de las subdelegaciones del Gobierno en cada provincia de Andalucía.

Los primeros en salir a la calle en diferentes ciudades del país para mostrar su rechazo al acuerdo entre el PSOE y el PP, serán los simpatizantes del 15-M durante la tarde del domingo.

Así, la vertiente madrileña de la plataforma ciudadana Democracia Real Ya (DRY) ha convocado una manifestación para ese día que saldrá a las 18.00 horas de Atocha con dirección a la Puerta del Sol y que será secundada, al menos, en Cádiz, Mérida, Albacete, Alicante, Vigo y San Sebastián.

Según los convocantes de DRY, el texto del artículo 135 de la Carta Magna resultante de la reforma es «muy próximo a intereses económicos neoliberales». «Les permitirá, bajo mandato constitucional, recortar en servicios sociales (educación, sanidad y seguridad social) cuando sea menester», denuncian.

«Desde Democracia Real Ya entendemos que esta reforma traerá gravísimas consecuencias para el futuro del Estado de Bienestar y un importantísimo impacto sobre la vida de los ciudadanos. No puede realizarse de espaldas a la ciudadanía. Por ello exigimos que las reforma constitucional sea llevada a referéndum. Este domingo saldremos a la calle, (#yoquierovotar), (#nosomosviolentos)», concluye la convocatoria.

Por su parte, los indignados de Mérida, en esta ocasión convocados por la vertiente extremeña del Movimiento 15-M, consideran necesario salir a protestar porque incluir el techo de gasto en la Constitución es, a su parecer, «un atentado contra la democracia de los ciudadanos» ya que la reforma «ha sido impuesta contra su voluntad y desde instituciones no elegidas por el pueblo», es decir, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional

JORGE DE ESTEBAN

27/08/2011

El desbloqueo de nuestra Constitución

La reciente reforma consensuada del artículo 135 de la Constitución, todavía en trámite parlamentario, puede ser un pequeño paso para nuestra maltrecha economía, pero un gran salto para la puesta al día de nuestro régimen constitucional. Por ello voy a dedicar unas reflexiones sobre los aspectos jurídico-políticos de dicha modificación.

De entrada, las dos primeras cosas que llaman la atención son, por una parte, la mención a la Unión Europea, a la que pertenecemos desde 1986, circunstancia que ignoraba nuestra Constitución. Por consiguiente, es un importante paso en nuestra pertenencia al club europeo, al que de acuerdo con los tratados hemos cedido parte de nuestra soberanía. Y, por otra, se citan a las comunidades autónomas, como un hecho adquirido, mientras que hasta ahora la mención que se hacía de ellas en nuestra Norma Fundamental, no era más que una promesa de futuro. Ahora ya sabemos que España es un Estado compuesto por comunidades autónomas. Sin embargo, este artículo no puede ser el único que se reforme, porque las deficiencias que se han puesto de manifiesto con la política llevada a cabo por el Gobierno socialista son necesariamente reparables y deben serlo lo antes posible.

La Constitución reconoce, por tanto, que podían existir comunidades autónomas, pero ni dice cuántas ni cuáles son. Lo que sí se desprende es que el artículo 135 comporta desde ahora una consecuencia de infinito valor: todas las comunidades en España son iguales, puesto que el tratamiento que este nuevo precepto lleva a cabo sobre la estabilidad presupuestaria es un requisito que iguala a todas las comunidades autónomas.

Ello es importante porque exige que se lleve a cabo lo antes posible otra reforma mas profunda de la Constitución, para subsanar los defectos que acabo de señalar. Es decir, se exigiría no sólo que se especifique que en España hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que se señale el nombre de las mismas, que se especifique las competencias que ejercen, dejando bien claro cuales son las que el Estado se atribuye de forma irrevocable. Naturalmente algunas de las cuestiones indicadas exigirían la aplicación del procedimiento agravado de reforma del artículo 168. Por ejemplo, habría que reformar el artículo 2, modificando el texto actual, cuando habla de «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones», sustituyendo este párrafo por las comunidades autónomas que integran la Nación española. Evidentemente, tanto esta modificación, como la que se necesita también para modificar el orden sucesorio de la Corona, a efectos de que pueda reinar el primogénito, sea varón o hembra, como algunos otros artículos que no puedo detallar ahora, obligaría a la reforma igualmente del artículo 168, que implica, como es sabido, que sea aprobada por dos tercios de cada Cámara, nuevas elecciones generales, y aprobación respectivamente otra vez por las Cámaras elegidas, para después al referéndum de la Nación.

Los dirigentes del PP y del PSOE, que acaban de demostrar que pueden llegar a un acuerdo, por encima de sus intereses partidistas, que busca el bien común, deberían pensar así, que estamos ante una ocasión de oro que no podemos desaprovechar.

En efecto, aprobar el acuerdo de la reforma, a través del procedimiento del artículo 168, no sólo es posible, sino esencial para el futuro de España. Es posible, porque se exige dos tercios en cada Cámara para su aprobación, lo que significa que ambos partidos disponen de los dos tercios necesarios. Y cabe esperar que se disponga de la misma mayoría en las nuevas Cortes Generales que salgan de las Elecciones del 20 de noviembre. Es mas: como se exige también el referéndum, de esta manera se haría participar a todos los españoles mayores de 18 años, colaborando así en la aprobación, en su caso, de la reforma de la Constitución.

De esta manera, no sólo se lucharía contra el déficit económico, sino también contra el déficit democrático del que se quejan, con razón, las nuevas generaciones de españoles. Y, además, es también conveniente utilizar el procedimiento de reforma del artículo 168, para acabar con el mismo, derogándolo. Una vez desaparecido este irracional artículo, se podría entrar en las otras reformas que directa o indirectamente, condicionan el nuevo artículo 135.

Ciertamente, lo primero que hay que señalar es que la aplicación del mismo, sería mucho mas razonable si existiese un Senado que representase a las comunidades autónomas y no a las provincias, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el responsable de exigir la legalidad de las comunidades autónomas, en relación con lo que mantiene el citado artículo, no será otro que el Tribunal Constitucional. Lo cual quiere decir que habrá que reformarlo, porque como se ha demostrado ya, la politización del mismo no puede continuar, si queremos que funcione el régimen constitucional español. A la vista de todo lo expuesto sucintamente hasta aquí, lo que quiero decir es que todo ello viene a demostrarnos que no sirve tapar una gotera únicamente, en un edificio en el que ya se han abierto otras muchas.

En definitiva, el mejor servicio que puede prestar el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, antes de dejar la política activa, no sólo sería el haber planteado la reforma del artículo 135, sino el de utilizar el 168, para suprimirlo después. Porque en la política, como en el teatro, mucho más importante que la entrada en el escenario, es sin duda una salida que sea airosa y que deje buen sabor.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO

HORDAS "ANTIPAPA" DE RUBALCABA: Mandos de la Policía y sindicatos, contra las maniobras de Rubalcaba

FERNANDO LÁZARO / Madrid

27/08/2011

Mandos de la Policía defienden las cargas en la Puerta del Sol

El SPP difunde un vídeo paras demostrar que hubo provocaciones de los radicales

Hacía tiempo que en el seno de la Policía no había tanto malestar. No sólo por las acusaciones que llegan desde fuera en las que se acusa a la generalidad de sus miembros de brutalidad. No. Lo que echan de menos, mucho de menos, es que sus responsables políticos, de los que dependen, no hagan una defensa encendida sobre el colectivo, un colectivo que no solo está trabajando durante las últimas semanas con turnos doblados, sino que, además, lo están haciendo cobrando sensiblemente menos que el año pasado, «y los servicios no se están resistiendo».

Y ante esta pasividad, los mandos del Cuerpo, a través de su sindicato, el Sindicato Profesional de Policía, (SPP) han decidido salir a defender al colectivo. El silencio del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil es clamoroso.

Ayer, el ministro Antonio Camacho, apenas deslizó algunas breves palabras en defensa de sus agentes en una entrevista en la Cadena Ser. Pero el silencio ha sido atronador durante casi 10 días.

Las cargas contra los indignados radicales en la Puerta del Sol han desatado una campaña de caza al policía que ha incluido la difusión de imágenes por la red, de forma incontrolada y que, según los sindicatos, pueden poner en riesgo la vida de sus compañeros y de sus familias. Los agentes han dado parte a la Brigada de Delitos Tecnológicos para que actúen y, con el visto bueno judicial, bloqueen la difusión de estas imágenes.

Ayer, el SPP levantó la voz. Primero, defendió en líneas generales las actuaciones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) durante los desalojos de la Puerta del Sol, tomada por los indignados radicales. Censura la actuación de aquellos agentes que se extralimitaron en sus funciones. Pero insiste en que la actuación de desalojo de la Puerta del Sol (sobre todo el día siguiente de la protesta laica) fue intachable. Y para corroborar sus palabras aporta un vídeo grabado aquel día por uno de los manifestantes.

El Sindicato asegura que uno de los tres expedientados por Interior, un inspector, no estaba en el lugar de los hechos cuando se produce la agresión a la joven recogida y al fotógrafo por varios vídeos.

«El Inspector imputado ni tan siquiera está presente en el momento de los hechos. Está tratando de normalizar la situación en la plaza Jacinto Benavente, lugar donde había terminado la carga que previamente ordenó de forma ajustada a derecho en la calle Carretas, cuando los hechos que dan origen a la incoación del procedimiento se producen en la calle Atocha», asegura en un comunicado.

En ese sentido, añaden que «es imposible que los superiores jerárquicos puedan tener alguna responsabilidad por actos de los que no pueden tener conocimiento sino con bastante posterioridad y a través de los medios de prensa, dado que se hallan en otras zonas del conflicto donde no se han producido enfrentamientos».

Aclara que el origen de todos los conflictos del día 18 está «en una concentración en la Puerta del Sol que no había sido comunicada previamente a la delegación del Gobierno, por lo que era absolutamente ilegal, como tantas otras protagonizadas durante los últimos meses en el mismo lugar».

El SPP que denuncia el «linchamiento de un mando policial, que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos para tapar la negligencia política de la Delegación de Gobierno, única responsable de todos estos altercados por su caótica y lamentable gestión».

F. L. / Madrid

27/08/2011

Velázquez, contra los líderes de AUGC

El director de la Guardia Civil les sanciona por sus manifestaciones públicas

El Ministerio del Interior sigue apretando las tuercas a los dirigentes de la principal asociación de guardias civiles. Y todo por denunciar públicamente las necesidades de mejoras en el Instituto Armado. Aún resuenan los ecos de las manifestaciones de guardias civiles contra la política de Rubalcaba en Interior.

El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, comunicó ayer a los máximos responsables de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) la pérdida de destino por los últimos expedientes disciplinarios que se les habían abierto. Esta notificación se produce apenas dos días después de que también anunciara el expediente disciplinario por falta grave contra tres agentes de las UIP policiales por las cargas de Sol contra los indignados.

Esta notificación a los guardias se produce poco después de que, en unidad de acción, las principales asociaciones de la Guardia Civil anunciaran otra inminente movilización contra el Gobierno.

Desde la AUGC se denuncia que la sanción ha sido impuesta a su secretario general, Alberto Moya, por unas declaraciones efectuadas en días previos a la manifestación del 18 de septiembre de 2010 en la que miles de agentes reclamaron en Madrid mejoras laborales al grito de «Ya no tenemos miedo». En rueda de prensa, acusó a Interior de tratarles «como a los terroristas de ETA» por prohibir la marcha. Además de Moya, destinado en Algeciras, la Dirección General de la Guardia Civil ha comunicado la misma sanción al secretario de organización de la AUGC, José Antonio Agudo, destinado en la agrupación de tráfico de Guadalajara, en resolución de un expediente abierto por unas declaraciones en septiembre de 2010 sobre la supuesta huelga de «bolis caídos». También se ha resuelto con la pérdida de empleo y sueldo durante dos años otro expediente incoado a los dirigentes de la AUGC en Ciudad Real Antonio Moreno y Jesús Culebra por unas manifestaciones en una revista sobre la mencionada huelga. La AUGC está «indignada» por estas sanciones «tan duras», que suponen «un ataque brutal al movimiento asociativo» y a la libertad de expresión

ETA GOBIERNA por la acción criminal del PSOE:

Madrid

27/08/2011

ETA debatirá hasta Semana Santa si deja las armas

La militancia de ETA ha comenzado un debate sobre la continuidad o no del terrorismo que durará hasta la Semana Santa del próximo año, según informó el Telediario de TVE. La existencia de este debate ha sido comunicada al Ministerio del Interior por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La dirección de ETA está presentando a sus estructuras un cuestionario que todos deben responder y donde se hace mención concreta de la validez o no de la utilización de las armas, tal como informó este periódico.

Las respuestas serán consideradas como «aportaciones generales» de la militancia y con ellas la dirección de ETA elaborará la nueva estrategia que será dada a conocer en la Semana Santa de 2012, en fechas cercanas al Aberri Eguna, día de la patria vasca.

El primer paso del debate se está produciendo en la cárceles donde, según se indica, la banda terrorista tiene «especial interés en conocer la opinión de los presos». La discusión se ha extendido también a los etarras que están en diferentes países y a la estructura clandestina que opera en Francia y España.

La dirección de ETA pretendía disponer de la opinión de sus presos para este otoño pero la detención de la abogada Arantza Zulueta, responsable de esta tarea, retrasará considerablemente esta posibilidad, indicó TVE

MIGUEL M. ARIZTEGI / Zarauz

27/08/2011

Urkullu exige al 'lehendakari' que se pronuncie sobre la reforma

El líder del PNV cree que el pacto de PSOE y PP «afecta al autogobierno vasco» y reclama una reunión inmediata de la Comisión Mixta del Concierto económico

El presidente del Euskadi Buru Batzar, la ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, exigió ayer al lehendakari, Patxi López, que se posicione sobre la reforma constitucional pactada entre el PSOE y el PP. Una reforma que «afecta al autogobierno vasco», por lo que los nacionalistas exigen la convocatoria «inmediata» de la Comisión Mixta del Concierto vasco.

Urkullu adelantó en el tradicional mitin que el PNV organiza en Zarauz para dar inicio al curso político que su partido no está de acuerdo «con un procedimiento precipitado y previamente pactado entre el PSOE y el PP». Sin embargo, las críticas jeltzales no van tanto en contra de la posibilidad de que se limite en la Carta Magna el endeudamiento del Estado, sino con que la reforma no vaya más allá y satisfaga las exigencias políticas de los nacionalistas.

«Si se puede reformar la Constitución, vamos a reformarla. Para lograr soluciones económicas y también políticas. Como PNV vamos a plantear también una reforma que reconozca nuestros derechos como pueblo y como nación», proclamó Urkullu ante dos centenares de simpatizantes.

El líder nacionalista adelantó que el PNV se centrará este año en un mensaje conocido, ya recogido en el malogrado plan Ibarretxe: el de que su partido va a defender «un nuevo estatus político» para Euskadi basado en el «derecho a decidir»; esto es, el derecho de autodeterminación.

La nueva forma de relación entre Euskadi y España se basaría en que el Estado «o es plurinacional o no es» y en el reconocimiento de la «nación Euskadi». El PNV quiere pactar la reforma, «pero con garantías de bilateralidad» y basada «en la voluntad democráticamente expresada de vascos y vascas para decidir en libertad su futuro».

El proyecto parte de la «institucionalización ya construida», y es «lo que siempre venimos defendiendo», explicó Urkullu a sus correligionarios.

Pero el PNV no sólo tiene este curso la misión de defender su idea de Euskadi en Madrid, también la seguir siendo el partido de referencia del nacionalismo vasco. Por eso Urkullu, lejos de plantearse la oferta de Bildu de concurrir juntos a las elecciones del 20-N, desgranó las diferencias que les separan de la coalición separatista.

«Nos dan vergüenza como vascos y abertzales» cuando hablan de las víctimas del terrorismo desde sus responsabilidades institucionales, afirmó Urkullu. Además acusó a los de Martín Garitano de vivir al margen del «realismo económico» y de la «realidad social». «¿Qué hace Bildu? Paralizar» Urkullu cree que son «magos del disimulo», y recalcó que no van a conseguir «enredar» al PNV.

Porque Bildu «no hace lo que a todos, y a ellos, nos vendría bien que hiciera. No exige a ETA el cese definitivo», subrayó el líder nacionalista.

Insistió una vez más en que el PNV no va a aceptar la oferta de alianza electoral, porque no quiere caer en el «testimonialismo vacío». «No vamos a ir a Madrid a gritar un día Gora Euskadi con el puño en alto y ya está. Euskadi se levanta trabajando día a día. Y el que tenga dudas que repase estos últimos 30 años», reclamó Urkullu. «Nada de lo que somos se lo debemos a la izquierda abertzale tradicional», insistió

NAIARA ORTIZ / San Sebastián

27/08/2011

El PSOE quiere rentabilizar el 'tirón' de Odón Elorza el 20-N

Hace casi tres meses que Odón Elorza disfruta de un tiempo libre que en 20 años ha escaseado.

Lo último que hizo antes de dejar el despacho que había ocupado durante dos décadas fue recibir una clase de euskara y es precisamente en eso en lo que ha empleado todas sus mañanas de agosto. Pero en septiembre su vida volverá a cambiar. Si todo va según lo previsto, el ex alcalde de San Sebastián encabezará la lista del PSE al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa, lo que en palabras del portavoz socialista, José Antonio Pastor, supondría «un potencial» para el partido de cara al 20-N, ahora que el PP está reforzando sus listas con fichajes tan impactantes como el de Laura Martín, víctima de los GAL.

Ese «potencial» se traducirá en ese tirón que ha ido ganándose Elorza durante estos 20 años, logrando incluso que muchos de los que no se identifican con el PSE le hayan votado, y en ese perfil propio, a veces discordante con la postura oficial del partido. Elorza aún no quiere hacer planes de futuro pero se muestra dispuesto a «ir a la guerra» si su partido así se lo pide. «No quiero hacer futuribles, aún no me he imaginado cómo sería mi vida en Madrid, pero creo que tendría la suficiente agilidad mental para adaptarme rápidamente», explica a este periódico.

Reconoce que en ningún momento se planteó ser desbancado de la alcaldía por Bildu, aunque insiste en que la decisión de dejar el Ayuntamiento de San Sebastián fue suya y no del PSE. «Mi partido se ha portado con mucha nobleza. Yo esperé dos días porque me lo pidieron, pero la decisión estaba tomada», aseguró Elorza.

El ex alcalde se mostró optimista de cara a las elecciones generales, sobre todo si se celebran debates entre los candidatos. «Es ahí donde tengo todas mis esperanzas puestas porque Rubalcaba se va a merendar con patatas a Rajoy. Son unas elecciones muy complicadas porque son una reválida para el PSE y para Bildu, pero también para el PNV, que tiene una competencia directa, y para el PP porque es su momento», aseguró

EL RICACHÓN BONO EXPULSA a los obreros de la prensa por ir poco finos vestidos

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

27/08/2011

Bono expulsa a la prensa por vestir con poco decoro

Varios periodistas tuvieron que irse del Congreso durante un Pleno

Una decena de periodistas fueron expulsados del Congreso el martes mientras se celebraba el Pleno después de que los ujieres les advirtiesen de que su vestimenta era poco decorosa o poco apropiada para permanecer en las instalaciones que albergan la Cámara Baja.

Los periodistas denuncian que el trato que se les dio fue «humillante» y lamentan que los servicios de prensa de la institución no les preguntasen ni interviniesen para que se les tratase dignamente.

El primer caso afectó a una redactora que se caracteriza por su elegancia y que lleva trabajando en el Congreso desde hace más de 10 años. Llevaba unos pantalones cortos de diseño, nada impúdicos, pero que no pasaron el corte de los ujieres. Una de las empleadas de la Cámara Baja se acercó a ella cuando se encontraba en los pasillos del Hemiciclo y le advirtió de que no cumplía con las normas del decoro establecidas por el presidente José Bono.

Le preguntó si no seguía las noticias y si no tenía conocimiento de la controversia que había despertado el criterio del presidente. Finalmente, le pidió que saliese del edificio.

La redactora informó al medio en el que trabaja y se quedó en el patio que une el Palacio antiguo con las instalaciones modernas desde donde tenía previsto enviar la crónica. De ahí también la echaron, y cuando manifestó su intención de entrar en su oficina para recoger sus pertenencias, varios ujieres se interpusieron para impedírselo.

Esta redactora logró recoger sus cosas. Sin embargo, otros de sus compañeros no tuvieron tanta suerte. A un cámara, unos colegas tuvieron que sacarle sus pertenencias, una fotógrafa se vio obligada a regresar a su casa para cambiarse y poder seguir trabajando y otro de los redactores, tras pedir explicaciones que no recibió, se marchó a su casa. Otro fotógrafo está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales.

«El trato resultó humillante, nos trataron como si fuéramos delincuentes, y no hay derecho a que a los periodistas se nos trate de ese modo. Hay redactores cuyos medios están dispuestos a respaldarlos, pero otros ni siquiera se atreven a reconocer que han sido expulsados porque tienen miedo a que la empresa tome represalias contra ellos porque alguien considera que no van apropiados. ¿Pero qué es ir apropiado? ¿Dónde están las normas establecidas para poder cumplirlas? ¿Quién está autorizado a imponerlas?», decía uno de los afectados.

«A uno de nosotros le echaron porque el pantalón no le tapaba el tobillo pero, en realidad, iba muy elegante. Cuando los empleados del Parlamento acceden a su puesto han de cumplir con las normas del uniforme porque es una de las condiciones para obtenerlo, pero nosotros no», explicaba otro.

«Venimos cargando cámaras, cables, trípodes, a veces nos manchamos de grasa y vamos de un sitio a otro sufriendo el calor. No tenemos aire acondicionado como sus señorías ni dinero para un vestuario completo, pero vamos bien. ¿Nos va a pagar Bono la ropa para que vayamos a su gusto? ¿Va a vetar a los que se visten con mal gusto? ¿Dónde está el límite? Yo creo que tiene ínfulas de Papa, aunque el Papa dejó que todo el mundo acudiera a sus actos como pudiera y quisiera», se lamentaban

Madrid

27/08/2011

Llamazares quiere concurrir al 20-N con BNG y ERC

IU califica la idea de «opinión personal»

El diputado de IU Gaspar Llamazares quiere que su coalición concurra a las elecciones generales bajo el paraguas de un «frente amplio» de izquierdas, al que también estaría invitada la izquierda territorial o de las comunidades autónomas que no tiene partido estatal, y donde se incluiría a BNG y a ERC.

El también portavoz parlamentario comentó que esta oferta a la izquierda territorial se amplía a después de las elecciones cuando IU o el frente que se constituya pueda crear en la Cámara Baja un grupo parlamentario propio que haga fuerte oposición a las políticas de derechas.

Llamazares explicó a Efe que la propuesta podría denominarse «IU y más», «Frente amplio» o simplemente «La izquierda». En su opinión, la idea cuenta con un gran respaldo entre sus votantes, que quieren que la coalición sea más fuerte.

Por todo ello, el portavoz parlamentario insta a su partido a «empezar cuanto antes» a conformar este colectivo que reconstruya la izquierda española y desemboque en un grupo anticapitalista, ecopacifista y «clara y nítidamente» de izquierdas. Sin embargo, desde IU se calificó la propuesta de «opinión personal».

El secretario de Coordinación de grupos y de Políticas parlamentarias de la ejecutiva federal de Izquierda Unida, Joan Josep Nuet, no ve «realista» formar un frente amplio para las elecciones generales del 20 de noviembre con ERC y el BNG, como ha sugerido el diputado de IU, aunque coincida con el concepto que utiliza.

Nuet dijo que la cuestión no está planteada por la dirección del partido, que a priori no «se niega a nada» porque su propuesta electoral «está abierta» pero que, en principio, se ciñe a Proyecto Equo, Izquierda Anticapitalista o movimientos ecologistas y sociales como el 15-M.

El dirigente de IU explicó que en septiembre iniciarán los contactos formales con el nuevo partido ecologista Equo para buscar una fórmula de acuerdo y ha explicado que a este fin «está empujando en positivo» para pedir un referéndum sobre la reforma constitucional

EL PSOE SUME A ESPAÑA EN UNA QUIEBRA INSUPERABLE: El Gobierno socialista aflora ahora contabilidad falsificada con agujeros de más de mil millones

VÍCTOR MARTÍNEZ / Madrid

27/08/2011

El Gobierno aflora por sorpresa un gasto extra de más de 1.000 millones

Economía reconoce ahora que será muy difícil cumplir su previsión de crecimiento

El Gobierno afloró ayer un gasto extra de 1.073 millones de euros en la contabilidad referida al primer trimestre de 2011. El INE advirtió de que el gasto total en los tres primeros meses de año -víspera electoral- fue de 56.782 millones, un 2% más de lo anunciado en un primer momento. El centro estadístico también confirmó la ralentización de la economía española en el segundo trimestre y fuerza al Ejecutivo a revisar sus previsiones.

El aumento del capítulo de gastos públicos se produjo en la previa de las elecciones autonómicas y municipales, una cita que suele disparar los desembolsos al acelerar el pago de facturas por parte de la Administración en un intento de arañar votos.

Las cifras hablan por sí solas si se comparan con los gastos del trimestre anterior -el último de 2010-, con un crecimiento del 5% en esta partida. El incremento corrigió al alza el crecimiento del PIB en el primer trimestre, que pasó del 0,8% al 0,9% gracias a los 1.073 millones.

Además, el subidón del gasto público rompió con la tendencia de reducción de este capítulo que la Administración llevaba encadenando en los dos últimos trimestres de 2010, dentro de un marco de austeridad más acorde a la situación por la que atraviesa el país.

Precisamente, sobre esta situación se pronunció ayer también el INE con la publicación de los datos de contabilidad referidos al segundo trimestre del año. Las cifras constataron lo que ya se sabía: que la economía española ralentizó su crecimiento en estas fechas al aumentar un 0,7% interanual, frente al 0,9% que creció en el primer trimestre del año.

Lo que no era tan previsible es el gran descenso que ha experimentado el gasto en consumo de los hogares, que cayó nueve décimas hasta situarse en un datos negativos (-0,2% interanual). El dato significa un paso atrás -hasta niveles de marzo de 2010- y refleja la asfixia económica de las familias, acorraladas por la falta de empleo, la imposibilidad de acceder a un crédito y el descenso continuado de los salarios. En este segundo trimestre, según los datos del INE, la remuneración de los asalariados mejoró en su contracción al pasar del -0,5% al -0,4%. A la caída del consumo familiar también pudo contribuir el efecto de anticipo del gasto que originó en ese periodo el anuncio del aumento de tipos en el Impuesto de Valor Añadido (IVA), y que entró en vigor el 1 de julio de ese año.

Bloqueada la demanda nacional, lo único que aún mantiene vivo el débil crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español son las exportaciones, o demanda exterior en términos de contabilidad. Ésta aumentó un 8,4% en el segundo trimestre del año, aunque comenzó a notar los efectos de la crisis financiera internacional al retroceder un 2,3% si se compara con los tres meses precedentes.

Sin embargo, la muleta de las exportaciones amenaza con ser uno de los grandes problemas para la economía española en el corto plazo, a raíz de la ralentización del crecimiento ocurrida de forma simultánea en el resto de economías occidentales. Así, la desaceleración del PIB de la Unión Europea en este periodo fue de siete décimas. Por países, destaca la ralentización interanual de la economía germana, cuyo crecimiento ha pasado en sólo tres meses del 4,6% al 2,8%. La situación se repite en Reino Unido -con una moderación del 1,6% al 0,7%- o de Francia, del 1% al 0,8%.

La recaída de estas economías oscurece aún más el futuro crecimiento de España, con un más que previsible debilitamiento de sus ventas de bienes y servicios a estos países. Tampoco ayudarán en este sentido las noticias llegadas del otro lado del Atlántico. Por un lado, la revisión a la baja del ritmo de crecimiento de la economía de EEUU, que fue de un 1% en el segundo trimestre del año según la rectificación que hizo ayer el Departamento de Comercio. Por otro, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, que encarecieron el euro hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,45 frente al dólar.

Campa recula

El frenazo de la economía española arrasó con las previsiones de crecimiento que, hasta ayer, manejaba el Gobierno para este ejercicio. Así, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, reconoció que los datos publicados por el INE hacen «más difícil» alcanzar el repunte del PIB del 1,3% soñado para 2011. «La perspectiva sigue siendo posible, aunque es más difícil», subrayó la mano derecha de Elena Salgado en el Ministerio de Economía.

En este sentido, Campa recordó que el Ejecutivo suele hacer tres revisiones al año: en los primeros meses del ejercicio, con el informe de la evolución cíclica previo a la elaboración del techo de gasto y para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tiene lugar en septiembre.

De no ser por el adelanto electoral, el Gobierno podría revisar el cuadro macroeconómico en septiembre, pero la celebración de comicios en el mes de noviembre hace que en 2012 se prorroguen los Presupuestos del 2011, que gestionará directamente el Gobierno que salga de las urnas.

El número dos de Economía apuntó que el crecimiento de la economía sigue siendo débil, con «ligeros aumentos» si se mide en datos intertrimestrales (comparación con los tres meses precedentes). Precisamente, esta debilidad es la que hace, según Campa, que el cumplimiento de las previsiones sea ahora más difícil, no solo por la situación nacional, sino también por el hecho de que la evolución de la economía en los próximos meses estará marcada por el entorno internacional.

A pesar del ligero freno en el crecimiento, Campa recordó que la cifra del segundo trimestre está «en línea» con la de otros países vecinos, ya que coincide con la cifra de crecimiento de la zona euro y supera a países como Francia y Alemania, a pesar de que en España la corrección de los desequilibrios ha sido más intensa.

De la misma forma, Campa concluyó que, sin tener en cuenta el sector de la construcción y la evolución del sector público como consecuencia de la consolidación fiscal que está llevando a cabo el Ejecutivo, la economía estaría creciendo a un ritmo del 2,1%, en línea con el crecimiento potencial español

La previsión del PIB, más lejos

> El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, señaló ayer que la desaceleración económica mundial, y en particular la de los países del euro, hace «más difícil» que se logre la previsión de crecimiento del 1,3 % del PIB en 2011, si bien ha asegurado que «sigue siendo posible» alcanzarlo.

> Campa aclaró que el Gobierno no revisará el cuadro macroeconómico, porque, en su opinión, ahora «no corresponde». La actualización de las previsiones, explicó, se hace en presupuestos para el siguiente ejercicio, que este año no se van a presentar por el adelanto electoral.

> Ante este contexto más adverso, la única respuesta es, a su juicio, profundizar en reformas que mejoren la competitividad de las empresas en el exterior

Madrid

27/08/2011

Los empresarios quieren que Rato regrese al frente de Economía

El mundo de la empresa considera que Rodrigo Rato es la persona más capacitada para relevar a Elena Salgado al frente de la economía española tras las elecciones del 20-N. Así lo desvela un sondeo de Reputation Institute, en el que han participado 2.899 directivos y cargos medios de compañías españolas, que publica en exclusiva Actualidad Económica en su número de septiembre.

La mayoría de empresarios señalan a Rato como la persona más preparada para que España supere la actual crisis económica, porque recuerdan que ya lo hizo una vez. En este sentido, consideran que fue el ministro de Economía y Hacienda durante los dos Gobiernos de Aznar el gran artífice del milagro español, sacando al país de la recesión económica que arrastraba y llevándolo a unos niveles de empleo hasta entonces desconocidos.

Además, el mundo empresarial valora de forma muy positiva que el político y economista madrileño ocupase durante tres años, entre 2004 y 2007, la dirección general del FMI, el puesto de mayor responsabilidad en el ámbito económico que jamás haya ocupado un español

Madrid

27/08/2011

Un órgano independiente fijará las tarifas aéreas

A partir del 31 de diciembre, las discrepancias entre Aena y las compañías aéreas en materia de tarifas aéreas las resolverá una comisión de regulación económica aeroportuaria aprobada ayer por el Gobierno. De esta manera, el Ministerio de Fomento quiere asegurarse de que las tasas se fijen «con independencia, objetividad y transparencia», según apuntó el ministro del ramo, José Blanco.

Las sociedades concesionarias que se queden con la gestión de Barajas y El Prat también tendrán que acatar lo que establezca esta nueva comisión. En palabras de Blanco, la creación de este órgano supondrá «un paso más» en el proceso de reforma estructural del sistema aeroportuario, además de ayudar a «ganar competitividad» en el turismo.

La nueva comisión refuerza a la actual Autoridad Estatal de Supervisión contemplada en la Ley de Seguridad Aérea y desarrollará sus funciones. En caso de desacuerdos entre las sociedades concesionarias, las compañías usuarias de los aeropuertos y Aena, será el nuevo organismo regulador el que los resuelva «de forma neutral, ágil y transparente», de acuerdo a principios de regulación económica internacionalmente reconocidos, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Entre las funciones de la comisión está la supervisión del cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta que se debe llevar a cabo por Aena Aeropuertos y las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios sobre modificaciones o actualizaciones de las tarifas aeroportuarias.

Asimismo, también tendrá que resolver los recursos que planteen las compañías usuarias sobre tales tarifas o sobre la calidad de los servicios aeroportuarios. En caso de discrepancias, la comisión podrá establecer la modificación tarifaria revisada que se debe aplicar

Un «paso atrás»

>El Gobierno. El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, calificó ayer la situación como «la peor de los últimos 40 años». La caída del PIB prevista para 2011 ya no es de un 3,8%, sino de un 4,5%.

>Los analistas. Los expertos consideran que la economía helena puede contraerse alrededor del 5% este año debido a los recortes y las subidas de impuestos, que han afectado al consumo. En 2009 cayó un 2,3%, y un 4,5%, en 2010.

>Las cifras. El desempleo se ha disparado a su máximo histórico, registrando una tasa del 16,6%. La previsión del Gobierno es alcanzar un déficit del 7,6% para 2011, desde el 10,5% de 2010

JOSÉ CARLOS DE LA POLA / Bruselas
Especial para EL MUNDO

27/08/2011

Grecia añade más dudas a su propio rescate

Atenas amenaza a la banca con frenar el canje de bonos y reconoce que no cumplirá el objetivo de déficit por la recesión

Grecia sumó ayer más incertidumbre a su propio rescate al asegurar que no aceptará el canje de bonos con el sector financiero si no se respetan las condiciones acordadas en la última cumbre extraordinaria del Eurogrupo. Los 17 concibieron, en aquella cita, la contribución de los bancos y las aseguradoras como una parte fundamental de la nueva intervención sobre Atenas. Por su parte, las entidades se ofrecieron a mantener durante los próximos 10 años el 90% de la deuda helena acumulada, alrededor de 135.000 millones de euros.

Tal y como constaba en la propuesta, el sector privado intercambiaría, voluntariamente, títulos griegos con vencimientos entre 2011 y 2020, hasta alcanzar ese 90% de exposición, por otros que, según la opción escogida, caducasen a largo plazo (15 o 30 años) e implicasen descuentos. Tanto el lobby bancario como Bruselas calcularon que la operación implicaría una pérdida del 20% para los inversores. Las negociaciones dirigidas a materializar el canje, sin embargo, comenzaron a torcerse, progresivamente, y el ministro de Finanzas heleno, Evangelos Venizelos, ya alertó hace semanas de que el objetivo de los 135.000 millones no se alcanzaría.

Y ahora los griegos anuncian que sólo seguirán adelante con «la transacción» en caso de que se cumpla con lo pactado, conforme refleja una misiva publicada ayer por la Bolsa de Atenas y que el Gobierno heleno remitió a los ministros de Finanzas internacionales. Desde Bruselas, no obstante, se apeló a la prudencia y fuentes comunitarias explicaron que la «conversaciones» destinadas a atar la participación del sector financiero siguen su curso adecuadamente. «No tenemos ningún motivo para pensar que la cifra definitiva se alejará de la prevista», subrayaron esas mismas fuentes consultadas.

Y todo esto mientras el castillo de naipes que los líderes del euro levantaron con el segundo rescate amenaza también con desmoronarse por otros flancos. Finlandia sigue exigiendo algún tipo de garantía de devolución suscrita por Atenas para participar en la operación. Abandonar esta demanda constituiría «una total irresponsabilidad», señaló ayer la ministra de Finanzas del país nórdico, Jutta Urpilainen.

Según el acuerdo alcanzado entre helenos y fineses, Grecia tiene que depositar en una cuenta a nombre de Finlandia entre el 20 y el 40% de las ayudas correspondientes a Helsinki. Los 17, tal y como declaró Urpilainen, rechazaron este pacto y, en su opinión, «ahora deben encontrar un modelo aceptable». Se maneja la opción de reemplazar los avales en efectivo por activos inmobiliarios o participaciones estatales de compañías.

Grecia, por su parte, continúa en estado de coma y ayer el ministro de Finanzas sembró nuevas dudas al temer que la recesión pueda prorrogarse el próximo ejercicio por la nefasta coyuntura económica. En palabras de Venizelos, «la peor de los últimos 40 años». Máxime cuando el propio titular de Finanzas ya previó que el PIB heleno encajaría en 2011 una caída más pronunciada, del 4,5%, que la esperada por el Gobierno, del 3,8%.

Y, precisamente, fruto de las urgencias que envuelven a la economía griega, su banco central ha activado esta semana un fondo de emergencia dirigido a sus bancos, informa Efe Dow Jones. Según indicó una fuente del sector financiero, este fondo se puso en marcha «al reducirse la liquidez», porque las entidades helenas encuentran serias dificultades para conseguir financiación de un BCE que no acepta determinadas garantías

OTRO DICTADOR SOCIALISTA MENOS: Gadafi ejecuta a decenas de presos

27/08/2011

Decenas de presos ejecutados

Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que fuerzas leales a Gadafi mataron a numerosos detenidos en dos campamentos militares de Trípoli los pasados días 23 y 24. La ONG recordó que el asesinato y tortura de presos es un crimen de guerra.
En un comunicado, AI relató el testimonio de detenidos que se escaparon de la base de Khilit al Ferjan, donde el martes las tropas oficialistas lanzaron granadas y dispararon contra varios grupos de prisioneros. También contaron que, el pasado miércoles, los guardias del campamento Qasr ben Ghashir mataron a tiros a cinco personas que estaban detenidas en régimen de aislamiento.
AI instó a las fuerzas gadafistas a «frenar de forma inmediata esas matanzas de prisioneros» y lamentó que sus tropas continúen con «su desprecio flagrante por la vida humana y la ley internacional».
Algunos presos que escaparon del campamento militar de Khilit al Ferjan, al suroeste de Trípoli, indicaron que, durante la tarde del 23 de agosto, unos 160 detenidos comenzaron a huir del hangar metálico donde estaban retenidos después de que dos guardias les dijeran que las puertas no estaban cerradas. Mientras escapaban, otros dos guardias abrieron fuego contra ellos y les arrojaron cinco granadas de mano.
En el campamaento de Qasr ben Ghashir, los guardias de seguridad abrieron cinco celdas antes de empezar a disparar contra los prisioneros, también cuando trataban de huir de la base

ROSA MENESES
Trípoli
Enviada Especial

27/08/2011

Sobrevivir en un hospital de Trípoli sin agua ni electricidad

En el Hospital Central de Trípoli no tienen agua ni electricidad. «Tenemos un generador y hay luz cada cierto tiempo. Pero, sin agua, ¿cómo podemos trabajar?», se pregunta Tareq Farg, un médico de 35 años. «Éste es un país con petróleo y fíjese qué medios tenemos en este hospital», advierte el doctor.

En la calle se acumula la basura y dentro, la precariedad es absoluta. Los hospitales en Libia ya tenían pocos medios durante el régimen de Muamar Gadafi. Los libios pudientes solían ir a Túnez a tratarse. Ahora, con la guerra, la situación sanitaria es lamentable.

«Aquí los médicos tienen que hacer su labor y además ser enfermeros, limpiadores… Sólo hay 20 médicos y 20 voluntarios. No tenemos ni enfermeros ni paramédicos», explica el doctor, experto en medicina general. En su departamento hay 120 camas y en el de trauma, 30. Estamos en el hospital más antiguo de Trípoli, construido en el año 1955.

«La mayoría de los pacientes de los últimos días son heridos de bala. El 80% son combatientes y el 20%, civiles», indica este médico que lleva dos días sin volver a su casa y alimentándose precariamente tras la ruptura del ayuno del Ramadán.

El maleficio de los francotiradores planea por toda la ciudad. «La pasada noche [el jueves], ingresamos a una niña de 10 años que recibió un disparo mientras jugaba en su casa. Fue herida en el abdomen. ¡Una niña que no puede ni con un arma!», comenta.

Un médico murió en la puerta del hospital, de un impacto de bala. Y otra voluntaria del centro fue asesinada la otra noche mientras paseaba por una calle de Trípoli tras terminar su trabajo. Llevaba una bandera tricolor, símbolo de la nueva Libia.

Por otro lado, más de 200 cadáveres, algunos en estado de descomposición, se han encontrado abandonados en un hospital del barrio de Abu Salim que fue abandonado durante los combates, según la cadena BBC.

Los médicos del Hospital Clínico Central de Trípoli llevan cuatro días sin ir a sus casas. «El problema es la seguridad y el transporte», señala Abdultaher Ydedu, jefe de cirugía cardiotorácica del centro sanitario.

Situado cerca del frente -ayer las tropas opositoras comenzaban la ofensiva contra el cuartel de la brigada Khamis, dirigida por uno de los hijos de Muamar Gadafi-, el hospital está guardado por milicianos rebeldes que vigilan sus puertas kalashnikov en mano. Para entrar, hay que pisar dos fotografías del coronel Gadafi, colocadas estratégicamente para tal fin.

Acaban de traer a dos heridos de 30 y 35 años que estaban luchando en el mencionado frente. La familia de uno de los chicos protagoniza escenas de dolor en la puerta de la sala.

En la misma habitación se encuentra ingresado Omar Abdulá Shebmayi, malherido en la calle principal del barrio de Halat al Furyan, cerca del hospital. «Estaba en mi coche y me dispararon desde un vehículo que se acercó de frente».

Este hospital es el más grande de Trípoli, con tres edificios de siete plantas cada uno. No se observan signos de aglomeración ni desabastecimiento. «Hemos recibido algunos materiales de instituciones, y tenemos voluntarios y doctores suficientes», explica Ydedu. «Hoy, la situación es mejor que ayer», añade.

Los médicos cuentan que este hospital estaba en manos de las tropas de Gadafi, que sólo dejaban entrar a sus soldados para ser tratados. «Hace tres días que lo liberaron y ahora tratamos a todo el mundo», confirma Jes Franco, un enfermero de Filipinas.

«Aquí no ponemos ningún sello en la frente a nadie. No preguntamos a los heridos si están del lado de Gadafi o de los opositores. Somos médicos», afirma Ydedu al ser preguntado por los heridos del ejército del dictador libio. «No lo preguntamos, pero nadie dice que es de Gadafi, tienen miedo», concluye.

En la planta tercera, Saleh, un rebelde de 22 años, yace con varias heridas de bala en una cama sin sábanas. Cuando se le pregunta si cree que su sufrimiento merece la pena contesta con evasivas: no está convencido de nada.

Frente a él, Bilal, procedente de Obary, una localidad cerca de Sabha, cuenta que vino a Trípoli hace cinco días para intentar sacar algún dinero del banco, pues allí en el desierto están todos cerrados. Nada más llegar a la capital le dispararon. No sabe dónde fue, porque no conoce Trípoli. Su familia ni siquiera sabe qué le ha pasado. «Necesitamos este cambio», sentencia este joven de piel negra.

Cerca de él, otro herido explica que fue víctima del terror silencioso que se ha adueñado de la capital libia. Un francotirador le disparó mientras estaba trabajando en su tienda de alimentación. Recibió dos impactos: en el pecho y en la axila.

Mohamed Sharif, un voluntario del hospital que se ha dejado crecer la barba más de lo que era habitual en la Libia de Gadafi, enseña a EL MUNDO un vídeo grabado en su teléfono. Se ve la cara amoratada y el cuerpo inerte de un miliciano gadafista.

«Era un criminal que acabó con mucha gente en Misrata. Pero al final conseguimos matarle», afirma sin tapujos, exhibiéndolo como un trofeo

MARTIN FLETCHER / Trípoli
The Times / EL MUNDO

27/08/2011

En el museo de los horrores de Gadafi

Centenares de presos políticos salen de la tristemente famosa cárcel de Abu Salim

Mahdi y Saad Shubi son dos gemelos de 40 años, prácticamente idénticos a excepción de su color de piel. Mahdi la tiene oscura, Saad amarillenta, y por una buena razón. Tras ser acusados de islamismo radical, ambos fueron encarcelados en 1997 en la tristemente famosa cárcel de Abu Salim. Pero Mahdi fue liberado hace nueve años, mientras que Saad salió el pasado miércoles, cuando el avance rebelde llegó hasta esta prisión de Trípoli.

El centro penitenciario del barrio capitalino de Abu Salim es el equivalente libio de la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Las tropas opositoras liberaron a sus más de 3.000 detenidos, la mayoría presos políticos.

Desesperado por encontrar a su gemelo, Mahdi voló de Bengasi a Misrata en cuanto supo que los rebeldes habían llegado a Abu Salim. Luego se fue en coche hasta Trípoli, donde Saad le llamó al móvil. Los dos se pudieron finalmente reunir entre las lágrimas de ambos. «Es maravilloso», comenta Mahdi.

Mohamed Halal no ha tenido la misma fuerte. Este libio no consigue encontrar a su padre, encarcelado en Abu Salim hace 32 años. Le vio por última vez en 1984. «Ni sé si está vivo o muerto, pero me alegro igualmente por todos los demás que recobraron su libertad».

Salir de Abu Salim con vida es todo un milagro. Es allí donde el régimen de Gadafi torturó durante 42 años a sus opositores. Es allí donde en 1996 las tropas del coronel acribillaron a unos 1.200 presos que se habían atrevido a protestar contra las miserables condiciones de las instalaciones donde vivían.

No está claro cómo ocurrió la liberación de la cárcel. La gente del lugar dice que ofrecieron a los guardias una salida segura a cambio de que abandonaran el centro penitenciario y depusieran las armas. Luego los presos consiguieron de alguna forma salir de sus celdas.

«He vuelto para recordar todo lo malo y lo bueno que me pasó en esta cárcel, y los amigos que murieron aquí», dice Ali Matuk, uno de los ex presos que sorpresivamente han decidido regresar a la prisión para ver por última vez sus instalaciones. Preguntado por las masacres cometidas por los gadafistas, cuenta que muchos de sus compañeros recibieron palizas mortales. «Otros fallecieron porque no se les proporcionó tratamiento médico», recuerda el superviviente, que no sabe cifrar las víctimas.

Las celdas eran muy pequeñas y abarrotadas. Muchas tenían un agujero en el suelo que servía de retrete. «Nos trataban como a burros», resume el ex preso al mostrar una habitación donde los guardias le azotaban regularmente en la espalda. «También me golpeaban las plantas de los pies», recuerda Ali. Aunque el museo de los horrores de Gadafi parece cerrado para siempre, su cuerpo sigue temblando

ROSA MENESES / Trípoli
Enviada especial

27/08/2011

Los civiles se lanzan a la compra desesperada de productos básicos

Desde hace dos días apenas se puede encontrar pan o leche en la martirizada capital

Hace dos días que no hay agua en Trípoli. Las tuberías de la capital libia están más secas que el desierto, donde los rebeldes luchan contra los gadafistas para tomar las ciudades de Sirte y Sebha. En esta última localidad, los leales al desaparecido Muamar Gadafi mantienen cortado el brazo del Gran Río Artificial que abastece Trípoli.

Anoche en Trípoli se propagaron los rumores de que el abastecimiento de agua había sido cortado por la presencia de sustancias venenosas en el agua.

La electricidad se cortó ayer por la tarde en toda la capital, justo cuando los disparos volvían a quebrar la calma que había reinado durante todo el día.

La atmósfera se vuelve más y más aplastante en la ciudad. Los precios están subiendo desorbitadamente y la gasolina escasea o es increíblemente cara.

También el suministro de alimentos es cada vez más difícil en la capital. En la única tienda que hay abierta en la céntrica calle de Dhahra, algunas mujeres se arremolinan para comprar un poco de harina, aceite, queso y aceitunas. «Hace dos días que no hay agua», dice una mujer que intenta comprarla.

«No hay pan ni leche. Tampoco agua embotellada ni zumos. Primero se gastaron las botellas de litro y medio, luego las de medio y ahora la gente sólo puede encontrar vasitos envasados», afirma, con todo tipo de detalles, Mohamed Abdelaziz, el vendedor.

El tabaco también es difícil de encontrar y las tarjetas de recarga de los teléfonos móviles han multiplicado su precio por cinco. «Tenemos que ser pacientes», añade el joven.

Trípoli está en los últimos días del Ramadán, el mes del ayuno musulmán. Este hecho, el calor abrasador y los combates hacen que por la ciudad no se pasee ni un alma. Pero el desabastecimiento de agua y pan se está convirtiendo en un auténtico problema. En las estanterías de las tiendas -las pocas que aún mantienen sus puertas abiertas- hay de todo, pero falta lo más básico.

Ayer era viernes, día de la oración musulmana. Bachir, un empresario que comercia con Dubai llega con su hijo de ocho años a la mezquita de Mulaya Mohamed, en la calle Yumhuriya. Es una de las mezquitas más grandes de la ciudad. «Hoy es la primera oración de la Trípoli libre. Estoy muy feliz», afirma Bachir. «Queríamos ver este día. Mi padre pedía a Alá que por favor le dejara ver el final de Gadafi. Él no lo verá, pero sí sus hijos», sentencia a este periódico.

Los hombres se van acercando a la puerta del templo y se quitan los zapatos. «Muamar Gadafi no nos dejaba hablar. Sólo comer y callar», dice un hombre que se acerca a rezar.

No hay mujeres en el rezo. «Prefieren no venir porque no hay gasolina y no pueden acercarse andando», se justifica otro fiel.

El imam de la mezquita se afana en una jutba (sermón) conciliador, aconsejando a los milicianos opositores «no matar a nadie que alce las manos en señal de rendición, no robar y no cometer actos de maldad». Uno de los mayores peligros de la Libia post-Gadafi es que se suma en un círculo de venganza.

Frente a la mezquita, un miliciano de Zawiya reparte coranes. «Son como un talismán», mantiene el hombre.

Desde las mezquitas no cesa de invocarse a Alá. «Alá Akbar, Alá Akbar [Alá es Grande]», gritan incesantemente los almuecines. «Lo hacen porque los gadafistas, cuando le escuchan, se asustan», asegura Mahdi, un capitán de las Fuerzas Armadas libias retirado.

Las batallas para controlar toda la capital libia aún se libran en los distritos del sur.

Salah a Din y Abu Slim se encuentran todavía bajo el fuego de los enfrentamientos, según confirma Abdel Mayid Mlegta, jefe de Operaciones para la Liberación de Trípoli.

«Controlamos el 95% de la ciudad», subraya Abdel Mayid Mlegta. «En las próximas 72 horas, toda Trípoli estará bajo nuestro control y esperamos capturar a Gadafi en esos tres días. Tenemos información de nuestra inteligencia», añade el jefe de operaciones.

«No me importa Gadafi. Lo que yo estoy intentando es salvar a mi gente. Eso es todo. No me importa él porque lo llevarán ante la Justicia internacional. La decisión ya se ha tomado, la ha tomado Ocampo y el Tribunal Penal Internacional para acusarle de crímenes contra la humanidad», declaraba ayer Mohamed Alagy, ministro de Justicia del Consejo Nacional de Transición (CNT). Alagy y otros miembros del CNT -entre los que se encuentra el ministro de Información y portavoz de los rebeldes, Mahmud Shammam- están desde ayer en Trípoli, con el fin de empezar a sentar las bases del Gobierno de la nueva Libia.

Se calcula que un total de ocho miembros del CNT están preparando a marchas forzadas, en la capital, la transición política del país norteafricano. En Bengasi siguen instalados el presidente y primer ministro.

Mientras, anoche, las fuerzas insurgentes se preparaban para atacar el cuartel general en Trípoli de la brigada Khamis, en el distrito de Halat al Furyan. Y continuaba el asalto al aeropuerto. El ministro Alagy confirmó ayer que habían sido liberados de las cárceles 33.000 prisioneros.

Por otra parte, las fuerzas rebeldes libias tomaron a última hora de ayer el puesto fronterizo libio-tunecino de Ras Jedir tras un ataque lanzado por la tarde, con lo que los insurgentes han conseguido hacerse con la principal vía de abastecimiento y comunicación de Trípoli con Túnez, informa EFE.

OORBYT.es

>Análisis de Rosa Meneses

AHMED SHEBANI Líder del Partido Democrático de Libia

FRAN CARRIÓN / El Cairo
Especial para EL MUNDO

27/08/2011

«No pueden traer la democracia quienes ayudaron al dictador»

No existe cuerpo que soporte 42 años ininterrumpidos de golpes y persecución. La feroz represión de Gadafi doblegó cualquier tentativa de oposición y expulsó del país a los últimos rescoldos de la resistencia. «Han sido décadas de dolor,depresión y crisis colectiva», confiesa Ahmed Shebani, de 43 años, en una entrevista con EL MUNDO. Vástago de un ministro de la monarquía de Mohamed Idris -derrocada por el golpe de Estado de 1969-, Shebani creció en el Reino Unido y lidera ahora el Partido Democrático libio, el primer susurro de una oposición necesitada de respiración artificial.

La formación, fundada el 14 de julio, apoya con reservas al Consejo Nacional de Transición (CNT), el organismo que pilotará los primeros ocho meses de transición. «El CNT no tiene ninguna legitimidad política y no está preparado para la caída de Gadafi», denuncia el político opositor, preocupado por una cúpula copada por «antiguos altos cargos del régimen que carecen de credenciales democráticas». «El órgano tiene un papel importante que desempeñar pero debe ser purgado de todos los hombres del dictador, quienes no pueden traernos la democracia».

A su juicio, el asesinato a finales de julio del jefe militar Abdel Fatah Yunes, ex ministro del Interior, reveló que «no se les puede encomendar el Gobierno». «Los revolucionarios descubrieron que Yunes seguía trabajando para Gadafi y lo ejecutaron como a un traidor. Después de su muerte, la suerte de la revolución cambió y llegó la victoria».

El partido de Shebani aboga por una hoja de ruta distinta a la diseñada desde Bengasi. «Defendemos que la ONU gobierne durante los próximos dos años y, luego, ceda el poder a un parlamento electo. Sin esa ayuda, la democracia solo será una fachada. Y no queremos un sistema al estilo de Mubarak o Ben Ali». La propuesta incluye la creación de un organismo que unifique en una nueva Constitución a los distintos grupos que conforman el rompecabezas deLibia y además un ente destinado a lograr la reconciliación nacional, inspirado en la Comisión para la Verdad y la Reconciliación establecida en Sudáfrica tras el apartheid. «Es vital afrontar los problemas políticos y jurídicos. La democracia no se establece sin transparencia».

En el incierto día después, a Shebani le inquieta el movimiento islamista. «No creen en la democracia y no tienen nada que ofrecer salvo propaganda», asevera. «En cambio, nosotros apoyamos políticas centristas y creemos en la libertad, la igualdad y la democracia», explica.

Además de heredar el patrimonio de un excéntrico, los nuevos gobernantes deberán mantener cohesionado un país de tribus, que litigarán por perpetuar su cuota de poder. «Es un problema», reconoce quien patrocina un «Estado basado en la ciudadanía y no en las lealtades tribales»