GOBERNANDO: El Gobierno devuelve al Poder Judicial la independencia que le quitó el PSOE
El Gobierno devuelve al Poder Judicial la independencia que le quitó el PSOE
Santamaría anuncia que los jueces volverán a elegir a sus 12 vocales en el CGPJ como ocurría hasta el año 1985
Restablecerá el recurso previo de inconstitucionalidad y propugna un Constitucional con magistrados inamovibles
Suprimirá el Consejo Estatal Audiovisual y cambiará la ley para que las radios puedan retransmitir desde los campos
«Impulsar el proyecto reformista y liderar un amplio programa de regeneración institucional». Con estas palabras, la vicepresidenta del Gobierno resumió ayer el propósito del Ejecutivo de iniciar un camino que debe desembocar en «la liberación de estructuras que no funcionan y de políticas que valen de poco».Y también debe implicar la revisión de instituciones con el objetivo de reengancharlas en sus raíces constitucionales. Los órganos judiciales -Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional- son los objetivos de este plan. Se trata de restablecer el principio de separación de poderes a fin de que la Justicia recupere su independencia y cuente con la confianza de los ciudadanos.
El Gobierno tiene la intención de proceder a la reformulación del sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como el sistema de nombramientos de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional.La finalidad es conseguir que los integrantes de ambos órganos respondan no sólo a los principios de profesionalidad y neutralidad, sino también, y muy esencialmente, al de independencia respecto de las fuerzas políticas.
El plan del Ejecutivo pasa por recuperar, en el caso del CGPJ, el método de designación establecido en la ley de 1980, que atribuía la titularidad del nombramiento de los 12 vocales de origen no parlamentario a los «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales» mediante un sistema electoral mayoritario corregido, en listas completas pero abiertas y en circunscripción única.
Este sistema se mantuvo hasta 1985 cuando, con el Gobierno del PSOE, pasó a encomendarse al Congreso y al Senado la elección de los vocales de origen no parlamentario a través de la fórmula de proponer por mayoría de tres quintos, seis vocales cada cámara elegidos entre jueces y magistrados en activo. A partir de ahí, la influencia de las formaciones políticas en la elección de los vocales es evidente.
«Los nombramientos por y entre jueces y magistrados deben hacerse por y entre jueces y magistrados. Por ello nos disponemos a recuperar la fórmula de elección previa a 1985», afirmó Sáenz de Santamaría ayer justo al final del largo debate que mantuvo con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional del Congreso.
Igualmente, el Tribunal Constitucional, tal y como explicó ayer la vicepresidenta, será objeto de renovación «inmediata».
El Gobierno tiene intención de abrir formalmente una ronda de contactos. «El reto», añadió la vicepresidenta, «es recuperar por completo el prestigio que merece el Alto Tribunal, que se ha visto deteriorado en los últimos años, y devolver la centralidad a su primigenia función, que es velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico».
Por ello, además del propósito inmediato de renovación, el Gobierno se centrará en planear una nueva fórmula de nombramientos que pasarán a ser cuasi vitalicios, para así dar a la institución «mayor estabilidad y menor dependencia de las coyunturas parlamentarias».
Además, se propondrá una ley orgánica para garantizar que las funciones del TC se ajusten a las recogidas en la Carta Magna. En dicha ley se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía y se redefinirá el recurso de amparo para evitar que se convierta en una instancia jurisdiccional más.
«Se trata», explicó Sáenz de Santamaría, «de que dicho recurso cumpla su objetivo original de proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles». Y, de paso, aligerar al TC de una «elevada carga que ralentiza y dificulta su funcionamiento».
Además de estas modificaciones, el Ejecutivo pretende renovar también con celeridad los nombramientos en otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de RTVE, así como aprobar un nuevo Estatuto de Personal para el CNI y la Directiva Anual de Inteligencia.
El trabajo del Gobierno no será únicamente revisionista, habrá también supresión de organismos reguladores que, según la Ley de Economía Sostenible aprobada el pasado marzo, pasaban de cuatro a ocho. Ahora, se suprimirá el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales por entender que «no es conveniente, ni es necesario».
Sáenz de Santamaría aseguró que sus funciones de protección del espectador pueden ser asumidas por otros organismos «sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros». Un destino similar seguirá la entidad de supervisión del juego.
Por último, la vicepresidenta se refirió a la voluntad del Gobierno de abordar cambios legales que permitan el acceso de las emisoras de radio a los campos de fútbol, con el fin de que puedan retransmitir libremente los partidos.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo.
P&R
Consejos del Constitucional
Hace más de 15 años que el Tribunal Constitucional advirtió de la «existencia y aun probabilidad del riesgo» de que la «lógica de los partidos» se trasladase a la elección por el Parlamento de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que deben ser jueces o magistrados. Ese temor fue el que llevó al TC a «aconsejar» ya entonces la sustitución del sistema parlamentario de designación de los consejeros judiciales, recomendación desoída hasta ahora.
¿Qué dice la Constitución sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial?
El artículo 122.3 de la Constitución prescribe que el CGPJ «estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros (...). De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas (...)».
¿El Parlamento ha intervenido siempre en la elección de los vocales?
El Congreso y el Senado han elegido siempre a los ocho vocales juristas. Pero no siempre han elegido a los vocales de procedencia judicial. Tras la aprobación de la Constitución y la creación del CGPJ, la Ley Orgánica 1/1980 estableció que «los vocales de procedencia judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo». Se estableció un sistema electoral mayoritario corregido «para permitir la representación de un sector minoritario», decía la ley. Las candidaturas, «siempre abiertas» para poder combinar nombres, debían estar avaladas por el 10% de los electores o por una asociación profesional. Este procedimiento estuvo vigente desde febrero de 1980 a julio de 1985.
¿Qué hizo la llamada 'ley Ledesma'?
La Ley Orgánica 6/1985, llamada ley Ledesma debido al nombre del ministro de Justicia de la época -el magistrado y hoy consejero de Estado Fernando Ledesma- estableció la elección de la totalidad de los miembros del CGPJ por el Parlamento (10 por el Congreso y otros tantos por el Senado).
¿El Tribunal Constitucional avaló la elección parlamentaria de los vocales?
Sí, aunque con serias reservas. El 26 de septiembre de 1985, y en nombre de 55 diputados del Grupo Popular, José María Ruiz-Gallardón (padre del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la LO 6/1985. El Pleno del TC desestimó el recurso en la sentencia 108/1986, pero incluyó la siguiente advertencia: «La finalidad del artículo 122.3 de la Constitución Española (CE) sería la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo (...) de que el procedimiento electoral traspase al seno de la carrera judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento. (...) Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad de la Norma Constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma Constitucional, parece aconsejar su sustitución pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez».
¿El PP reformó la 'ley Ledesma'?
El Gobierno de Aznar cambió el sistema en 2001. Aunque mantuvo la elección de todos los vocales por el Parlamento, introdujo la novedad de que los propios jueces pudieran elegir de forma directa a 36 candidatos, entre los cuales Congreso y Senado designan a los 12 vocales de procedencia judicial. Es la fórmula vigente en la actualidad.
Reforma penal para los malos gestores
Una nueva ley será «contundente» con quien no contabilice las facturas
El grueso de los socialistas puede estar tranquilo gracias a la no retroactividad de las leyes penales, pero la mayoría de altos cargos y gestores populares recién instalados en municipios, comunidades autónomas, direcciones generales y organismos públicos tuvieron ayer que tomar buena nota.
«El Gobierno presentará una Ley Orgánica Complementaria a la de Buen Gobierno, que modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos». Así lo comunicó al Congreso la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmando que la nueva ley tasará las obligaciones de los gobernantes y reforzará de manera radical su actual responsabilidad administrativa y penal.
«Esta ley marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos», afirmó la número dos del Ejecutivo popular, al tiempo que invitó a los grupos parlamentarios a una ronda de contactos para consensuarla.
En el turno de réplica a las intervenciones de los grupos, Sáenz de Santamaría aclaró que la ley persigue la «separación del servicio» y la inhabilitación de los malos gestores, pero en ningún caso el relevo de los cargos electos.
En todo caso, en su comparecencia dejó dicho que «la respuesta» legislativa será «contundente» en cuatro supuestos: «Para quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fijará la Ley de Estabilidad Presupuestaria; para quienes contraigan compromisos de gasto sin crédito suficiente para su financiación; para quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas -«estoy hablando de las facturas contabilizadas», puntualizó la vicepresidenta-, y para quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los órganos de fiscalización contable o los tribunales».
La ley que reformará el Código Penal fue sólo una de las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno en el contexto de la «austeridad, transparencia y responsabilidad» en la gestión económica de los recursos públicos. Sáenz de Santamaría informó a la Cámara acerca del anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobará este viernes, además de la ya anunciada Ley de Transparencia, la reforma de las leyes de Financiación de Partidos y de Subvenciones, amén del programa de reducción de la Administración General del Estado.
Vuelve la Constitución
Por fin empiezan a aparecer las otras patas de la reforma, las que han de sostener la acción de un Gobierno comprometido con una profunda regeneración de la vida pública en España.
Han tardado un mes, que es poco aunque para algunos se estaba empezando a hacer largo. Desde su toma de posesión no se había oído al nuevo equipo anunciar medidas de auténtico calado en la reforma del sistema institucional. Ayer sucedió por fin.
Hubo compromisos de todas clases por parte de la vicepresidenta, y todos ellos, o la gran mayoría, eran dignos de apoyo. Pero la mayor carga de profundidad contra la corrupción del sistema, que es lo que en España estamos padeciendo desde hace décadas, la lanzó Soraya Sáenz de Santamaría en el último minuto de su larguísima comparecencia en el Congreso.
En resumen: a partir de ahora, y en materia de respeto y garantía de la separación de poderes en el Estado, regresamos a los primeros años 80. Volvemos al comienzo de la andadura de la España constitucional.
Aquella reforma de junio de 1985 por la que el gobierno socialista cambió el sistema para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de modo que todos fueran elegidos por el Parlamento, no ha tenido desde entonces más que una consecuencia, sólo una, y además nefasta: que los partidos políticos han estado intentando insaciablemente meter cuchara entre los jueces. La metieron hasta el mango en el CGPJ, no digamos ya en el Constitucional, que se ha convertido en un espectáculo indecoroso, y siguen intentando fieramente meterla también en el Tribunal Supremo.
Así que en España llevamos más de 25 años viendo cómo un cambio legislativo tan aparentemente apropiado, tan democrático, tan de «respeto a la voluntad popular» y tan ajustado a la representatividad del Parlamento ha sido en realidad el modo más tramposo de apalancar la influencia y el control del Poder Legislativo -y, por lo tanto, del Ejecutivo- en el ámbito del Poder Judicial.
La independencia judicial ha estado desde entonces amenazada. Y que no se siga diciendo que esa elección parlamentaria proporcionaba a los elegidos una vitola más democrática. Falso: ese procedimiento de elección se ha convertido en un lamentable y pernicioso reparto por cuotas que no ha hecho más que desprestigiar a la Justicia y generar tensiones y conflictos entre sus miembros y en la sociedad.
Basta ahora con que recordemos cómo se clasifica hoy en día a los jueces, a los miembros del CGPJ y a los magistrados del Constitucional: éste es del PP y éste del PSOE. Es decir: veneno puro desde el punto de vista de una democracia que pretenda ser real y no sólo de nombre.
Lo que Felipe González se atrevió a hacer amparado en la fuerza inmensa que le daban sus 202 diputados, y no se atrevió a deshacer Aznar con 183, sí se ha atrevido por fin a hacerlo Rajoy con sus 186. Bien. Aplausos. Ya era hora de que regresáramos a cumplir lo que dice verdaderamente la Constitución.
Y ahora un rápido apunte: la vicepresidenta tiene pegada política de calado. La habíamos visto en las sesiones de control al Gobierno, pero aquello era un visto y no visto en los que podía traerse aprendida la lección. Lo de ayer ya fue otra cosa. Quedó claro no sólo que es capaz de correr los 100 metros lisos, como ya sabíamos, sino que también tiene hechuras para ganar la maratón.
Margallo pide a Merkel que «tire del carro» de la Unión Europea
El ministro de Exteriores acusa a la canciller alemana de reaccionar siempre tarde
José Manuel García-Margallo volvió a sorprender ayer por el uso directo que hace del lenguaje diplomático. En una entrevista en Antena 3, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que Angela Merkel «reacciona siempre un cuarto de hora más tarde de lo que hay que reaccionar» ante la aguda crisis que atraviesa la Eurozona desde hace tres años.
Margallo reclamó a la canciller que «tire del carro» igual que los países que ahora sufren lo hicieron después de la II Guerra Mundial, cuando los alemanes tenían un país devastado por la contienda y necesitado de levantarse desde cero: «Alemania puede hacer un esfuerzo, estimular su demanda interna, su consumo, para tirar del carro de todos los que estamos atascados, como nosotros tiramos del carro cuando ellos hicieron la reconstrucción y tuvieron que apretarse el cinturón».
Según fuentes diplomáticas, se trata de la forma de hablar «espontánea y directa» que tiene el nuevo representante de la política exterior española. Hace una semana, Margallo le hizo una broma a un eurodiputado británico que tuvo mucha repercusión en España. «¡Gibraltar, español!», le espetó el ministro, que ha sido eurodiputado 17 años, a su amigo Charles Tannock, que es también el representante del Peñón en la Eurocámara.
Ayer, usó el mismo tono jocoso al referirse a la canciller, e incluso llegó a afirmar que se lo decía «con todo el cariño». Lo hizo, eso sí, el mismo día en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que España no podrá cumplir con su objetivo de déficit del 4,4% del PIB en los próximos dos años. Nuestro país, como el conjunto de la zona euro, entrará en recesión en 2012 y para cumplir con la Comisión Europea tendría que volver a imponer duros recortes.
Fuentes diplomáticas afirman que, a pesar del aparentemente «brusco» mensaje de Margallo de ayer, su posición de fondo es bien conocida: «España cree que Alemania reacciona tarde y mal, y así lo ha demostrado en Grecia».
En su entrevista en Antena 3, Margallo afirmó que, «si se hubiera acudido al salvamento de los griegos cuando comenzó la crisis, no estaríamos donde estamos. Sin embargo, ahora cada día que pasa será peor, es una enfermedad que avanza y si no se corta a tiempo la terapia es mucho más dolorosa».
Margallo, un hombre profundamente europeísta, es firme partidario de que la Unión Europea incremente su capacidad de rescate (el llamado firewall económico), de los eurobonos y de la unión fiscal. Puntos todos vistos con aversión desde Berlín.
En su entrevista de ayer, instó de nuevo a la Unión para que dé «una señal política de verdad» para «salvar el euro». Eso pasa, dijo, «por mutualizar la deuda».
Margallo ha sido el primer miembro del nuevo Gobierno del PP en afirmar que era necesario hacer algo más que aplicar recortes para crecer económicamente y crear empleo. Ayer volvió a reafirmarse: «Hasta el momento, la UE sólo se ha fijado en uno de los tres pilares para crecer, el de la austeridad». El cree, sin embargo, «que hay que hacer algo más para crecer, si no esto no servirá para nada».
El esfuerzo, de nuevo, se centra en Berlín: «Hay que convencer a nuestros socios, sobre todo a los alemanes, de que algo hay que hacer para contener la hemorragia de la deuda pública».
Mañana, el presidente Mariano Rajoy tiene previsto entrevistarse y almorzar en Berlín con la aludida canciller Merkel.
posted by e-pesimo | 08:29
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