RAJOY RECIBE DEL PSOE UN ESTADO EN QUIEBRA: Zapatero cierra su mandato con 5.273.600 parados/ Las CCAA que no cumplan serán intervenidas.
La crisis destruye 3.875 empleos al día
El paro aumentó en 295.300 personas en el cuarto trimestre de 2011 hasta 5.273.600
Casi la mitad de los jóvenes no tiene trabajo y representan uno de cada tres parados
El mercado laboral ya está descontando, en términos de destrucción de empleo y de aumento del paro, la dureza de la doble recesión a la que llegará la economía a finales de marzo. Así, en plena contracción económica (el INE confirmará el lunes el decrecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2011), la falta de actividad y de expectativas destruyó 384.700 puestos de trabajo (2,5 veces más que en los tres meses precedentes); un volumen que no se producía desde el primer trimestre de 2009. Es decir, según los datos que ayer facilitó la EPA, en este periodo se dilapidaron 3.875 empleos diario. Mientras, el paro creció en 295.300 personas (el doble que en el trimestre anterior) a una media diaria de 3.281, hasta alcanzar otro nuevo máximo: 5.273.600, cifra que se eleva a 5.319.500 en términos desestacionalizados.
La tasa de desempleo repuntó de golpe en 1,3 puntos en este periodo hasta situarse en el 22,85%. Desde el primer trimestre de 1995 no se producía un registro similar. Y es en el colectivo de jóvenes donde la estadística demuestra el lado más dramático de la situación. Casi la mitad, el 48% de los jóvenes menores de 30 años, se encuentra ya en paro frente al 17% existente al inicio de la crisis a finales de 2007. El paro en este colectivo ha crecido en 30 puntos. La gravedad se acentúa en los grupos con menor edad. Así, la tasa de paro entre los jóvenes entre 16 y 19 años alcanza el 69,4%; al 44,45 llega la de quienes tienen entre 20 y 25 años; y al 28% entre el colectivo de 25 y 29 años. Todas ellas se encuentran muy por encima de la media nacional, que ha aumentado en casi 14 puntos desde el inicio de la crisis (22,85% frente al 8,03%).
Otro dato importante es que casi un tercio del conjunto de parados (más de 1,6 millones) tienen menos de 30 años. De ellos, el 43% (687.000) llevan buscando empleo más de un año y, de esta cifra, más de la mitad (325.000) se les considera ya parados de larga duración ya que suman más de dos años intentado encontrar un puesto de trabajo.
El drama también se acentúa en algunas autonomías. De esos casi 5,3 millones de parados, casi 1,3 millones (el 24%) se encuentran en Andalucía, que lidera el ranking de la tasa de paro hasta alcanzar el 31,23% (más de nueve puntos por encima de la media nacional). Es decir, uno de cada cuatro parados españoles está en Andalucía y uno de cada tres andaluces está en desempleo.
A pesar de la alarma que crean estas cifras, el paro hubiera superado ya los 5,5 millones en este trimestre si no se hubiera prolongado, por ejemplo, la recogida de la aceituna o la vendimia, ya que la agricultura es el único sector que no registra aumento de paro. Pero lo que más ha evitado un registro similar a los de 2008 (el paro aumentó en el cuarto trimestre en 609.000 personas) es otro nuevo descenso de la población activa, que ya acumula siete trimestres consecutivos de caída. En el lado opuesto, crece el número de inactivos (los que no trabajan ni piensan hacerlo).
Es decir, hay menos personas entre 16 y 65 años que dice no estar dispuesta a trabajar porque sabe que no va a encontrar un empleo. Este efecto desánimo se está acentuando, ya que la población activa decreció en 53.400 personas en este trimestre, hasta 22,3 millones de personas, frente al descenso de 2.100 en el trimestre anterior.
Sin embargo, como consecuencia de la presión sobre los planes de estabilidad en CCAA y ayuntamientos, el sector público -que ha iniciado demasiado tarde su ajuste- empieza a sumarse a esta tormenta perfecta del desempleo. Por primera vez desde que comenzó la crisis, y en la historia, el empleo público decreció, en concreto en 84.500 personas. Por tanto, uno de cada cuatro empleos destruidos en este periodo era público, aunque las administraciones aún acumulan 3.136.100 efectivos, 204.200 más desde que empezó la crisis. Mientras, en el sector privado hay 2,7 millones de empleos menos.
Que la situación ha empeorado aún más, lo demuestra otro dato: si en un año se han destruido 600.600 empleo, sólo en el último trimestre se volatilizaron 348.700, 248.800 más que en el trimestre anterior y 210.200 que en los últimos tres meses de 2010.
El recorte de empleo por la falta de actividad se concentró en los servicios, en los hombres y entre los más jóvenes. Por ejemplo, a pesar de la campaña navideña, el empleo se redujo para 91.200 personas con menos de 30 años. Curiosamente, se observa una menor destrucción en los grupos de edad laboral más avanzada -quizá las empresas optan por su experiencia-. Un ejemplo: el empleo aumentó en 15.000 personas en los mayores de 65 años.
Y que de momento la situación no va a cambiar, lo anticipa el dato de la contratación. En este último trimestre del año se hicieron 246.000 contratos temporales y 104.200 indefinidos menos que en el anterior. Por si había dudas del ajuste, a finales de 2011 sólo quedaban 11.088.700 personas con contrato fijo, 417.800 menos que hace un año. La cifra de trabajadores temporales era de 3.704.400, 245.000 menos que en diciembre de 2010.
La reforma laboral irá «más allá» del acuerdo salarial
Cambiará la negociación colectiva, los contratos y las prestaciones de desempleo
Los 5,27 millones de parados que ha contablizado la Encuesta de Población Activa (EPA) han forzado al Gobierno a «acelerar» la reforma laboral. No sólo trabaja «con mayor intensidad» en ella, como reveló ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sino que, además, irá «más allá de lo acordado» por la patronal y los sindicatos en su último gran pacto, según adelantó el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.
Tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría aseguró que el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) hasta 2014 tendrá una «importancia especial» en la reforma y destacó que «por primera vez» vincule el alza de los salarios al crecimiento económico y a la competitividad de las empresas. Pero, sobre el texto que prepara el Gobierno, se limitó a repetir que introducirá «mecanismos de flexibilidad» en las empresas «para permitir que se mantenga el empleo».
Jiménez Latorre fue un poco más preciso. Y anunció una reforma «completa, equilibrada y valiente». Completa, porque tocará la negociación colectiva, la contratación y las políticas activas -cursos de formación- y pasivas -prestaciones- de empleo. Valiente, porque «llegará hasta donde sea necesario» para eliminar los «problemas estructurales» del mercado laboral español.
Aun así, el secretario de Estado elogió el acuerdo salarial «sin precedentes» alcanzado por los agentes sociales. En concreto, resaltó también que vincule salarios y productividad, y que permita a las empresas en crisis descolgarse -dejar de aplicar- las condiciones de trabajo y sueldo pactadas en su convenio sectorial.
En favor de la reforma laboral como solución a las «horribles» cifras del paro se pronunciaron ayer igualmente las patronales CEOE y Cepyme, las cámaras de comercio y las asociaciones de autónomos. Las dos primeras, que la reclaman con «urgencia», firmaron hace tres días con los sindicatos el acuerdo salarial. El presidente del área laboral de CEOE, Francisco Aranda, fue más dramático al apuntar que en 2011 se perdieron casi 70 empleos por hora y calificar de «emergencia nacional» que se apruebe «ya» una reforma laboral «profunda».
En la misma dirección apuntó, además, el consejero del Banco Central Europeo (BCE) José Manuel González Páramo, en TVE. «La prórroga se ha acabado», sentenció, «la cifra que arroja la EPA es poco aceptable, y no es más que un reflejo de nuestras rigideces».
Por el contrario, tanto UGT y CCOO como el PSOE e Izquierda Unida culparon a las políticas de ajuste del déficit del deterioro de la situación económica y del empleo. El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, tachó de «sinsentido» y de «absurdo» la intención del Ejecutivo de incluir la negociación colectiva en la reforma laboral, informa Servimedia. «Lo esencial ya está trazado en el acuerdo», explicó. «El problema está en cómo reactivar la economía», abundó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. «Ningún empresario contratará a un nuevo trabajador -por muy barato que sea-, si no logra sacar adelante la producción de su empresa», advierte el sindicato.
El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, también clamó contra los ajustes y auguró que, sin políticas de crecimiento económico, la destrucción de empleo continuará. Para el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, el Ejecutivo tiene que decir ahora al país qué debe hacerse para evitar que crezca el paro, después de haber repetido «en muchas ocasiones», cuando aún estaba el PP en la oposición, «lo que no debía hacerse». Erkoreka criticó a los populares por «retrasar excesivamente» sus planes contra el desempleo.
Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo presentará «inmediatamente» la reforma del sistema financiero y, después, la laboral.
Mientras la escuela de negocios Esade coincidió en el análisis negativo de las cifras de paro reveladas por la EPA, la única nota optimista la puso ayer el portal Infojobs, que espera un «pequeño repunte» del empleo a final de año. A su juicio, además, se producirán entonces un punto de inflexión hacia un nuevo periodo de «moderada recuperación».
En cualquier caso, tras señalar las tecnologías de la información y la investigación de mercados como los sectores donde ve las principales oportunidades de trabajo, Infojobs termina recomendando a los parados españoles que busquen trabajo en el extranjero: «Es un buen momento».
Las CCAA que no cumplan serán intervenidas
El Ejecutivo impondrá el déficit cero para las autonomías a partir de 2020
Déficit cero, vigilancia férrea de sus cuentas, multas y, llegado el caso, una intervención. A partir de 2020 así será el proceso al que someterá el Gobierno central a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un plan más duro que el que desde Bruselas se pide a España y de lo estipulado incluso por Rajoy y Zapatero en la reforma constitucional del pasado verano.
Lo explicaron ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, desde La Moncloa, aunque, minutos antes, lo había adelantado desde Davos (Suiza) el ministro de Economía e Innovación, Luis de Guindos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo. Según lo avanzado, el Ejecutivo quiere «garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones, fortalecer la confianza en la economía española y reforzar los compromisos con la UE». Y para ello dice estar dispuesta a meter mano en las CCAA, pero sin tocar su «autogobierno».
Si una comunidad o corporación local incumple sus objetivos de déficit, el Gobierno «exigirá la presentación de un plan económico-financiero a un año». Y si éste se incumple de nuevo, se aprobará de forma automática «una no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento». A partir de la próxima década, el Estado tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de déficit para «autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o para suscribir convenios». Pero además, cerrará el grifo a los que despilfarren. Para empezar, las posibles sanciones que imponga la UE serán «asumidas por la administración responsable». Después, los incumplidores crearán un «depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal». Si transcurridos seis meses persiste el incumplimiento, «el depósito se podrá convertir en multa». Y a los nueve, si nada ha cambiado, Hacienda enviará «delegaciones a la administración incumplidora para actuar».
«La visita no será amable» explicó Montoro, sino que «es una forma de intervención, lo mismo que la Troika» ha hecho en Grecia o Portugal. Con un guión muy claro: «poner deberes, trabajar en paralelo con la administración afectada y hacer los ajustes». Es decir, que el Gobierno central «impondrá recortas específicos» en las partidas presupuestarias que estime oportuno. «Ése es el espíritu de la ley. Exactamente eso, devolver la estabilidad», señaló Montoro. Será «una intervención no agresiva», matizó la vicepresidenta.
Montoro afirmó que esta ley, más que castigar, lo que trata es de impedir es que «haya sanciones a España». Por ello, ninguna administración «podrá incurrir en déficit estructural», salvo si hay «reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo», en cuyo caso se autorizaría «un déficit estructural del 0,4% del PIB». O bien en «situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, una recesión económica» o una categoría más imprecisa, una «situación de emergencia extraordinaria».
Al mismo tiempo, las administraciones no podrán aumentar su gasto por encima de la tasa de crecimiento del PIB -tal y como refleja la actual normativa europea-. Pero, sin embargo, si España sufre una recesión del 1,5% este año, como pronostica el Banco de España, el ajuste no deberá ser igual. «Es la única excepción», explicó Montoro.
Mientras, hasta 2020 el Gobierno apuesta por «ir reduciendo la deuda pública» cuando «la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva». Más concretamente, «cuando se alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá, como mínimo, en dos puntos del PIB», mientras que el déficit del conjunto de las administraciones lo haría en un 0,8% del PIB. Eso sí, los máximos responsables del Ejecutivo no señalaron en qué año creen que esto pueda ocurrir.
El Gobierno frena las ayudas a las renovables para combatir el déficit
El ministro de Industria afirma que es 'temporal' y no afecta a las instalaciones en activo
Abrió la veda, el pasado día 5, Portugal, un país que ha sido rescatado y a cuyo nuevo Gobierno no le tembló el pulso a la hora de aprobar una moratoria al desarrollo de las energías renovables. También hay nuevo Ejecutivo en España y no ha tardado en seguir la misma senda, por poco glamourosa que parezca en una Europa que, obsesionada por ir vestida de verde, ha abanderado una lucha contra el cambio climático que, a nivel mundial, ha resultado un tremendo fracaso por el pasotismo reiterado de las grandes potencias económicas, EEUU y China.
Pero lo que toca ahora es demostrarle a Europa, en especial a la canciller alemana Angela Merkel, al FMI y a los mercados financieros que en España no se va a permitir que por ninguno de los sumideros de gasto por los que antes se escapaban millones y millones sin control ahora se escurra ni un euro. Llámense comunidades autónomas, ayuntamientos, nuevos AVE o primas a las energías renovables. Para todos ellos, públicos o privados, el grifo se ha cerrado.
En ese contexto, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto ley en materia energética que recoge un parón total a la puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables con prima. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que se suprimirá el prerregistro de retribución de los proyectos renovables, así como todos los incentivos económicos no sólo a estas energías (eólica, fotovoltaica, termosolar...) sino también a la cogeneración (industrias que aprovechan el calor sobrante de sus procesos para generar energía) y a la generación eléctrica a partir de residuos. La medida se enmarca en la necesidad de «contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público», defendió el ministro.
El que quiera desarrollar nuevos parques eólicos o huertos solares, que lo haga, pero será sin ayudas externas. Pese a lo drástico de la medida, Soria trató de amortiguar su impacto al dejar claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es «temporal» y no afectará a las instalaciones que ya están en marcha, a las primas ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros. «No hay retroactividad», sentenció el ministro, que aclaró que su objetivo es frenar un déficit de tarifa imparable, que ya supera los 24.000 millones de euros, y que se ha creado porque desde principios de la década pasada el precio de la luz ha sido inferior al coste real de producirla.
Y las primas son la parte mollar de esos costes, aunque no la única. Según Soria, el déficit crece anualmente entre 3.000 y 4.000 millones de euros y corre el riesgo de convertiste en un problema financiero para un país que ya carga sobre sus espaldas con otros problemas financieros mucho más desasosegantes.
Las primas o subvenciones al régimen especial superaron el pasado año los 6.400 millones(aquí se incluye también la cogeneración, que no es en puridad renovable) y en 2012 podrían ascender a 7.200 millones. Del monto total, un 71 % estaría destinado a retribuir a las renovables (27 % a la eólica y 44 % a la solar) y el resto a la cogeneración y a la producción con residuos. Para el Ejecutivo, esto es insostenible.
«Es sólo un primer paso», que forma parte de un «paquete más amplio», aclaró Soria, que ya ha avisado a las compañías eléctricas, las que financian ese déficit y luego lo cobran a través del recibo, de que tendrán que contribuir también a pagarlo. Eso sí, para evitar guerras con un lobby tan poderoso como éste, dijo que ni se ha planteado aplicarles una quita de esos gravosos 24.000 millones ni la implantación de una tasa nuclear.
Pero la decisión es un varapalo a dos de las grandes, Iberdrola y especialmente Gas Natural Fenosa, que habían exigido reiteradamente esa moratoria, pero sólo para las energías fotovoltaica y termosolar. Nunca para la eólica, donde son dos de los productores principales.
El titular de Industria explicó ayer que la decisión de paralizar la concesión de primas no pone en riesgo la seguridad de suministro del sistema eléctrico e insistió en que la apuesta del Gobierno por renovables seguirá siendo «firme». Actualmente, con la fuerte caída de la demanda por la crisis económica, hay sobrecapacidad de producción eléctrica en España. En los momentos de mayor consumo, se puede producir el doble de lo que se demanda.
Para este año, ya está aprobada la instalación de unos 1.700 MW eólicos y 500 MW termoléctricos. Se quedarán fuera del sistema los 500 megavatios que han solicitado entrar en el prerregistro, lo que supondrá un ahorro de 160 millones de euros sólo este año. Sobre los próximos ejercicios no hay datos.
El Gobierno devolverá los avales a las instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma y a las inscritas que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación. El sector removable se mostró ayer «sorprendido» por la medida.
P&R
Quién gana y quién pierde con la medida
De ser un sector de moda, las energías renovables han pasado a convertirse en un elemento de disputa pública por el alto coste de su desarrollo. El hachazo de Soria, ¿a quién beneficia y a quién perjudica?
Compañías tradicionales versus empresas verdes
El lobby eléctrico (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) ha liderado una guerra contra las renovables y ahora logra parte de sus pretensiones. Estas empresas tienen que cargar con la financiación del déficit de tarifa, causado por la mayoría de los costes del sistema, incluidas las renovables, y creen que España ahora no puede permitirse este dispendio económico. Su argumento lo ha comprado el Gobierno, pero con una píldora envenenada: la moratoria afectará a todas las energías verdes, en contra de lo que defendían Iberdrola y Gas Natural, que querían que el sector eólico no se viese afectado.
¿Esta decisión acaba con la industria renovable en España?
Un poco, pero sectores como el fotovoltaico ya se habían reestructurado tras los fuertes recortes de las primas aplicados por el anterior gobierno, aunque ahora será más duro. El eólico mira más hacia mercados internacionales que al nacional, en el que hay pocas oportunidades. Y el termoeléctrico, muy caro y poco productivo, ve cercenado su desarrollo radicalmente, lo que afecta a grandes empresas como Acciona, Abengoa o ACS y a muchas pequeñas.
¿Es esta decisión un impulso indirecto a la energía nuclear?
No. El Gobierno tiene claro que Garoña seguirá abierta hasta 2019 y que si el resto de reactores cumple con los requisitos de seguridad tendrán una vida útil superior a los 40 años. Pero el Ejecutivo no pretende fomentar el desarrollo de más potencia cuando el parque de generación eléctrica están tan sobredimensionado que duplica, en los momentos de máximo consumo, lo que se demanda. La culpa, de la crisis económica y la caída de la demanda energética industrial en España.
¿Cómo afecta al consumidor y al precio de la luz?
No hay duda que el alto coste de las renovables ha incidido en que la luz sea más cara. Pero, para evitar que el recibo se dispare, los gobiernos trasladan la mayor parte de su coste al déficit de tarifa, que asumen las eléctricas, y que se va pagando anualmente en el recibo. Cuanto más baratas sean las renovables, menos afectará al recibo, pero a cambio son buenas en la lucha contra el cambio climático y han creado una industria nacional de alto componente tecnológico. Algunos expertos creen que lo mejor es frenar ahora su desarrollo para recortar el déficit. Otros defienden que son necesarias para cumplir con los objetivos europeos.
posted by e-pesimo | 09:08
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