CORRUPCIONES SOCIALISTAS: La Junta de Andalucía ...caminito de Jerez. La prisión de su Consejero pone de nuevo a Griñán a la puerta de la cárcel

ANTONIO SALVADOR SEBASTIÁN TORRES SEVILLA

25/04/2012 PORTADA

La prisión de su consejero pone de nuevo a Griñán en la picota

La juez Alaya acusa a Fernández de «regalar fraudulentamente» el dinero de los ERE a personas «próximas al PSOE andaluz»
Lo envía a la cárcel, acusado de seis delitos, por considerar que existe «riesgo de fuga y de entorpecer la instrucción»
Los socialistas califican la medida de «desproporcionada» y UGT asegura que la decisión «estaba ya predeterminada»

. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, está de nuevo en la picota por la trama de los falsos ERE, tras el ingreso en prisión de un antiguo miembro de su Gobierno acusado de seis delitos.

El interrogatorio al ex consejero de Empleo Antonio Fernández muestra una de las líneas en las que trabaja la juez Mercedes Alaya: definir el conocimiento de los presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves sobre la instauración de un sistema «arbitrario», que permitió «regalar» fondos públicos a personas y entidades del entorno de cargos del PSOE andaluz y de la Junta.

Griñán y Chaves ocuparían el último peldaño de la pirámide a la que, metafóricamente, la magistrada se ha referido en algunos autos.
El auto por el que la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional del ex consejero Antonio Fernández resulta demoledor para él y comprometedor para José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La Junta de Andalucía ideó el fondo de reptiles para «institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de las ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos y poder regalar las ayudas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz».

Algunas de las más destacadas receptoras de las ayudas eran meras «empresas pantalla sin actividad ni trabajadores», cuyo único mérito era que «pertenecían al ámbito personal o político del PSOE».

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cree que ésa fue la finalidad con la que el 17 de julio de 2001 se firmó un convenio marco de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que supuso en la práctica la creación del fondo de reptiles.

Fernández, firmante de aquel convenio como presidente del IFA y viceconsejero de Empleo, lo ideó y elaboró indiciariamente «junto a otros, superiores y asesores externos, con la finalidad de dotar a la Consejería de Empleo de un sistema operativo propio» para «eludir ilícitamente los importantes controles que podía ejercer la Intervención». «La auténtica finalidad -prosigue el auto- no sería otra que evitar los severos controles que la Intervención General de la Junta de Andalucía imponía para las subvenciones».

Entre 2001 y 2010, ese «sistema operativo propio» ascendió a casi 700 millones de euros, de los que la Consejería de Empleo dispuso «bajo el signo de la más absoluta discrecionalidad», beneficiando a personas y entidades «próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz».

La Administración está obligada a manejar sus fondos y conceder sus ayudas atendiendo al «interés general, el principio de eficacia, racionalidad, imparcialidad, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima de los ciudadanos y no discriminación de los mismos». Pero, en lugar de ello, la Consejería de Empleo escogió a los beneficiarios de los casi 700 millones del fondo de reptiles «por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés».

La juez considera que el ex consejero Fernández -al que envió a prisión a primera hora de la mañana de ayer martes acusado de seis delitos, por considerar que existe «riesgo de fuga» y por «entorpecer la instrucción»- fue impulsor y, por ende, conocedor, del fraude mediante una fórmula ilegal en el reparto de los fondos públicos, que mantuvo «en connivencia con otros» a pesar de las advertencias reiteradas de la Intervención General.

En este punto, la juez apunta claramente al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al señalar que Fernández era «perfecto conocedor» de la actuación de la Intervención porque «le fue comunicada personalmente en su condición de Consejero de Empleo, junto a titulares de otras consejerías». Y ahí alude implícitamente a Griñán, al que se remitieron algunos de esos informes durante su etapa de consejero de Economía y Hacienda.

La juez Mercedes Alaya establece una relación directa entre la invención del fondo de reptiles y el reparto de ayudas a empresas relacionadas con el ámbito del PSOE.

El auto recoge que Fernández, de manera indiciaria, «propició la concentración de ayudas directas a empresas por la sola razón de que las mismas, sus titulares o sus socios pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz».

Es el caso de un grupo empresarial de la Sierra Norte de Sevilla que, según la juez, «surgiría y se desarrollaría auspiciado por los titulares de la Consejería de Empleo». Ésta le concedió 29,1 millones de euros, a pesar de que «muchas» de sus sociedades «eran empresas pantalla, sin actividad ni trabajadores, utilizadas para captar ayudas públicas para el enriquecimiento personal».

De esa cantidad, se destinaron 18,5 millones «a empresas que nunca llegaron a tener actividad». Entre esas sociedades, la magistrada destaca Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, que tuvo tres trabajadores entre 2003 y 2006, pero recibió cuatro subvenciones por un montante de 2.051.518 euros.

De los tres trabajadores de la empresa en el tiempo de las subvenciones, dos eran Sonia Viera, hija del entonces consejero de Empleo, y Jesús Caballo, hijo del entonces portavoz parlamentario del PSOE andaluz, José Caballos.

>Videoanálisisde Francisco Rosell.

Mª. AMELIA BRENES JAÉN

25/04/2012 ESPAÑA

Arenas dice que el caso ya llega a la «antesala» de los presidentes

.El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, aseguró ayer que «las responsabilidades ya han llegado a la antesala de los presidentes de la Junta de Andalucía» en el caso de los ERE irregulares, con el ingreso en prisión preventiva del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al que no llegó a nombrar directamente.

En su intervención en la reunión del consejo de dirección del grupo parlamentario de su formación, en el municipio jiennense de Andújar, el popular afirmó que, frente a la «gran farsa» que «intentaban decirnos» de que «todo empezaba y acababa en un director general», el desvío de fondos destinados a ayudas laborales era «una práctica institucionalizada y organizada desde el propio Gobierno».

Por ello, instó una vez más al presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, a comparecer en la Cámara andaluza para dar explicaciones sobre el que Arenas considera el «mayor escándalo de la historia autonómica», que «no se puede volver a repetir».

«Gastaban el dinero de los ERE -dijo- como si no fuera de nadie y olvidaban que ese dinero era de todos los andaluces y que estaba destinado a los trabajadores y a los parados». El líder de los populares andaluces manifestó que, «a medida que sabemos más, más graves son los fraudes y los abusos cometidos».

Igualmente, señaló que nadie puede entender que el PSOE haya negado hasta en 10 ocasiones la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.

IU: hasta el final
Por su parte, el coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, aseguró ayer que la Justicia tiene que llegar «hasta el final» en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo, «alcance a quien alcance, para que la ciudadanía se quede tranquila y satisfecha de que se ha hecho un trabajo para esclarecer uno de los elementos más negativos de la corrupción que ha tenido nuestra comunidad».

Así se pronunció Valderas, en declaraciones a Europa Press, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga este caso, haya ordenado el ingreso en prisión sin fianza del ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras cuatro días de interrogatorio.

El líder de IU-CA, que apuntó que la Justicia ha debido advertir «elementos y razones» como para enviar al ex consejero a prisión, dijo no querer opinar sobre el planteamiento de la magistrada. «Lo que sí creo», dijo, es que la Justicia tiene que llegar al final y que también es importante que el Parlamento vaya a empezar a trabajar y a investigar desde el plano político y administrativo». «La Justicia sigue inexorablemente su curso y debe seguirlo caiga quien caiga», señaló Valderas .