CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Trama Andalucía; Trama Baleares; Trama Cataluña
'CASO ERE'
La juez Alaya sugiere el «interés» de Iván Chaves en el cierre de Riotinto
La instructora lo vincula con una urbanización de lujo sobre suelos de la mina
La juez Mercedes Alaya relacionó ayer con la trama de los ERE un proyecto urbanístico vinculado a Iván Chaves Iborra, hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves; al ex consejero de Obras Públicas, Política Territorial y Economía Jaime Montaner; al abogado Javier Pérez-Royo y a su socia de despacho profesional Amparo Rubiales, ex delegada del Gobierno en Andalucía con el PSOE y amiga íntima de Manuel Chaves.
En la segunda jornada del interrogatorio al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sugirió el «interés» de Chaves Iborra, Montaner, Pérez-Royo y Rubiales, a los que vinculó a la empresa Rumbo 5 Cero, en el proyecto de construir una urbanización de lujo con campo de golf de 18 hoyos sobre suelos de la antigua mina de Riotinto. La crisis del ladrillo obligó a guardar el proyecto en un cajón.
La juez Alaya pilló por sorpresa a Fernández y a la veintena de letrados presentes en el interrogatorio cuando le preguntó si conocía dicho «interés», a lo que el ex consejero de Empleo contestó que no.
La mina cerró a finales de los años 90 del pasado siglo y la Junta de Andalucía prejubiló a sus trabajadores a partir del 1 de octubre de 2003 con cargo al fondo de reptiles.
A partir de ese momento, la mina quedó desmantelada en la práctica y salieron a la venta sus activos. Dos años después del ERE, en diciembre de 2005, en una subasta de la Agencia Tributaria, la empresa Rumbo 5 Cero se hizo con 1.200 hectáreas embargadas a la antigua Minas de Riotinto por sólo 2,8 millones de euros.
Detrás de la sociedad Rumbo 5 Cero estaba el empresario Severiano López Martín, ex asesor fiscal de Juan Guerra y dueño del grupo empresarial Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales, a la que estaba vinculada contractualmente la empresa Cexmark Soluciones, con la que Iván Chaves operaba como comisionista.
Según las informaciones publicadas hace un año, cuando estalló el caso Iván Chaves, éste también mantenía relaciones contractuales con Estudio Jurídico Itálica, el despacho profesional de Javier Pérez- Royo y Amparo Rubiales. Además de Jaime Montaner, los nombres que citó ayer la juez Alaya.
Las 1.200 hectáreas que el empresario Severiano López, a través de Rumbo 5 Cero S.L., compró en una subasta por 2,8 millones de euros son los suelos más interesantes de la antigua mina.
Desde el punto de vista urbanístico lo son, porque lindan con la trasera del barrio Bellavista de Riotinto y es una zona natural de expansión del municipio. El arquitecto Jaime Montaner era el responsable de la redacción del proyecto, que incluía un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de hasta 100 habitaciones, un complejo sanitario especializado en el tratamiento del Alzheimer, un parque empresarial y una reserva de viviendas de protección oficial. Todo ello supondría una inversión de 200 millones de euros, según se anunció entonces.
Desde el punto de vista minero, los suelos de Rumbo 5 Cero son igualmente estratégicos, ya que concentran más del 54% del terreno de las presas de Aguzadera, Gossan y Cobre de Riotinto. La multinacional chipriota Emed Tartessus, que está tratando de obtener los permisos de la Junta para reanudar la explotación en la parte de suelos que posee de la antigua mina, sólo cuenta con menos del 34% de las balsas. Por tanto, para retomar la actividad de la mina -posibilidad que está empezando a cobrar fuerza de nuevo- habría que contar con Rumbo 5 Cero.
Ésta pagó 2,8 millones por las 1.200 hectáreas y ya han salido informaciones que apuntan que la sociedad habría tasado la finca en 60 millones de euros para vendérsela a la multinacional Emed Tartessus.. COLOM M. J. GARCÍA PALMA
'CASO SOIB'
Intervención ya alertó al PSOE en 2010 de «graves deficiencias» en la gestión socialista con el dinero del paro
Un año y medio antes de que la Unión Europea suspendiese el trasvase de 38,7 millones de euros públicos del Fondo Social Europeo (FSE) para promover medidas contra el desempleo en Baleares por culpa de las «graves deficiencias» en la gestión del dinero, la Intervención General de la Comunidad Autónoma que entonces presidía Francesc Antich (PSOE) ya alertó exhaustivamente del descontrol que existía sobre un organismo que manejó 169 millones de euros en cuatro años.No sólo eso. Seis inspectores designados por Intervención analizaron una a una las diferentes funciones del SOIB -Servicio de Ocupación de Baleares- y de la Dirección General de Ocupación y Formación, así como los mecanismos de gestión y chequeo existentes sobre los ya famosos fondos europeos; entregando a la postre dos completas auditorías a la Consejería de Trabajo.
Tras los resultados de esta auditoría y con el Pacte gobernando en Baleares, en diciembre de 2010, la Unión Europea advirtió de que «tenía previsto suspender los pagos intermedios» a no ser que se pusiera orden en el SOIB.
Les daba dos meses para «adoptar las medidas correctoras». Casi un año después, Bruselas cerraba el grifo: no habían visto mejoras. Pero a pesar de que fueron quienes primero conocieron el contenido de las auditorías, recibieron la advertencia y el encargo de dar el dinero con control, el PSOE balear, ya en la oposición, ha querido responsabilizar al Govern del PP del bloqueo.
Y ello, pese a las contundentes conclusiones de sus propias auditorías. De las 60 categorías en las que los interventores dividieron los cometidos del Gobierno autonómico en el reparto y gestión del dinero para combatir el paro -que, por otra parte, y pese a la inversión, no dejó de crecer y alcanza hoy las 98.000 personas-, 20 fueron puntuadas con la calificación más baja.
«Riesgo de irregularidades»
Los interventores dejaron por escrito que aquellas labores «esencialmente no funcionan» y que había un claro «riesgo de irregularidades» en el destino del dinero. Entre esas tareas suspendidas, una labor básica: verificar sobre el terreno si el proyecto subvencionado estaba ya en marcha.
El bloqueo de fondos de Bruselas es un varapalo desvelado por EL MUNDO que no constituye, sin embargo, más que la punta del iceberg: del resto de ayudas al empleo otorgadas desde el SOIB desde 2007 (de origen estatal y autonómico), restan aproximadamente 121 millones de euros públicos cuyo destino no ha sido revisado. O lo que es lo mismo, 1.528 expedientes de pago para cursos de formación a parados, programas de orientación y otras medidas encaminadas a rebajar la galopante tasa de desempleo.
'CASO URDANGARIN'
Una ex consejera socialista dice que se reunió con Urdangarin en 2005
Marina Geli declaró ante la Policía y el fiscal que este encuentro fue en 2007
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La última jornada de declaraciones de testigos del caso Nóos en Barcelona sirvió para aclarar los negocios que la entidad del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tenía con la Generalitat. Marina Geli, la ex consellera de Salud con el anterior Gobierno tripartito catalán, explicó ante el juez José Castro que tuvo un único encuentro con Urdangarin en 2005 en el que el duque le planteó la posibilidad de organizar un gran evento vinculado al deporte y a la sanidad creando la marca Barcelona, ya que se pretendía que la ciudad fuese capital de este proyecto. El punto más polémico de la declaración de Geli fue la rectificación que hizo respecto a este encuentro, ya que en su declaración de hace 10 días ante la Policía y el fiscal, Pedro Horrach, la ex consejera lo fechó en 2007 pese a que fue preguntada con insistencia. El mismo fiscal le volvió a interrogar ayer sobre esta reunión y Geli cambió su versión y dijo que fue en 2005.
La ex consellera explicó que en estos días había «consultado su agenda de entonces» y habló con su ex jefa de gabinete, que le ayudó a acordarse del encuentro. Marina Geli también quiso dejar claro que, tras esta reunión y pese a la insistencia del duque, rechazó el proyecto de Urdangarin, con un coste aproximado de tres millones de euros, ya que «no lo consideramos una prioridad desde el Departamento».
La actual diputada socialista en el Parlament también explicó que el duque se reunió con otros consejeros de aquella época del Gobierno catalán -el conseller en cap y responsable de Deportes, Josep Bargalló, y el de Economía, Antoni Castells- para hablar de este proyecto que no prosperó, aunque ella lo supo tras hacerse público en los medios de comunicación. Geli fechó estos encuentros anteriores a principios de 2006, ya que en esa época Bargalló abandonó la Generalitat.
Fuentes judiciales explicaron que esta rectificación con las fechas tiene interés, ya que Urdangarin dijo en su declaración ante el juez que se desvinculó de las actividades de Nóos a partir de marzo de 2006 por indicación de la Casa del Rey.
Geli también confirmó que en 2005 autorizó un convenio de colaboración entre su Departamento y el Instituto Nóos por el que se contrataba al médico Ignasi de Juan Creix por casi 35.000 euros como experto en materia de cooperación internacional en salud. La ex consejera afirmó que los trabajos de este doctor sirvieron para presentar ante el Gobierno catalán el plan director de Inmigración y Cooperación en 2006, que debía marcar las directrices de las políticas de la Generalitat en este ámbito.
La ex consejera dejó claro que Urdangarin fue a visitarle en nombre del Instituto Nóos y no por su relación con la Casa del Rey o con el F.C. Barcelona, club en el que desarrolló su actividad profesional.
posted by e-pesimo | 08:12
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