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lunes, 23 de abril de 2012

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Trama Andalucía


  • SEBASTIÁN TORRES ANTONIO SALVADOR SEVILLA
  • 23/04/2012 ESPAÑA

  • 'CASO ERE'

    Anticorrupción cree que la Junta montó un sistema para repartir fondos con «manos libres»

    La Fiscalía interroga durante cuatro horas al ex consejero de Empleo imputado
    Los socialistas no han dejado nada, sólo los despojos de 6 millones de parados
    La Fiscalía Anticorrupción concluyó ayer que la Junta de Andalucía montó un sistema para tener las «manos libres» en el reparto de fondos públicos en beneficio de determinadas personas y sin ningún control. Ésa fue la última pregunta que, tras cuatro horas de interrogatorio, formularon los fiscales al ex consejero de Empleo imputado por los ERE, Antonio Fernández.
    Las explicaciones técnicas que durante toda la tarde fue ofreciendo Fernández no debieron de convencer a la Fiscalía, a tenor de la última pregunta que, según letrados presentes, pareció formulada en tono de conclusión. «En definitiva, todo esto era un sistema montado para que la Junta de Andalucía, evitando la fiscalización previa y posterior, tuviera las manos libres para repartir fondos públicos en beneficio de determinadas personas físicas y jurídicas y en detrimento de todas las demás». El ex consejero contestó que no.
    Dos fiscales Anticorrupción sometieron ayer a un largo interrogatorio al ex consejero de Empleo, que versó sobre el sistema que se implantó en 2001 y que permitió repartir casi 700 millones de euros sin control durante casi una década, dando lugar en la práctica al denominado fondo de reptiles.
    El ex consejero Fernández había sostenido durante todo el interrogatorio que las ayudas concedidas con cargo al fondo de reptiles no había que publicarlas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que no requerían información ni convocatoria públicas previas a su concesión ni tampoco necesitaban ser publicadas después.
    A preguntas de los fiscales Anticorrupción, Fernández defendió que la opacidad del procedimiento no está reñida con la legalidad. Su estrategia consistió en esgrimir que, si bien la Ley de Subvenciones y la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía exigen publicidad y libre concurrencia, el «procedimiento específico» creado por la Junta no. Y sostuvo con insistencia que dicho sistema es legal.
    El sistema -al que Fernández se refirió siempre como «el procedimiento específico»- se creó con el convenio marco de colaboración firmado el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, representada por José Antonio Viera, y el Instituto de Fomento de Andalucía, representado por su entonces presidente, que era el propio Antonio Fernández. La juez Alaya sitúa en dicho convenio el origen del fondo de reptiles y del sistema que permitió usar casi 700 millones de euros en 10 años para pagar prejubilaciones y adjudicar ayudas a empresas sin transparencia.
    Ya el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en prisión desde el 10 de marzo, contestó durante el interrogatorio de la juez Alaya que, «como eran ayudas discrecionales y que no tenían publicidad, lo lógico es que se enteraran [de su existencia] personas del entorno de la Consejería de Empleo, personas del entorno de la Junta de Andalucía y personas del entorno de las organizaciones sindicales».

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