EDITORIALES: Ni sabotajes en el Metro ni acampadas ilegales

Interior tiene que garantizar el orden público

Ni sabotajes en el Metro ni acampadas ilegales

.EL SABOTAJE de ayer en el Metro de Madrid, cuando miembros del colectivo Toma el Metro accionaron a la vez y en plena hora punta los frenos de emergencia de 13 convoyes y provocaron el caos, tiene que ser investigado para castigar a los causantes del altercado.

Puede ser el inicio de una escalada de desórdenes, pues el 15-M pretende organizar una acampada en la Puerta del Sol para conmemorar el primer aniversario del movimiento aunque no esté autorizada.

Desde luego, hay que elogiar el sistema de seguridad del Metro, que permitió identificar inmediatamente a los saboteadores y la detención de algunos. Pero vienen tiempos en los que las protestas callejeras se reproducirán ante el descontento social, animadas por declaraciones irresponsables de dirigentes de la izquierda. Por eso, el Gobierno debe extremar la vigilancia para cortar de raíz cualquier intento de alteración del orden público. Hizo bien ayer Interior al advertir de que no permitirá la acampada ilegal.

26/04/2012

Las cartas boca arriba sobre las autonomías

.EL CONGRESO rechazó ayer las enmiendas a la totalidad de la ley de presupuestos con los votos de la mayoría absoluta del PP. Esta circunstancia llevó a la oposición socialista, los partidos de izquierda y los nacionalistas a subrayar la soledad parlamentaria del Gobierno. A esta consigna propagandística respondió Mariano Rajoy, con buen criterio, resaltando la fortaleza de su Ejecutivo en la Cámara y recordando que no en todos los países europeos sucede lo mismo, ya que hay gobiernos que no disponen de la mayoría absoluta para llevar a cabo las reformas necesarias con el fin de superar la crisis. Lo acabamos de ver en Holanda, donde el primer ministro liberal se ha visto obligado a convocar elecciones ante la negativa de sus socios de extrema derecha a votar en el Parlamento el plan de ajuste impuesto por la UE.

No hay duda de que si el PP no hubiera logrado una mayoría rotunda para aprobar las medidas de ajuste que se nos exige desde los organismos internacionales podríamos haber seguido la senda de Grecia o Italia, cuyos gobiernos fueron impuestos desde fuera. Rajoy, además, bien podría haber añadido aquello de que mejor solo que mal acompañado, dado que para contar con los votos de CiU habría tenido que ceder a la exigencia inasumible de transferir cientos de millones a la Generalitat, como reclama Artur Mas.
Dejando al margen la demagogia del PSOE y el resto de los grupos de izquierda, cuya alternativa a los presupuestos del Gobierno era directamente declarar a España insumisa ante las directrices de la UE, el debate parlamentario ha dejado sobre la mesa la crisis que se avecina para los próximos meses. El Ejecutivo, por boca del ministro de Hacienda, endureció ayer su discurso sobre las autonomías, una vez aprobada en el Senado la ley de estabilidad que permite intervenir las comunidades que incumplan las cifras de déficit. «Si hay que intervenir alguna autonomía que no esté en la senda de consecución del déficit público, se hará». Montoro incluso cargó contra los nacionalismos por «mirarse el ombligo» y les advirtió que está en juego «España y el propio euro». Seguramente no por casualidad, el Gobierno ha elevado el tono después de romperse la posibilidad de acuerdo con CiU para los presupuestos.

El discurso del Gobierno es el correcto y de ninguna manera puede permitirse el lujo de quedarse únicamente en la amenaza, cuando todos los informes de las instituciones europeas y mundiales indican que España está siendo castigada en los mercados por el descontrol del gasto autonómico. Los nacionalistas de CiU han querido ponerse la venda antes de la herida y durante toda la semana han insistido en que si el Gobierno decide intervenir Cataluña, Artur Mas convocará elecciones. Las cartas de ambas partes están, pues, sobre la mesa.

A nadie se le oculta la dificultad política que supone tomar la decisión de intervenir una comunidad autónoma. La catalana, por cierto, no es la única que se encuentra en el ojo del huracán. Las cuentas valencianas -hoy publicamos que la Fórmula 1 costará este año 40 millones- son el talón de Aquiles del PP. Ahora bien, el problema sería aún mayor si, habiendo impulsado una ley de estabilidad, el Gobierno no la aplicara por temor a las reacciones que pudiera provocar. Nadie lo entendería fuera de nuestras fronteras, que es donde tenemos que ir a buscar el dinero para financiarnos. Desde estas páginas hemos defendido una reforma del Estado desde su origen, que es la Constitución. El Gobierno ha optado por un atajo, pero ya no le queda más remedio que poner fin al descontrol por la vía de los hechos.

Ha sido el más votado en el centro derecha

El PP debe apoyar a Cascos en Asturias

LA DESCONCERTANTE decisión del PP de postular a Mercedes Fernández como candidata a presidir el Gobierno de Asturias es un error. El PP sólo es la tercera fuerza más votada y había alcanzado un acuerdo de investidura con Foro. Sin embargo, cada partido parece dispuesto a llegar a la votación de mañana en el Parlamento regional con su propio aspirante. Dijimos en su día que Cascos se equivocó al dividir el centro derecha y poner en riesgo el cambio en Asturias con la creación de Foro. Le criticamos también por convocar nuevas elecciones cuando no pudo aprobar los Presupuestos. Sin embargo, hay un hecho claro: una mayoría social en Asturias quiere un gobierno de centro derecha. UPyD, cuyo voto puede ser decisivo, está a las antípodas de IU. Dado que, tras dos elecciones consecutivas, Cascos ha obtenido más apoyos que sus oponentes populares, lo razonable es que él sea el próximo presidente y Fernández ocupe la vicepresidencia. Los partidos tienen que velar, antes que nada, por los intereses de los votantes, y puesto que los programas de Foro y del PP son muy similares, sería un disparate que los personalismos acabaran arruinando el pacto

Entra en recesión en el primer trimestre del año

El Reino Unido también recae y no está en el euro

EL REINO UNIDO ha entrado oficialmente en recesión al registrar una caída del PIB del 0,2% en el primer trimestre del año. A la vista del resto de los países europeos, esto no tendría más importancia si no fuera porque Gran Bretaña no forma parte del euro y eligió para salir de la crisis el camino clásico de la emisión de dinero, la devaluación de la moneda y la generación de inflación. Es decir, el Banco de Inglaterra ha practicado una política económica totalmente contraria a la del BCE, partidario de la disciplina fiscal y del control de los precios. Desde luego, los analistas que aprobaron las medidas del banco central británico tienen que reflexionar sobre lo ocurrido. Pero hay otras dos razones que explican esta recaída de la actividad. Por un lado, el Reino Unido tiene una economía muy internacionalizada y dependiente del sector financiero; es lógico, por tanto, que sufra si sus socios pasan por dificultades. Por otro, están las dudas y rectificaciones de la política de Cameron, con cambios desde los estímulos fiscales a los ajustes. ¿Una lección? El control de las cuentas públicas es fundamental para crecer, con euro o sin euro