EL INEXORABLE PAGO DE LA DEUDA SOCIALISTA IMPLICA AHORRO: Las regiones se resisten a prescindir de sus TV políticas

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID

29/04/2012 ESPAÑA

Las autonomías se resisten a prescindir de sus televisiones públicas

Aguirre y Cospedal mantienen su promesa de privatizar o ceder la gestión, sin plazos

Las comunidades autónomas del PP se resisten a desprenderse de sus respectivas televisiones. El reciente proyecto de ley aprobado por el Gobierno no parece generar cambios inmediatos de modelo en los actuales entes públicos; ni de titularidad ni siquiera de gestión.

Unas, como Valencia, Galicia o Baleares, reivindican abiertamente lo que consideran un instrumento de defensa del acervo cultural y lingüístico recogido en sus Estatutos. Otras, como Aragón, Extremadura o Murcia -esta última sí dice «estudiar» la privatización-, presumen de bajos presupuestos y de ajustes.

Las hay que se ven fuera de toda polémica, como Castilla y León, por tener desde hace años un contrato programa con una compañía privada que le garantiza la divulgación institucional y cultural -este año le cuesta 22,5 millones de euros- y apoyado por la oposición; o La Rioja que, con cinco mayorías absolutas consecutivas, siempre renunció a la televisión autonómica.

Hasta las abanderadas de la privatización, Madrid y Castilla-La Mancha, dan ahora largas. El Gobierno de Esperanza Aguirre estudia ahora como «posible» bien la externalización de programas, bien la «gestión indirecta» de Telemadrid, mediante su cesión por concurso a una compañía privada.

El ente autonómico madrileño -que también engloba a la radio pública- consumirá este año 79 millones de euros del presupuesto de la Comunidad, pero, además, arrastra una deuda acumulada de 242 millones de euros y una plantilla de 1.154 trabajadores.

En cuanto al de María Dolores de Cospedal, la promesa de privatizar CMT sigue siendo literal, pero se supedita, significativamente, a la dificultad de encontrar un comprador, dado su bajo nivel de audiencia y la consabida crisis de la publicidad. Así que, de momento, y a un año de su llegada al poder, el PP castellanomanchego sigue instalado en un proceso de saneamiento por el que ha reducido en un 20% el presupuesto de este año -hasta 38 millones de euros- y en un millón la partida de personal, que alcanza a 424 empleados indefinidos.

Otra de las comunidades que ha puesto en barbecho su promesa electoral ha sido Baleares. El Gobierno de José Ramón Bauzá se comprometió a propiciar la entrada de capital privado en IB3, pero a día de hoy, y pasada una semana de la remisión del proyecto de ley al Congreso, sólo está «estudiando» nuevas fórmulas de gestión. En todo caso, el PP balear no renuncia a la titularidad pública de una televisión cuyo presupuesto se ha reducido en un 20% el último año, hasta los 33 millones (sólo tres sufragados por la publicidad), y que ya tiene subcontratados programas y servicios informativos -contenidos e imágenes- a una productora; con la excepción, eso sí, del personal directivo y responsable de la edición, que depende directamente del ente público.

Esta última fórmula, de clara rentabilidad política, es la que también mantienen Murcia y Aragón. En ambos casos, las teles autonómicas obedecen a un modelo de gestión mixta, público-privada. Aun así, la primera es un lastre, por lo que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel asegura que no descarta su «privatización total», mientras abunda en el recorte del contrato programa, que en 2010 fue de 45 millones, en 2012 de 20 millones y ahora, con el último plan de reequilibrio, acaba de sufrir un último ajuste de seis millones de euros.

Aragón TV, sin embargo, presume de haber cerrado el último ejercicio con un superávit de 390.000 euros, -el presupuesto de este año es de 51,5 millones, de los que 45 son abonados por la comunidad autónoma-, un pleno consenso político y una audiencia del 10,7%, sólo superada por TV3 y la televisión gallega, entre las autonómicas. La propia presidenta, Luisa Fernanda Rudi, descartó la privatización la pasada semana.

Otro de los barones del PP que sacan pecho frente a la privatización es el de Extremadura, José Antonio Monago. Pese a que la televisión le cuesta 27 millones de euros (30 en el ejercicio anterior) de asignación directa, el presidente autonómico se precia de no arrastrar deuda, de mantener una plantilla de 200 trabajadores y de tener el apoyo de todos los grupos políticos de la Asamblea, incluso sobre la directora general.

Y es que, para deuda, la de Canal Nou, que tiene un déficit acumulado de 1.100 millones de euros y uno de los presupuestos más desorbitados: 150 millones este último año. De hecho, el Gobierno de Valencia ha anunciado ya un ERE encaminado a reducir en más de 1.000 sus actuales 1.800 empleados, así como una nueva ley reguladora del ente. No obstante, ninguna de estas cifras anima al popular Alberto Fabra a privatizar.

La lengua y la cultura son la percha política de la televisión valenciana; como de la gallega, cuyo carácter público quedó blindado por ley en noviembre pasado. De hecho, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se encuentra aún en medio del proceso de la fusión de los tres actuales entes en uno. La líder de audiencia de las televisiones del PP tiene un presupuesto de 117 millones de euros y una deuda de 1,9 millones..

CRISTINA RUBIO 29/04/2012 ESPAÑA

TV3 Entre suprimir canales o recortar personal

Un año y medio después de que CiU llegara al Gobierno de la Generalitat, los nacionalistas han culminado su proceso de renovación de los medios públicos. Han cambiado a su presidente y a la directora de la cadena, la periodista Mònica Terribas, por Eugeni Sallent, un perfil más gestor consensuado con el PP y vinculado al Grupo Godó. El objetivo parece claro: meter la tijera en una cadena que cuenta con más de 2.000 trabajadores y 260 millones de euros de presupuesto público, 40 menos que el año anterior. Lo primero que ha hecho la nueva cúpula directiva nada más aterrizar es negociar con los trabajadores un nuevo marco laboral de austeridad. No se descarta llegar al ERE si no se cumplen los objetivos fijados. La Generalitat ha prometido que no privatizará TV3, aunque ha abierto la puerta a cerrar alguno de sus seis canales. El que más suena es Esport3, dedicado a retransmisiones deportivas. Por el momento, ya han cesado las emisiones del canal internacional.

JOSEAN IZARRA 29/04/2012 ESPAÑA

ETB Patxi López pospone los recortes en la televisión

El 'lehendakari' Patxi López no ejecutará ningún recorte drástico en la televisión pública vasca pese a ser consciente de las dificultades económicas que lastran un ente con 134 millones de presupuesto y con casi mil trabajadores. Si ETB nació con la firme voluntad de impulsar el bilingüismo esta misma semana ha obtenido una contradictoria satisfacción ya que batió el récord de audiencia de toda su historia cuando 700.000 vascos siguieron la emisión en euskara... ¡de los penalties entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich! Tanto el PSE como el PP, socio parlamentario en Euskadi, recalcaron en el arranque de la legislatura su intención de convertir a ETB en la ventana del 'cambio' y anunciaron su intención de reducir sus gastos. Un objetivo cumplido sólo a medias. La dirección del ente público vasco se encontró con cien trabajadores irregulares contratados como autónomos y tras pagar 4 millones en atrasos ahora analiza como regularizar su delicada situación

MANUEL MARÍA BECERRO 29/04/2012 ESPAÑA

RTVA PSOE e IU se conjuran por un Canal Sur público

En plenas negociaciones para configurar el nuevo Gobierno andaluz tras las elecciones del 25 de marzo -hasta el miércoles no será investido José Antonio Griñán-, PSOE e IU sí tienen muy clara una cosa: Canal Sur va a mantener su carácter público. Lo adelantó el pasado martes la consejera de Presidencia en funciones, la socialista Mar Moreno, una de las personas que participan en las conversaciones entre los dos socios de Gobierno en ciernes. Tras puntualizar que será el futuro Ejecutivo autonómico el que tendrá que abordar el nuevo marco, Moreno habló del «compromiso» de socialistas e izquierdistas para defender la «naturaleza pública» de la cadena, «garantía de pluralidad y de vertebración de esta tierra». Con una plantilla de más de 1.600 trabajadores, el presupuesto anual de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) asciende a 220 millones de euros. En el primer trimestre del año, la deuda rozó los 18 millones, el doble que en el mismo periodo de 2011.

MARISA CRUZ C. REMÍREZ DE GANUZA MADRID

29/04/2012 PORTADA

Rajoy sopesa que este año no haya Debate del estado de la Nación

. Las pésimas perspectivas económicas que el Gobierno perfila hasta 2015, las medidas de ajuste, el paro y la contínua contradicción con las promesas electorales, no son precisamente acicates para que Rajoy se someta al juicio político de un Debate del estado de la Nación. El Gobierno, de hecho, estudia no celebrarlo argumentando que requiere de un trabajo por parte de la Administración, en un momento en el que debe estar volcada en las reformas.
Desde el grupo parlamentario el gran debate de política general se contempla con otros ojos. Un buen número de diputados, incluido su portavoz, Alfonso Alonso, considera necesario que se celebre. De hecho, opinan que se convocará, aunque dudan de la oportunidad de hacerlo en junio o julio. Algunos apuntan incluso en septiembre, pero esta fecha resulta poco convincente si se tiene en cuenta que estará a punto de celebrarse el segundo debate sobre las cuentas del Estado, las de 2013.

Para el Ejecutivo, poco amigo de explicar a los ciudadanos sus medidas -salvo excepciones como De Guindos, Soria y Margallo-, el debate resulta incómodo. Y, aunque la decisión final acerca de su celebración todavía no se ha tomado, se buscan argumentos que permitirían, llegado el caso, eludirlo.

Al del enorme trabajo de recopilación y sistematización de datos que supone para todos los ministerios y organismos del Estado, se suma el tiempo que debe dedicarle el propio presidente, centrado ahora, casi en exclusiva, en las decisiones que se debaten cada jueves en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Además, hay argumentos de tipo formal. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, admite sopesar la oportunidad de celebrar o no el debate desde el día que llegó a La Moncloa. Él se sitúa al margen de las razones de conveniencia política y se limita a explicar los motivos «técnicos» que jugarían en contra del debate.

Cada año, explica, debe haber debate de investidura o Debate sobre el estado de la Nación. Y este año -aunque se celebrara en diciembre- ya se ha producido el primero.

Cierto es que en los años electorales no se celebra el gran debate de política general, pero ello se debe a que, en circunstancias normales, los comicios se producen en marzo y el nuevo Gobierno toma posesión en abril, de manera que en junio apenas han transcurrido ni los primeros 100 días de gestión.

Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo llevará en junio más de medio año ejerciendo y de forma muy intensa. Precisamente en este punto chocan las percepciones de La Moncloa y de un buen número de parlamentarios.

En los despachos gubernamentales se insiste en que en el debate no se podrían juzgar con visión de conjunto todas las reformas emprendidas, muchas de las cuales ni siquiera habrán empezado a dar el más mínimo fruto.

En la dirección del grupo parlamentario también hay quien se apunta a esta tesis insistiendo además en que el debate pondría en bandeja una oportunidad de oro a la oposición. Pero son los menos. El pulso en los escaños del PP late a favor de que sería la última ocasión que tendría el Gobierno para recordar la dificilísima «herencia recibida» y sostener sobre ella la explicación de muchas de las medidas que ha tenido que activar en contra de sus propias promesas electorales.

En definitiva, de nuevo jugaría un papel importante el mensaje de que el Gobierno socialista «gastó 100.000 millones más de lo que ingresó y ello explica que se haya tenido que hacer en 2012 un fuerte ajuste de 30.000 millones en los Presupuestos».

Además, añaden que para junio se habrá cumplido la primera fase de grandes reformas esbozada por Rajoy en su investidura. Y, para entonces, tocará perfilar lo que le espera al país en la segunda etapa.

Quienes apuestan por el debate suman también la idea de que en junio o julio jugará a favor del Ejecutivo el pequeño respiro que dan las contrataciones veraniegas y, probablemente, los primeros efectos positivos del mecanismo de financiación para el pago a proveedores.

Desde el bando reacio se argumenta que este año habrá dos debates de Presupuestos. El primero se celebró la semana pasada y el segundo tendrá lugar a la vuelta del verano. Habida cuenta de que la discusión nacional gira en torno a la economía, podría considerarse que todo lo que se incluiría en un Debate sobre el estado de la Nación quedará recogido en los de Presupuestos. La diferencia clave es que en los debates sobre las cuentas del Estado no es el presidente del Gobierno quien da la cara. Y los ciudadanos ya empiezan a echarlo en falta