GOBERNANDO: Por fin el Gobierno quiebra la férrea mano con que los socialistas mantenían asida la dirección sectaria de TVE
MARISA CRUZ MADRID
El Gobierno desbloquea TVE y pone coto a las autonómicas
El presidente de la corporación pública se elegirá por mayoría del Parlamento y sus consejeros ya no tendrán sueldo, sino dietas
Las comunidades sólo podrán mantener sus televisiones si dejan de perder dinero y se autorizan las privatizaciones
Impone a los clubes de fútbol el libre acceso de las radios a los estadios para retransmitir siempre que paguen los gastos
Las comunidades sólo podrán mantener sus televisiones si dejan de perder dinero y se autorizan las privatizaciones
Impone a los clubes de fútbol el libre acceso de las radios a los estadios para retransmitir siempre que paguen los gastos
El Gobierno decidió ayer «desbloquear» la situación de «parálisis total» en la que se encuentra la corporación pública RTVE después de que el pasado verano el presidente de su consejo, Alberto Oliart, presentara la dimisión y, a continuación, hayan ido abandonando el barco varios de sus miembros.
El Consejo de Ministros decidió, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE sobre la persona idónea para encabezar la televisión pública, aprobar un real decreto ley en virtud del cual se pone fin a la necesidad de conseguir una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso para aprobar el nombramiento del presidente de RTVE. Con la nueva norma, el Ejecutivo podrá plantear el nombre que desee al Parlamento y bastará con la mayoría absoluta de sus miembros para darle la luz verde.
Con este cambio el Gobierno se asegura la elección que considere apropiada puesto que cuenta con 185 diputados, nueve más del listón requerido.
El Ejecutivo ha llevado a cabo una hábil maniobra para proceder a este cambio en el método del nombramiento: ha echado mano precisamente de la Ley de Radio y Televisión Pública que aprobó el Gobierno del PSOE en 2006.
Dicha ley incluía una disposición transitoria, precisamente pensada para superar una hipotética situación de bloqueo, según la cual en el caso de que no se llegara a un consenso sobre el primer presidente de RTVE y los primeros consejeros de la entidad y se demostrara, por tanto, la imposibilidad de que fueran elegidos por la mayoría de dos tercios del Congreso, se procedería en el plazo de dos meses, a una votación por mayoría absoluta.
De esta forma, el Gobierno evita formalmente la vía de designar el presidente de RTVE por decreto, tal y como venía denunciando el PSOE, y se mantiene dentro del cauce parlamentario que, en su situación de mayoría absoluta, le ofrece plena comodidad.
Antes incluso de que finalizara la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros, ya se habían producido las primeras reacciones negativas de los socialistas.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no dudó en acusarles abiertamente de «incoherencia». «Si en el año 2006 esto no suponía un golpe institucional, en el año 2011 tampoco. Es el mismo sistema». Así, la número dos del Gobierno instó al PSOE a explicar a los ciudadanos el por qué de su cambio de posición.
Los argumentos que ayer proporcionó el Gobierno para explicar su decisión inciden en los «problemas muy graves que existen en la gestión» de la corporación, precisamente en un momento en el que «la televisión tiene que hacer un gran esfuerzo de austeridad», puesto que su presupuesto se verá reducido este ejercicio en 204 millones de euros.
La norma aprobada contempla, además, la reducción del número de consejeros de los 12 actuales a sólo nueve, incluido el presidente. Además, los consejeros no tendrán dedicación exclusiva y sólo cobrarán las dietas correspondientes cuando acudan a las sesiones semanales del órgano.
Estos cambios, tal y como recalcó la vicepresidenta, responden al ejercicio continuado de ajuste en las cuentas públicas para cumplir con los requisitos de déficit que están realizando los populares desde que llegaron a La Moncloa.
En paralelo, el Consejo de Ministros, decidió remitir al Congreso el proyecto de ley sobre flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas. El Gobierno pedirá que su tramitación en la Cámara se realice por el procedimiento de urgencia.
Con este proyecto como base, las comunidades autónomas tendrán que decidir si quieren mantener sus televisiones como servicio público, si optan por privatizarlas o bien si prefieren cerrarlas.
En el primero de los casos -que decidan mantenerlas como servicio público- las televisiones quedarán sometidas a la austeridad estricta exigida a las administraciones públicas en la ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, no podrán gastar más de lo que ingresan o dicho en otras palabras no podrán incurrir en pérdidas. Esta es la principal novedad que incluye el texto en relación con el anteproyecto que fue presentado el pasado mes de febrero.
Si las comunidades optan por mantener ellas de forma directa la gestión de las televisiones, entonces tendrán que hacerlo exclusivamente con sus propios medios humanos y materiales. Cabe la posibilidad, no obstante, de que opten por seguir siendo las titulares del servicio público pero concedan la gestión a empresas privadas. En cualquiera de estas dos modalidades su déficit tendrá que ser cero.
El proyecto de ley colma plenamente los deseos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que en varias ocasiones ha defendido la opción de privatizar Telemadrid porque, en su opinión, la gestión debe estar en manos de los profesionales y no de los gobiernos.
RESPALDO DEL GOBIERNO
Las radios volverán a los campos sin pagar por informar
Esta temporada, las radios no han podido acceder a los campos de fútbol. La LFP quería comercializar los derechos radiofónicos de los clubes y las emisoras se negaban a pagar cualquier canon por informar. El PP prometió solucionar este conflicto cuando estaba en la oposición y se mostró del lado de las radios. Ayer el Gobierno de Mariano Rajoy lo certificó: las radios pagarán por el uso de las instalaciones, pero no por informar. Así lo explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según sus palabras, la resolución a esta situación se incluye dentro del decreto-ley que aprobó el Ejecutivo para desbloquear el nombramiento del presidente de RTVE. El decreto considera que las radios tienen derecho a entrar a los estadios de fútbol para informar, en defensa del «derecho a la información» que tienen todos los ciudadanos. Las radios no pagarán por informar, pero sí por el uso de las instalaciones, algo en lo que las emisoras siempre se han mostrado partidarias. El precio deberán fijarlo «de común acuerdo» las radios y los clubes de fútbol, esto es la LFP. De no llegar a ningún consenso, «intervendrá la correspondiente autoridad supervisora», precisó Sáenz de Santamaría. Todas las radios aplaudieron ayer la decisión del Gobierno y mostraron su satisfacción porque el PP haya cumplido con lo prometido. La LFP, por su parte, declaró que prefiere esperar a conocer el texto para manifestarse y «establecer una negociación y fijar la contraprestación que las emisoras tendrán que abonar por la utilización de las infraestructuras que los clubes les están prestando», informa Efe. Las radios y la LFP han mantenido alguna reunión esta temporada, pero sin llegar a ningún entendimiento. Ante esta situación, Onda Cero, la Ser, la Cope y RNE fueron acudiendo de manera individual a los tribunales para exigir medidas cautelares que les permitieran acceder a los campos, medidas que fueron desestimadas.Si no hay acuerdo, se aplicará la norma socialista y el Gobierno podrá imponer a su candidato para presidir RTVE
El bloqueo del PSOE obligaba a buscar una solución.
Nueve meses lleva RTVE sin presidente desde que Alberto Oliart dimitiera el 6 de julio de 2011. Desde entonces, la corporación sufre una situación de parálisis, caos e incertidumbre que se ha acrecentado en las últimas fechas con un recorte de 204 millones en su presupuesto.
El Gobierno decidió ayer terminar con esta situación anómala. Para ello, aprobó un decreto ley que elimina el consenso entre PP-PSOE como condición indispensable para nombrar presidente. Esto es, el Ejecutivo podrá designar a su candidato sin necesidad de contar con otros grupos políticos.
Hasta ahora, según la Ley de RTVE de 2006 que aprobó el Gobierno de Zapatero, la designación del presidente de RTVE requería de una mayoría de dos tercios del Congreso. El acuerdo entre los dos grandes partidos era obligatorio. La modificación de la norma introducida ayer por el Ejecutivo establece que en una primera votación seguirá siendo necesario ese quórum -mayoría de dos tercios-, pero de no alcanzarlo se realizará una segunda votación en la que sólo bastará la mayoría absoluta.
«No ha sido posible el acuerdo hasta este momento», señaló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En las últimas semanas, destacados miembros del PP venían denunciando «el bloqueo» del PSOE, y más concretamente de Alfredo Pérez Rubalcaba, a la hora de consensuar un candidato para RTVE. «Vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo, pero no puede demorarse sine díe», añadió Sáenz de Santamaría.
Pese a que el cambio en la Ley elimina la obligatoriedad del consenso, la vicepresidenta recordó que «la designación seguirá siendo parlamentaria» y que la posibilidad de la mayoría absoluta ya estaba contemplada en la Ley de 2006.
La disposición transitoria cuarta de la Ley 17/2006 establece que «en la primera designación de los consejeros y el presidente (...) podrá designar por mayoría absoluta a los 12 consejeros y al presidente» si, pasados dos meses, no se alcanzaba la mayoría de dos tercios. La diferencia con la normativa aprobada ayer por el Gobierno es que esta disposición sólo hablaba del primer presidente de RTVE y ahora la mayoría absoluta se aplicará de forma general en cualquier elección. «Valdrá para todos los procedimientos de renovación», aclaró Sáenz de Santamaría.
En todo caso, la votación para elegir al presidente de RTVE no podría producirse como pronto hasta el 16-17 de mayo, ya que el Pleno de la próxima semana se dedicará a las enmiendas a la totalidad de los Prespuestos Generales del Estado y las dos primeras semanas de mayo no hay pleno.
Los cambios introducidos ayer por el Gobierno respecto a RTVE no sólo se limitan a la elección de su presidente. También acordó reducir de 12 a nueve el número de miembros que compondrán su Consejo de Administración. En la actualidad, el máximo órgano de la corporación contaba con sólo nueve componentes, después de las salidas del propio Oliart y los consejeros Héctor Maravall (CCOO) y Jesús Andreu (PP), y carece de las competencias necesarias para presentar el presupuesto.
Según lo aprobado por el Consejo de Ministros, una vez que entre en vigor el decreto ley los consejeros no tendrán dedicación exclusiva ni un sueldo fijo, y sólo cobrarán los correspondiente a las dietas por asistir a las reuniones. Sáenz de Santamaría apuntó que ahora cada consejero cobraba 110.000 euros. La excepción será el presidente, que sí tendrá dedicación exclusiva y sueldo.
El PSOE dice que Rajoy ha dado «un golpe institucional» al quitarles el control de TVE
Estudia recurrir al TC y afirma que se han inventado el bloqueo
El PSOE dice que está indignado con la modificación por decreto de la ley que regulaba RTVE y que les aparta del control único de TVE.
La Ejecutiva Federal del PSOE, en un comunicado oficial, ha calificado de «golpe institucional» esta decisión del Ejecutivo que, en su opinión, lo único que busca es «cambiar la elección del presidente de la Corporación que, según la ley actual, había que aprobar por consenso de, al menos, dos tercios del Congreso de los Diputados. Ahora el Gobierno decide de forma unilateral que se pueda nombrar con mayoría absoluta; es decir, que el PP quiere imponer su nombramiento y volver a la televisión de partido».
Para el PSOE, «esta decisión supone una vuelta atrás intolerable en el camino emprendido por RTVE tras la aprobación en 2006 de las reformas propuestas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que pusieron en pie la nueva Corporación del siglo XXI: una RTVE pública, independiente, plural, viable y de calidad».
Fuentes de la dirección del partido, cercanas al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraron a EL MUNDO que el presidente del Gobierno «se ha inventado el bloqueo del PSOE a un nombramiento pactado», y que en la reunión secreta entre el líder del Ejecutivo y el líder de la oposición, se acordó dejar el asunto para después de Semana Santa y poder llegar a un acuerdo antes del fin del actual periodo de sesiones (junio).
Por ello, el PSOE considera que es una «decisión injustificable» en unos momentos en los que se estaba en un proceso de negociación para la renovación de todos los órganos institucionales pendientes. Estas negociaciones, posiblemente, quedarán rotas.
De hecho, para el PSOE
el presidente del Gobierno «ha roto unilateralmente el compromiso que adquirió con Rubalcaba «de renovar por consenso todos estos órganos antes del final del actual periodo de sesiones en el mes de junio». Por lo tanto, ellos se reservan ahora su derecho a adoptar otra postura.Los socialistas anunciaron a última hora de ayer que, además, están estudiando recurrir al Tribunal Constitucional este decreto y que, tras los informes jurídicos pertinentes, lo confirmarán en los próximos días.
Asimismo, el PSOE iniciará una ronda de contactos con todos los sectores sociales para defender el actual modelo de televisión pública independiente, plural, viable y de calidad.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López que, además, fue un impulsor de la actual legislación de RTVE en la pasada legislatura, afirmó a este diario que la actitud del Gobierno sólo demuestra que «el PP es incapaz de gobernar con una televisión pública independiente. No lo soporta y por eso la quiere controlar», afirmó.
Las comunidades tendrán libertad para decidir el futuro de sus televisiones
Se les impone un límite de gasto y deberán presentar equilibrio presupuestario
Las televisiones autonómicas pueden dejar de ser un agujero negro para el erario público. La decisión está en manos de los gobiernos de las comunidades, después de que el Gobierno aprobase ayer un proyecto de ley que les deja libertad para decidir si mantienen una cadena pública en su región o no y, en el caso de hacerlo, si quieren optar por su privatización. En España existen 13 televisiones autonómicas, cuyo presupuesto para este año rondaría los 1.300 millones de euros.
Sea cual sea la decisión que adopten las comunidades sí hay una cosa clara: las televisiones autonómicas tendrán que dejar de perder dinero. A partir de ahora tendrán un límite de gasto anual que no podrán rebasar y deberán presentar equilibrio presupuestario, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y de acuerdo con lo que dictamina la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Cabe recordar que en 2011 la deuda de los operadores públicos autonómicos se situaba en los 1.600 millones de euros. En caso de no lograr ese equilibrio presupuestario, tendrán que reducir los gastos en el siguiente ejercicio en una cantidad equivalente a la pérdida o déficit generado.
Esta norma «busca mayor eficacia y eficiencia y responde a peticiones de muchas comunidades autónomas», desarrolló Sáenz de Santamaría. Madrid y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PP, se han mostrado siempre favorables a la privatización de su ente autonómico. Andalucía y Cataluña, por contra, mostraron ayer su negativa a privatizar sus autonómicas.
Según el último informe elaborado por Deloitte para Uteca -la patronal de las cadenas privadas-, las televisiones autonómicas recibieron en 2010 808 millones de euros en subvenciones y tasas. Una cifra que se ha incrementado en los últimos años. Por ejemplo, la cantidad que recibieron en 2007 por este concepto era de 307 millones. Por contra, sus ingresos publicitarios decaen. Los últimos datos de Infoadex reflejan que en 2011 perdieron un 27% de inversión publicitaria respecto a 2010 y, en conjunto, apenas ingresaron 198 millones de euros.
Especialmente llamativo resulta que, según los datos de Deloitte, los gastos de personal de las autonómicas (882 millones en 2010) suponen casi la misma partida que los costes de programación (944 millones).
En cuanto a su audiencia, como señalaba un informe de la CNC, vienen reduciendo su cuota de audiencia en los últimos años: unos seis puntos porcentuales, del 17,3% al 11,3%, entre 2005 y 2010.
Las televisiones autonómicas atraviesan por una delicada situación. Los gobiernos han recortado sus presupuestos y comienzan a tomar importantes medidas de ajuste. Es el caso de la televisión valenciana, que con una plantilla de 1.800 trabajadores afrontará este verano un ERE que podría afectar a casi dos terceras partes de los empleados. Otras han renunciado a emitir la Liga o la Fórmula 1 ante la imposibilidad de pagarlo, como es el caso de la televisión balear o la asturiana.
Este proyecto de ley, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que decidan no mantener sus televisiones sacar a concurso las frecuencias de las mismas. «Se trata de una importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas», subrayó la vicepresidenta, resaltando la flexibilidad en su gestión que garantiza la norma.
posted by e-pesimo | 08:13
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