MERCADOS: Los políticos se atrincheran en las cajas

POR VÍCTOR MARTÍNEZ

13/05/2012 A FONDO

los políticos se atrincheran en las cajas

Más de 200 cargos públicos en activo o retirados conservan su sillón de consejero en las antiguas entidades de crédito.

Médicos, químicos, agricultores, pedagogos, filósofos, filólogos y, sobre todo, políticos. Los sillones de las 34 cajas de ahorro que aún persisten en el amenazado sistema financiero español están faltos de gestores profesionales y rebosantes de cargos públicos. Políticos banqueros que, en ocasiones, compaginan el trabajo de consejero en estas entidades con el de alcalde de municipios que no superan los 5.000 habitantes. En otros casos, este puesto de mando es sólo el recuerdo del cargo electo que en su día desempeñaron a nivel local, autonómico, nacional e incluso europeo.
Los últimos informes de gobierno corporativo publicados por las cajas de ahorro, referidos a los ejercicios 2010 y 2011, desvelan que más de 200 políticos ejercen aún de consejeros en estas entidades. La cifra se dispara si, además, se tiene en cuenta el número de ellos que es miembro de la asamblea general que estas sociedades celebran de forma ordinaria una vez al año.
El reciente rescate de Bankia -inmersa en un proceso de nacionalización tras descubrirse un agujero de 3.500 millones de euros en su matriz BFA- vuelve a poner en el punto de mira a la mastodóntica estructura de estas entidades y su escasa profesionalización. Algunas, como Caja Madrid, conservan asambleas compuestas por casi 350 integrantes -de los cuales un tercio son elegidos por ayuntamientos y el parlamento regional- y consejos de administración de más de 20 miembros. La madrileña no es una excepción. Otras como Novacaixagalicia -resultado de las fusiones de Caixanova y Caixa Galicia-, Cajastur o Caja España-Duero presumen de órganos consultivos de un tamaño similar.
Así es el enorme y oxidado esqueleto de las antiguas cajas de ahorro, cuya función se limita ahora a la gestión de la obra social de la entidad o de su patrimonio tras haber traspasado todo su negocio financiero a los bancos en los que se han ido integrando durante los últimos años. «Se trata de estructuras obsoletas y totalmente desproporcionadas en la actualidad. Está claro que sobran gerentes», apuntan fuentes financieras. El Gobierno, consciente de la situación, ha decidido meter la tijera en la estructura corporativa de las cajas, ordenando, a través de su última reforma financiera, la reducción del número de consejeros y de los gastos operativos, que «dificultan la capacidad de competir de estas entidades».
Esta partida, no obstante, varía según el tamaño de la entidad de ahorro. En la mencionada Caja Madrid la retribución total del consejo en 2011 ascendió a 1,6 millones de euros, a repartir entre 22 directivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, la ex concejal popular en el Ayuntamiento capitalino, Mercedes de la Merced (336.000 euros por su pertenencia también al consejo del Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia); el diputado de IU en la Asamblea regional José Antonio Moral Santín (278.000 euros por ser a su vez directivo de Bankia), o la diputada socialista Enedina Álvarez Gayol (106.000 euros). Estos sueldos responden a «casos excepcionales», según las propias cajas, que sitúan la retribución media de sus consejeros «en torno a 15.000 euros».
Sin embargo, no es raro ver retribuciones que multiplican esta cifra. Éste es el caso del ex presidente del Gobierno Foral de Navarra Juan Cruz Alli Aranguren, que ganó en 2011 un total de 61.272 euros como dirigente de Caja Navarra, integrada ahora en Banca Cívica, a su vez absorbida por Caixabank. También en el consejo de CajaSol, otra de las cuatro entidades que participan en Cívica, hay políticos bien remunerados como el diputado socialista José Luis Ros Maored, que ingresó 111.930 euros en 2011.
La mayoría de estos políticos banqueros pertenece a uno de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, aunque también hay representantes de IU u otras fuerzas regionalistas. Esto se debe al gran peso de estos partidos en los ayuntamientos y Cortes regionales, entes encargados de designar a casi la mitad de los consejeros en algunas entidades.
Estos nombramientos se realizan en ocasiones mediante pactos entre populares y socialistas. De esta forma ambos partidos eligieron a Antonio Jara Andréu para presidir Caja Granada, actualmente integrada en Banco Mare Nostrum. Jara, ex alcalde la ciudad granadina por el PSOE entre los años 1979 y 1991, obtuvo en 2011 una remuneración total de 245.000 euros por su cargo en la caja y su puesto de vicepresidente segundo en el banco.
Otro ejemplo de asamblea general convertida en parlamento es el de Caja España-Duero. Esta entidad cuenta con un órgano asambleario de 319 miembros -elegidos 102 por ayuntamientos y otros 48 por las Cortes de Castilla y León- y un consejo de administración de 34 integrantes. En este ente directivo confluyen ediles de las principales ciudades de la región (León, Salamanca, Soria, Zamora, Palencia, Valladolid...), antiguos consejeros autonómicos, presidentes de diputación y hasta eurodiputados como Encarnación Redondo Jiménez, representante del PP en el Parlamento de Bruselas.
La retribución media de un consejero en esta caja asciende a unos 24.000 euros. Esta cifra no es del todo exacta ya que muchos de éstos, vinculados al PSOE o al partido regional Unión del Pueblo Leonés, se han negado a cumplir la orden del Banco de España que obliga a publicar los honorarios de directivos de aquellas entidades que hayan recibido ayudas públicas. Esta sociedad, concretamente, recibió 525 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para impulsar la fusión de las cajas leonesa y salmantina.
La representación política también se extiende a Unicaja, entidad con la que España-Duero ha aprobado recientemente fusionar su negocio financiero. La sociedad andaluza está presidida por Braulio Medel, que en su día fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Le acompañan Manuel Atencia Robledo, ex senador y diputado popular en el Congreso, o Marisa Bustinduy Barrero, diputada socialista en la Junta de Andalucía, de profesión pedagoga.
Asimismo, en las cajas también hay hueco para políticos locales que ejercen de alcaldes en pequeños municipios. Un ejemplo es Javier Caínzos, consejero de Novacaixagalicia (26.900 euros) y alcalde del concello gallego de Curtis, de menos de 5.000 habitantes.
La ineficiencia en la gestión ha llevado a la quiebra a entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ahora intervenida y controlada por el Estado. En estos casos el Ejecutivo ha limpiado los órganos de gobierno y ha instaurado sus propios gestores.
Pero los políticos no son los únicos que ejercen de directivos en las cajas de ahorro. De hecho, las cúpulas de estas entidades también están llenas de delegados sindicales, en representación de los empleados, u otros miembros elegidos por entidades culturales que, en la mayoría de casos, no dispone de formación económica o financiera. Cargos que, no obstante, salen caros para las propias cajas, que sólo durante 2011 destinaron más de 3 millones de euros a pagar la nómina de sus consejeros sindicales.   

13/05/2012 A FONDO

EL ESTADO SIEMPRE AUXILIA Al banquero

Las principales economías han tapado con dinero público los problemas de liquidez de sus entidades financieras
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La intervención estatal en el sector bancario ha sido una constante en las principales economías desde que estalló la crisis financiera. Gobiernos progresistas y gobiernos conservadores han dejado a un lado la ideología para nacionalizar, y luego reprivatizar, a algunos de los primeros bancos del mundo.
Miles de bancos nacionalizados
En EEUU existe el equivalente del Fondo de Garantía de Depósitos, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, según sus siglas en inglés). La FDIC toma el control de los bancos -lleva ya más de 300 desde que estallaron las hipotecas basura- y los liquida o vende a otras entidades. En EEUU están garantizados los depósitos de hasta 250.000 dólares (193.000 euros). Pero en esta crisis ha sido necesario recurrir a más sistemas. El más famoso es el Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP, en inglés), en 2008, al que el entonces secretario del Tesoro, Hank Paulson, definió como «un bazuca». El TARP fue creado para comprar activos de los bancos, pero se reorientó a inyectar capital en las entidades.

Así, el Tesoro adquirió acciones preferentes (convertibles) en los seis mayores bancos de EEUU. Al menos uno de ellos, JP Morgan, no lo necesitaba, y su presidente, Jamie Dimon, trató de impedirlo, pero Paulson le obligó a aceptarlo para evitar una huida de capitales de los otros bancos a ése. El TARP se usó también para rescatar varios miles de bancos menores y para estabilizar el capital de la aseguradora AIG que, tras ser nacionalizada, resultó tener concentrados todos los agujeros negros de la galaxia. Con el rescate de los bancos, el Tesoro ha ganado 16.000 millones. AIG probablemente acabe generando plusvalías.

Además, EEUU nacionalizó el 79,9% de AIG y de las empresas de compra de hipotecas Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Por qué el 79,9%? Porque, a partir del 80%, tendría que haber consolidado esas empresas en las cuentas públicas y EEUU habría suspendido pagos ante semejantes ruinas. Se calcula que en Fannie y Freddie EEUU ha enterrado 180.000 millones de euros. La Reserva Federal también dio a JP Morgan 15.000 millones a fondo perdido para comprar el banco de inversión Bear Stearns.

Del plan de rescate a la reforma
Acuciado por la falta de liquidez en los bancos, el Gobierno laborista de Gordon Brown aprobó en octubre de 2008 un plan de rescate de 50.000 millones de libras (61.000 millones de euros) para estabilizar el sistema financiero del Reino Unido. El plan incluyó la nacionalización parcial de la banca, empezando por el Northern Rock. El Gobierno forzó la absorción de HBOS por Lloyd's, del que luego compró el 43%. La intervención más espectacular fue, sin embargo, la del Royal Bank of Scotland (RBS) del que el Estado sigue poseyendo el 80%. En total, ocho bancos participaron en el plan de recapitalización, incluidos HSBC y Abbey, que pertenece al Santander.

A su llegada al Gobierno, en mayo de 2010, el conservador David Cameron, prometió una retirada progresiva del Estado. La difícil situación económica del país -que ha vuelto a la doble recesión- ha frustrado los planes de Cameron para reprivatizar los bancos, empezando por el Lloyd's.

En junio de 2010 se creó la Comisión Independiente del Sector Bancario (ICB), para estudiar las reformas estructurales y no estructurales del sector bancario. En septiembre de 2011, la ICB presentó el informe Vickers, que fija la fecha de 2019 para separar la banca minorista de la banca de inversión y propone la adopción de cambios operativos de inmediato para minimizar los riesgos de los contribuyentes y las finanzas públicas, y evitar una crisis similar a la que siguió a la debacle financiera de 2008.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, crítico impenitente de la cultura de los bonus tan arraigada en la City, ha advertido de que la reforma se debe acometer sin más demora, para evitar que se agraven «los desequilibrios que están comenzando a crecer de nuevo».
Un batacazo premonitorio
Irlanda es el primer país de la zona euro en entrar en recesión en septiembre de 2008, tras el estallido de su burbuja inmobiliaria. También es el primero en reaccionar tras el hundimiento de Lehman Brothers, al aprobar una garantía de crédito de 400.000 millones para los bancos irlandeses ese mes.

A finales de año, el primer ministro, Brian Cowen, acuerda inyectar 5.500 millones en sus tres principales entidades bancarias. Pero la recapitalización no basta para el Anglo Irish Bank, cuyos directivos dimiten en cadena por corrupción y malversación de fondos. El banco es nacionalizado en 2009 para evitar el colapso.

Standard and Poor's y Moody's bajan ostensiblemene la nota al malherido tigre celta, que empieza a aplicarse la receta de la austeridad con recortes del gasto público de 10.600 millones en dos años. Entre crecientes dificultades presupuestarias, Dublín insiste en que no necesita ayuda exterior. El Eurogrupo presiona para que pida auxilio al Fondo Europeo de Estabilización. Finalmente, en diciembre de 2010, Irlanda recibe una inyección de 85.000 millones.
El malestar social provoca entre tanto la debacle del partido en el Gobierno, el centrista Fianna Fáil. El conservador Enda Kenny se convierte en primer ministro en marzo de 2010. Su primera medida -bendecida por BCE y FMI- es reestructurar la banca y quedarse con dos grandes entidades.

En otoño de 2011 empieza a hablarse del milagro irlandés: su economía crece un 1,6% en el segundo trimestre gracias a las exportaciones. Los bancos empiezan a perdonar préstamos hipotecarios. Pero la débil economía experimenta una nueva caída en la recta final del año, entre el aumento del paro y un renovado malestar popular que se manifestará el día 31, en el referéndum sobre el pacto fiscal que puede marcar un volantazo en la política de austeridad de la UE.

«Un gran congelador»
Poco antes de la media noche del 5 de octubre de 2008, cuando sólo faltaban dos horas para que abrieran las bolsas en Asia, el Gobierno alemán y la banca privada acordaron un paquete de ayuda al banco hipotecario Hypo Real Estate (HRE) por valor de 50.000 millones de euros. Era el segundo intento de salvación en sólo una semana y resultó insuficiente. Apenas unas horas después, Angela Merkel reconoció que serviría sólo para garantizar a corto plazo la liquidez y que el Estado tendría que ofrecer garantías por 568.000 millones. La canciller daba un giro radical a su discurso para evitar una inminente fuga de capitales. A cambio, prometió consecuencias penales para los directivos de HRE.

Así se apuntaló la liquidez del Hypo, el segundo banco hipotecario alemán, hasta 2009, cuando se puso en práctica la ley de julio de ese mismo año que permitió crear un banco malo, explicado por el Gobierno como «un gran congelador». El modelo permite retirar los activos a un valor cercano al de libros, el 90%, pagando al Estado la diferencia con el valor de mercado a lo largo de 20 años. La compra es financiada con bonos emitidos con garantía de una agencia federal y la entidad debe retribuir al Estado por la garantía. Así surgieron WestLB en 2009 y FMS Wertmanagement en 2010.

La gestión de las entidades queda intervenida. Es un modelo voluntario y descentralizado, donde cada entidad crea su banco malo. La deuda emitida y garantizada por el Estado puede ser descontada en el BCE para obtener liquidez, pero no computa como deuda soberana en la contabilidad nacional. Además de créditos y activos, permite traspasar posiciones de riesgo y todas las unidades de negocio.

En el caso de Hypo, Bruselas autorizó la operación considerando que se trataba de una cesión (200.000 millones en activos tóxicos no estratégicos) de carácter temporal. Hypo Real Estate ha sido reestructurado y en abril comenzó su reprivatización.

CARLOS CUESTA

13/05/2012 LA SEMANA

los bancos, no. Son las cajas

No han sido los bancos. Han sido las cajas. Y no son los banqueros, sino los políticos que jugaron a ello con evidente interés electoral. Mientras se sigue hablando de los supuestos efectos malvados que propiciaría en España un avance hacia la privatización de los servicios básicos, descubrimos que siguen siendo las cajas las que necesitan ayuda -y la reciben- y que somos los ciudadanos, y los propios bancos privados, los que soportamos ese apoyo. ¿Por qué gran parte de los que inflaron la pseudo banca pública a través de cajas de ahorros son los mismos que ahora pretenden bloquear la gestión privada en la Sanidad o la Educación? Pues porque esta crisis ha puesto en evidencia que cada servicio regulado o empresa pública controlada por un partido acaba primando la caza de votos frente al interés de los ciudadanos. Por eso se dispara la deuda en los servicios básicos -dónde nadie quiere asumir la realidad económica si supone perder el voto de un paciente, un usuario de autobús o un universitario-. Y por eso se creó la burbuja hipotecaria en España, donde principalmente las cajas rebasaron los límites del riesgo concediendo créditos a clientes -inmobiliarias o particulares- más que dudosos, pero que a buen seguro agradecerían electoralmente -o por otra vía menos confesable- el flujo de dinero. Claro que se han dado ayudas a las entidades. Pero no a todas.
> Mientras las cajas englobadas en BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia, BMN, Duero-España, Banca Cívica y Unnim recibían el respaldo de más de 15.000 millones, otras entidades -en concreto, la mayoría de las privadas- se veían obligadas a costear, no sólo su reestructuración, sino también la de las cajas más dañadas. Así, de los 187.394 millones a los que asciende el coste de la banca hasta el momento por sus intentos de saneamiento, 112.000 millones han sido puestos ya por ellas mismas. Otros 53.842 millones deben dotarlos a causa de la última reforma financiera. Y otros 6.202 millones han sido financiados por el Fondo de Garantía de Depósitos, partida que, a su vez, ha sido dotada por las propias entidades.
> El resto corresponde a las inyecciones del Frob (dinero público). Es decir, que muchos bancos cautos han tenido que pagar a las entidades caídas, casualmente cajas, y que, de hecho, ya en la pasada legislatura absorbieron el fondo de garantía de los bancos tras agotar el suyo propio. La historia se repite. El Estado -o sea, nosotros- se queda -nos quedamos- con los activos malos y los bancos reciben la petición de anticipar 20.000 millones de los futuros pagos al fondo de garantía para seguir ayudando a las cajas dañadas. No es hora de demagogia contra el capitalismo. Sino de asumir la realidad de un enorme fracaso de la gestión pública.