LUIS LINDE DE CASTRO, nuevo gobernador del Banco de España
Espaldarazo de Rajoy a De Guindos al elegir a Linde como gobernador
El PSOE propone a Soledad Núñez como subgobernadora y el PP se resiste
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio ayer un espaldarazo a su ministro de Economía, Luis de Guindos, al aceptar a su candidato para dirigir el Banco de España. De Guindos anunció ayer a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que el nuevo gobernador será el veterano Luis María Linde. Se trata de un respetado economista sin militancia política que goza de la confianza de De Guindos, que no ha ocultado que era su candidato favorito desde el primer momento. De hecho lo aupó el pasado mes al cargo previo de consejero del Banco de España. Linde es también de la máxima confianza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La decisión de nombrar al gobernador corresponde al presidente en persona y, al decantarse por Linde, Rajoy ignora las presiones de última hora del Banco Central Europeo en favor del nombramiento de José Manuel González-Páramo. Éste ha sido consejero ejecutivo del BCE en los últimos ocho años a propuesta del PP, pero el partido en el poder le ha retirado su confianza tras el deterioro de relación en los últimos años.
Rajoy ha descartado también a José Antonio Sáinz de Vicuña, director general de Asuntos Jurídicos del BCE. Sáinz de Vicuña es oficialmente candidato español para entrar en la Ejecutiva del BCE, pero De Guindos lo incluyó en la quiniela presentada a Rajoy ante sus nulas posibilidades promoción en Fráncfort. Alemania respalda al candidato luxemburgués Yves Mersch y España tiene más posibilidades en el reparto de cargos de situar a Belén Romana al frente del nuevo fondo europeo de rescate.
Otro candidato al puesto de gobernador, el director de Recursos Corporativos de Iberdrola amigo de Rajoy, Fernando Becker, también quedó descartado, pese a que tenía partidarios en el propio entorno del presidente del Gobierno.
Linde logró una rara unanimidad parlamentaria, pese a que su edad, 67 años, puede dar pie a una jugada política del PP. Como Linde cumplirá 70 antes de que Rajoy acabe la legislatura, si no cambia la normativa vigente, aún tendría tiempo para nombrar a un nuevo gobernador desde su mayoría absoluta antes de dejar el poder.
Ningún grupo político cuestionó su profesionalidad, empezando por el PSOE. El portavoz económico socialista, Valeriano Gómez, elogió su cualificación. «No tenemos ninguna duda de su competencia en asuntos monetarios y financieros», aseguró el ex ministro. Linde mantiene estrecha relación de amistad con el ex ministro Pedro Solbes.
De Guindos comunicó al PSOE que el elegido era Linde antes de anunciarlo y ratificó su intención de reanudar la tradición de que el principal partido de la oposición designe al subgobernador. Gómez planteó el nombre de Soledad Núñez, la ex directora general del Tesoro con Pedro Solbes y Elena Salgado.
Núñez es ya la candidata oficial socialista tras un debate interno, puesto que se la adscribe a la corriente de Carme Chacón, más que a la del actual líder, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sin embargo, De Guindos no garantizó su nombramiento. Aseguró durante su comparecencia que esperaba que el PSOE planteara a una persona «con las características de Linde» y el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, señaló a Gómez que «los ciudadanos deben percibir en los nombramientos independencia de los partidos» en clara alusión a que Núñez está vinculada al PSOE.
El portavoz socialista aseguró posteriormente a Pujalte que Núñez no milita en el partido y De Guindos le dijo en privado que él no tenía inconveniente con ella. Pero fuentes del PP señalaron que, aunque no hay veto a Núñez, hay malestar por el hecho de que el PSOE no presente una terna como es habitual. Y mostraron preferencia por otro candidato manejado por el PSOE como es el actual vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fernando Restoy. De hecho, el nuevo gobernador ha comunicado a De Guindos que prefiere a Restoy -de alta cualificación técnica e internacional- sobre Núñez, aunque tampoco la rechaza.
El resto de grupos parlamentarios aplaudió el currículo de Linde, aunque con precisiones. Así, Cayo Lara, por Izquierda Plural, lo calificó de «bueno y positivo», además de tener «conocimiento y capacidades suficientes para presidir el Banco de España». No obstante, dejó claro que su labor al frente de esta institución dependerá del «día a día». Es más, exigió que su trabajo «se limite fielmente a cumplir con sus obligaciones y competencias de supervisión al frente del sector financiero».
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, pidió a Linde que «recupere la moral y la ética» que necesita el Banco de España. El portavoz de UpyD, Álvaro Anchuelo, reclamó que se recupere la credibilidad de la institución y calificó de «respetable» a Linde.
La Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros también elogiaron al nuevo gobernador, del que aseguraron tener «excelentes cualidades y experiencia».
LUIS LINDE DE CASTRO
Gobernador del Banco de España
Gobernador del Banco de España
Un admirador de Churchill en Cibeles
. Tal cual le sucedió a su admirado Winston Churchill, a Luis María Linde de Castro (Madrid, 1945) el mayor desafío de su vida le ha llegado en un mes de junio. En junio de 1940 a Churchill le tocó enfrentar la caída de Francia con la frágil arma que representaban sus inspirados discursos. A Linde le ha tocado ahora, en junio de 2012, hacerse cargo del Banco de España en un momento crítico en el que el prestigio de la institución está muy averiado.«Talentoso», «experimentado», «honesto», «valiente», son algunos de los adjetivos con los que fue calificado ayer Linde por quienes le conocen. Hubo una gran unanimidad en los elogios. «Un hombre del Banco de España de toda la vida», dijeron en la entidad de la Plaza de Cibeles.
Técnico comercial del Estado de la promoción de 1969 - al igual que su patrocinador el ministro de Economía Luis de Guindos- Linde se vinculó al Banco de España en 1983, cuando fue nombrado jefe de la Oficina de Operaciones Exteriores de la entidad. En 1987 fue designado director general de Asuntos Internacionales y en ese puesto permaneció hasta el año 2000. Fue durante muchos años el responsable de la política cambiaria española, del mercado de divisas, de la gestión de las reservas internacionales, de vigilar la balanza de pagos y las relaciones internacionales del Banco de España.
Entre 2001 y 2004 dirigió la unidad de Riesgo País del banco. En 2005 fue enviado a Washington para desempeñarse como director ejecutivo por España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y desde 2009 era asesor de la dirección de Asuntos Internacionales.
Linde vivió las tres devaluaciones de la peseta en los años 90, cuando el Sistema Monetario Europeo estuvo bajo el fuego de los mercados internacionales y de los especuladores como George Soros. También tuvo un papel relevante en la intervención de Banesto. En aquella época le tocó ir a Nueva York para ver si JP Morgan tenía intención de quedarse con el banco español. Vivió en primera persona los hechos que desencadenaron la intervención de la entidad que presidía Mario Conde.
Considerado un intelectual potente y un gran estudioso, Linde tiene la factura de los gobernadores del tipo de Mariano Rubio o Luis Ángel Rojo, que compatibilizaron una visión particular de la sociedad española con un acabado conocimiento técnico e institucional del Banco de España. Eso sí, a Linde se le atribuye una mayor preparación en las cuestiones de política monetaria que en las de supervisión bancaria, los dos grandes cometidos históricos del Banco de España. Tras la entrada de España en el euro, la política monetaria fue transferida al Banco Central Europeo.
Se ha señalado como un handicap de su designación su edad: 67 años. El reglamento del Banco de España impone que el gobernador debe cesar a los 70 años. Así que Linde tiene poco tiempo. En estos tres años, el nuevo gobernador deberá hacer un doble trabajo. En el frente externo tendrá que asumir la tarea de aplicar la reforma financiera que ha concebido Luis de Guindos y que con toda seguridad necesitará de fondos internacionales para recapitalizar las entidades españolas más dañadas por la burbuja inmobiliaria. Y en el frente interno, Linde deberá reconstruir la moral de equipo del Banco de España, introducir nuevos sistema de funcionamiento en los equipos de inspección y desarrollar una amplia modernización de una entidad que ha sido muy vapuleada en los últimos meses.
Linde es un tipo serio y riguroso. Pese a que es consciente de las dificultades que atraviesa España, no se deja llevar por el pánico. Recientemente, durante una de las ya habituales crisis de la prima de riesgo, un buen amigo le preguntó si pensaba que España podía llegar a un default. «A nadie en el mundo le interesa que España se arruine», contestó.
P&R
Para qué sirve un gobernador
Desde que España tuvo que ceder la soberanía en la política monetaria a Bruselas tras el tratado de adhesión de Maastricht, el papel del gobernador se redujo. Pero la crisis financiera lo sitúa de nuevo en los primeros lugares de la escenografía nacional e internacional.
¿Qué funciones tiene?
De acuerdo con la Ley de Autonomía del Banco de España, el gobernador es quien dirige la entidad y quien la representa oficialmente ante aquellas instituciones y organismos públicos en que participa. El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español, y es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
.
¿De qué se ocupa?
Ostenta además la representación legal del Banco a todos los efectos y, en especial, ante los Tribunales de Justicia. El gobernador es el encargado de que la entidad cumpla su compromiso de «fomentar el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, además de emitir los billetes de curso legal, elaborar y publicar estadísticas, prestar servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública, asesorar al Gobierno, de vigilar los sistemas de pagos y dictar normas para cumplir sus funciones».
¿Qué debe hacer para mantener la estabilidad financiera?
Según la entidad, la estabilidad se produce cuando el sistema financiero opera de forma fluida y eficiente para el correcto funcionamiento de la economía. Por tanto, el gobernador debe someter a una vigilancia especial a los bancos, que es lo que se conoce como regulación o supervisión, para evitar el contagio o riesgo sistémico que colapse el conjunto del sistema.
C. SEGOVIA M. RECUERO MADRID
08/06/2012 ECONOMÍA
¿Qué funciones tiene?
De acuerdo con la Ley de Autonomía del Banco de España, el gobernador es quien dirige la entidad y quien la representa oficialmente ante aquellas instituciones y organismos públicos en que participa. El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español, y es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
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¿De qué se ocupa?
Ostenta además la representación legal del Banco a todos los efectos y, en especial, ante los Tribunales de Justicia. El gobernador es el encargado de que la entidad cumpla su compromiso de «fomentar el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, además de emitir los billetes de curso legal, elaborar y publicar estadísticas, prestar servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública, asesorar al Gobierno, de vigilar los sistemas de pagos y dictar normas para cumplir sus funciones».
¿Qué debe hacer para mantener la estabilidad financiera?
Según la entidad, la estabilidad se produce cuando el sistema financiero opera de forma fluida y eficiente para el correcto funcionamiento de la economía. Por tanto, el gobernador debe someter a una vigilancia especial a los bancos, que es lo que se conoce como regulación o supervisión, para evitar el contagio o riesgo sistémico que colapse el conjunto del sistema.
9.000 millones más para Catalunya Banc y Novagalicia
Aríztegui desvela nuevas cifras que junto a Bankia suman 30.000 millones
Los tres bancos nacionalizados: Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia necesitarán del Estado más de 30.000 millones de euros. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, pidió ya 19.000 millones y las otras dos entidades necesitarán al menos 9.000 millones más, según desveló, ayer, el aún subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, a puerta cerrada, en el Congreso de los Diputrados.
Los grupo bancarios creados por Catalunya Caixa y las tres cajas gallegas necesitarán en torno a 4.500 millones de euros adicionales, respectivamente, para cumplir los requisitos de saneamiento inmobiliario exigidos por el Gobierno. Así lo aseguraron a este diario fuentes parlamentarias y no desmintió el Banco de España tras la comparecencia de Aríztegui en la subcomisión parlamentaria del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). En ella, Aríztegui eludió responder a diversas preguntas de los parlamentarios sobre Bankia y se remitió al estudio que está realizando el Banco de España sobre la petición de recapitalización propuesta por Goirigolzarri.
Su actitud esquiva irritó a algunos diputados de la oposición, pero el parlamentario del PP que presidió la reunión, Fernando López Amor, animó a Aríztegui a no contestar preguntas que no tuvieran que ver estrictamente con las últimas operaciones del Frob, que preside el subgobernador del Banco de España. Aríztegui alegó que el Frob aún no ha entrado en el capital de Bankia, ya que todavía no se ha materializado el canje en acciones del préstamo público concedido, en 2010, por importe de 4.465 millones de euros para la constitución de Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia.
No obstante, el escenario descrito está a expensas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dé a conocer su informe sobre la evaluación del sistema financiero español, el próximo lunes. Precisamente, fuentes financieras confirmaron, ayer, a este diario que la cifra de déficit de capital que baraja el FMI para la banca española asciende a cerca de los 40.000 millones de euros.
El Fondo Monetario considera que el déficit de provisiones al que tendrá que hacer frente la banca española será de unos 100.000 millones de euros. El problema es que el sistema no podrá cubrir todo ese volumen de provisiones con tan sólo su cuenta de resultados y sus fondos propios. En este sentido, las necesidades de capital ascenderán a esos 40.000 millones.
El último informe publicado por el FMI sobre el sistema financiero español, el pasado 25 de abril, reveló que los bancos más grandes parecían «suficientemente capitalizados». Sin embargo, hay otros bancos más vulnerables «que dependen de apoyo público». El citado documento reveló que hay un grupo de 10 bancos, la mayoría de los cuales recibió ayudas públicas, que pueden ser calificados como «vulnerables».
Entre ellos, el Fondo se refirió a uno, «el de mayor tamaño», que debía fortalecer sus balances y mejorar su gestión. Aunque no reveló su nombre, fuentes financieras confirmaron que se trataba de Bankia. El FMI no pasó por alto las entidades que están en proceso de ser subastadas. Se trata de Banco de Valencia, Catalunya Banc y Novagalicia. «A menos que se produzca un saneamiento rápido y adecuado de los balances en las instituciones débiles, los bancos solventes sufrirán innecesariamente por una continuada pérdida de confianza de los mercados», advirtió el FMI. Este diario adelantó, el pasado 21 de mayo, que el Fondo considera que el 70% del sector está en condiciones favorables para afrontar nuevas provisiones. En cambio, el 30% restante tendrá dificultades.
La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's difundió, ayer, un informe en el que estima que la banca necesitará entre 80.000 y 112.000 millones para cubrir las pérdidas de su actividad crediticia entre 2012 y 2013. Los analistas creen que el sector podrá absorber 60.000 millones con su cuenta de resultados.
CARLOS SEGOVIA MADRID
08/06/2012 ECONOMÍA
Los tres bancos nacionalizados: Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia necesitarán del Estado más de 30.000 millones de euros. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, pidió ya 19.000 millones y las otras dos entidades necesitarán al menos 9.000 millones más, según desveló, ayer, el aún subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, a puerta cerrada, en el Congreso de los Diputrados.
Los grupo bancarios creados por Catalunya Caixa y las tres cajas gallegas necesitarán en torno a 4.500 millones de euros adicionales, respectivamente, para cumplir los requisitos de saneamiento inmobiliario exigidos por el Gobierno. Así lo aseguraron a este diario fuentes parlamentarias y no desmintió el Banco de España tras la comparecencia de Aríztegui en la subcomisión parlamentaria del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). En ella, Aríztegui eludió responder a diversas preguntas de los parlamentarios sobre Bankia y se remitió al estudio que está realizando el Banco de España sobre la petición de recapitalización propuesta por Goirigolzarri.
Su actitud esquiva irritó a algunos diputados de la oposición, pero el parlamentario del PP que presidió la reunión, Fernando López Amor, animó a Aríztegui a no contestar preguntas que no tuvieran que ver estrictamente con las últimas operaciones del Frob, que preside el subgobernador del Banco de España. Aríztegui alegó que el Frob aún no ha entrado en el capital de Bankia, ya que todavía no se ha materializado el canje en acciones del préstamo público concedido, en 2010, por importe de 4.465 millones de euros para la constitución de Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia.
No obstante, el escenario descrito está a expensas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dé a conocer su informe sobre la evaluación del sistema financiero español, el próximo lunes. Precisamente, fuentes financieras confirmaron, ayer, a este diario que la cifra de déficit de capital que baraja el FMI para la banca española asciende a cerca de los 40.000 millones de euros.
El Fondo Monetario considera que el déficit de provisiones al que tendrá que hacer frente la banca española será de unos 100.000 millones de euros. El problema es que el sistema no podrá cubrir todo ese volumen de provisiones con tan sólo su cuenta de resultados y sus fondos propios. En este sentido, las necesidades de capital ascenderán a esos 40.000 millones.
El último informe publicado por el FMI sobre el sistema financiero español, el pasado 25 de abril, reveló que los bancos más grandes parecían «suficientemente capitalizados». Sin embargo, hay otros bancos más vulnerables «que dependen de apoyo público». El citado documento reveló que hay un grupo de 10 bancos, la mayoría de los cuales recibió ayudas públicas, que pueden ser calificados como «vulnerables».
Entre ellos, el Fondo se refirió a uno, «el de mayor tamaño», que debía fortalecer sus balances y mejorar su gestión. Aunque no reveló su nombre, fuentes financieras confirmaron que se trataba de Bankia. El FMI no pasó por alto las entidades que están en proceso de ser subastadas. Se trata de Banco de Valencia, Catalunya Banc y Novagalicia. «A menos que se produzca un saneamiento rápido y adecuado de los balances en las instituciones débiles, los bancos solventes sufrirán innecesariamente por una continuada pérdida de confianza de los mercados», advirtió el FMI. Este diario adelantó, el pasado 21 de mayo, que el Fondo considera que el 70% del sector está en condiciones favorables para afrontar nuevas provisiones. En cambio, el 30% restante tendrá dificultades.
La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's difundió, ayer, un informe en el que estima que la banca necesitará entre 80.000 y 112.000 millones para cubrir las pérdidas de su actividad crediticia entre 2012 y 2013. Los analistas creen que el sector podrá absorber 60.000 millones con su cuenta de resultados.
«Creía que tras las elecciones subiría la confianza, pero...»
El gobernador se despide criticando al Gobierno a puerta cerrada
.El hasta este fin de semana gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, criticó ayer al Gobierno en el almuerzo que organizó a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
«Yo creía que tras las elecciones generales mejoraría la confianza exterior en España, pero ha sido todo lo contrario, ha ido a peor», afirmó Ordóñez ante los portavoces de los distintos grupos políticos, incluido el del PP, Vicente Martínez-Pujalte. Éste no le interrumpió, pero abandonó el almuerzo antes de que concluyera.
El gobernador también insistió en que él habría querido explicar lo sucedido en Bankia que, en su opinión, no ha sido bien gestionado por el Gobierno, pero insistió en su argumento, ya expuesto en el Senado la semana pasada, de que no lo hace por acatar una decisión gubernamental. «Yo podría decir mucho de Bankia», aseguró a los presentes, pero reiteró que si el Gobierno consideraba inoportuno que haya explicaciones sobre el caso en un momento tan delicado para la imagen de España en el exterior, él lo acataba.
Martínez-Pujalte recordó que habría sido positivo que en 2006, cuando fue nombrado Ordóñez gobernador, el Gobierno de Zapatero hubiera mantenido la tradición de pacto en el Banco de España con el PP. El gobernador le replicó asegurando que él mismo pidió al Gobierno de entonces que alcanzara un consenso con Rajoy, pero que no fue posible. La razón, según Ordóñez, es que el entonces portavoz económico del PP, Miguel Arias Cañete, propuso como subgobernador «a una persona sin conocimiento del Banco de España». Se refería al actual director general de Asuntos Jurídicos del Banco Central Europeo, José Antonio Sáinz de Vicuña. Vetado Sáinz de Vicuña, Ordóñez eligió como subgobernador a José Viñals.
Tres años después, cuando éste dimitió para irse a trabajar en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ordóñez asegura que él intentó de nuevo el consenso con el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, pero sin éxito. «Me dijeron que nombrara a quien me diera la gana», aseguró el gobernador. Así que decidió él mismo, según su versión, nombrar a Javier Aríztegui, que asistió también al almuerzo. Entre los asistentes figuraron la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y los portavoces de CiU, Josep Sanchez Llibre, PNV, Pedro Azpiazu y UpyD, Álvaro Anchuelo. Sánchez Llibre bromeó con Ordóñez instándole a comparecer sobre Bankia incluso este sábado antes de abandonar el cargo y Anchuelo le preguntó cuándo prevería una recuperación económica. El gobernador señaló que España debe corregir antes su sobreendeudamiento, lo que le llevará aún al menos dos años
J. MÜLLER F. NÚÑEZ MADRID
08/06/2012 PORTADA
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desmintió ayer que esta medida vaya a ser impuesta sin una negociación.
Los moscosos deben su nombre al ministro de Presidencia del primer Gobierno de Felipe González, Javier Moscoso, que en la reforma de la función pública de 1983 promovió la instauración de estos días de asuntos propios para ordenar las ausencias, injustificadas por entonces, del funcionariado. El término entró incluso en el avance de la 23º edición del diccionario de la RAE como una voz coloquial cuyo significado es «un día de permiso de libre disposición que tienen pactado ciertos colectivos de trabajadores y funcionarios».
Estas libranzas, que se han mantenido hasta ahora, están reguladas en el artículo 48.2 del actual Estatuto Básico del Empleado Público. Permite disponer de inicialmente seis días hábiles por año que se van ampliando según la antigüedad del personal laboral y funcionarios públicos. Así, se les otorga otros dos días hábiles más a quienes acumulen seis trienios (18 años de antigüedad), incrementándose en un día más adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo (24 años).
Sin embargo, la mayoría de las autonomías modificaron estos criterios generales y habían establecido para sus funcionarios un mayor número de días librados. Pero, en los planes de ajuste presentados ante Hacienda, algunas comunidades ya han modificado a la baja esos días hasta el número que fija el Estatuto. Por ejemplo, Cataluña y Galicia tenía habilitados nueve días iniciales y ahora los han fijado en seis. Madrid ha pasado de siete a seis mientras que en Aragón se dispone de ocho.
Según Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), «el Ministerio no está contando para nada hasta ahora con los agentes sociales para las reformas y la supresión de los moscosos parece más una medida mediática que efectiva». Serviría para contratar menos interinos, pero dependerá en qué servicios.
«El objetivo es que el régimen de los empleados públicos se asemeje lo más posible al de los trabajadores privados, con la excepción del despido», señaló un alto funcionario que ha trabajado en la reforma. Con esta medida, se pretende aumentar la productividad y sobre todo facilitar un ahorro de la masa salarial de funcionarios, que en 2011 se situó en los 124.000 millones de euros. Se suma a la ampliación del horario de 35 a 37,5 horas semanales. Otras condiciones de trabajo, como la movilidad funcional o la flexibilidad interna, estarán recogidas en la reforma.
El Gobierno, sin embargo, no tocará el sueldo de los funcionarios, aunque no se descarta la introducción de incentivos, porque considera que de otra manera no puede tener «una administración pública razonablemente motivada». En cuanto a la inamovilidad en el empleo, el Ejecutivo estima que la mayoría de los funcionarios han superado un examen de oposición y «merecen un respeto».
La supresión de los moscosos y otros aspectos, como el absentismo, serán objeto de negociación con los sindicatos.
Para medir el absentismo, algo que nunca se ha realizado, se acordará un sistema para obtener datos fiables a través de Muface, la mutua de los empleados públicos, y actuar en consecuencia.
El número de funcionarios alcanza los 2,5 millones, según el registro central de la Administración. En la EPA constan 3,1 millones incluyendo a todos aquéllos que cobran del erario público (desde políticos y asesores hasta empleados de empresas públicas de las tres administraciones). La política de renovación limitada ha hecho que en el último año se hayan eliminado 150.000 puestos, sobre todo por jubilación.
.El hasta este fin de semana gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, criticó ayer al Gobierno en el almuerzo que organizó a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
«Yo creía que tras las elecciones generales mejoraría la confianza exterior en España, pero ha sido todo lo contrario, ha ido a peor», afirmó Ordóñez ante los portavoces de los distintos grupos políticos, incluido el del PP, Vicente Martínez-Pujalte. Éste no le interrumpió, pero abandonó el almuerzo antes de que concluyera.
El gobernador también insistió en que él habría querido explicar lo sucedido en Bankia que, en su opinión, no ha sido bien gestionado por el Gobierno, pero insistió en su argumento, ya expuesto en el Senado la semana pasada, de que no lo hace por acatar una decisión gubernamental. «Yo podría decir mucho de Bankia», aseguró a los presentes, pero reiteró que si el Gobierno consideraba inoportuno que haya explicaciones sobre el caso en un momento tan delicado para la imagen de España en el exterior, él lo acataba.
Martínez-Pujalte recordó que habría sido positivo que en 2006, cuando fue nombrado Ordóñez gobernador, el Gobierno de Zapatero hubiera mantenido la tradición de pacto en el Banco de España con el PP. El gobernador le replicó asegurando que él mismo pidió al Gobierno de entonces que alcanzara un consenso con Rajoy, pero que no fue posible. La razón, según Ordóñez, es que el entonces portavoz económico del PP, Miguel Arias Cañete, propuso como subgobernador «a una persona sin conocimiento del Banco de España». Se refería al actual director general de Asuntos Jurídicos del Banco Central Europeo, José Antonio Sáinz de Vicuña. Vetado Sáinz de Vicuña, Ordóñez eligió como subgobernador a José Viñals.
Tres años después, cuando éste dimitió para irse a trabajar en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ordóñez asegura que él intentó de nuevo el consenso con el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, pero sin éxito. «Me dijeron que nombrara a quien me diera la gana», aseguró el gobernador. Así que decidió él mismo, según su versión, nombrar a Javier Aríztegui, que asistió también al almuerzo. Entre los asistentes figuraron la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y los portavoces de CiU, Josep Sanchez Llibre, PNV, Pedro Azpiazu y UpyD, Álvaro Anchuelo. Sánchez Llibre bromeó con Ordóñez instándole a comparecer sobre Bankia incluso este sábado antes de abandonar el cargo y Anchuelo le preguntó cuándo prevería una recuperación económica. El gobernador señaló que España debe corregir antes su sobreendeudamiento, lo que le llevará aún al menos dos años
El Gobierno negociará con los sindicatos eliminar los 'moscosos'
. El Gobierno quiere suprimir los moscosos, los seis días libres al año, como mínimo, que disfrutan los funcionarios para asuntos propios. Esta medida, que se negociará con los sindicatos, se incluirá en la nueva ley de la Función Pública.El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desmintió ayer que esta medida vaya a ser impuesta sin una negociación.
Los moscosos deben su nombre al ministro de Presidencia del primer Gobierno de Felipe González, Javier Moscoso, que en la reforma de la función pública de 1983 promovió la instauración de estos días de asuntos propios para ordenar las ausencias, injustificadas por entonces, del funcionariado. El término entró incluso en el avance de la 23º edición del diccionario de la RAE como una voz coloquial cuyo significado es «un día de permiso de libre disposición que tienen pactado ciertos colectivos de trabajadores y funcionarios».
Estas libranzas, que se han mantenido hasta ahora, están reguladas en el artículo 48.2 del actual Estatuto Básico del Empleado Público. Permite disponer de inicialmente seis días hábiles por año que se van ampliando según la antigüedad del personal laboral y funcionarios públicos. Así, se les otorga otros dos días hábiles más a quienes acumulen seis trienios (18 años de antigüedad), incrementándose en un día más adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo (24 años).
Sin embargo, la mayoría de las autonomías modificaron estos criterios generales y habían establecido para sus funcionarios un mayor número de días librados. Pero, en los planes de ajuste presentados ante Hacienda, algunas comunidades ya han modificado a la baja esos días hasta el número que fija el Estatuto. Por ejemplo, Cataluña y Galicia tenía habilitados nueve días iniciales y ahora los han fijado en seis. Madrid ha pasado de siete a seis mientras que en Aragón se dispone de ocho.
Según Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), «el Ministerio no está contando para nada hasta ahora con los agentes sociales para las reformas y la supresión de los moscosos parece más una medida mediática que efectiva». Serviría para contratar menos interinos, pero dependerá en qué servicios.
«El objetivo es que el régimen de los empleados públicos se asemeje lo más posible al de los trabajadores privados, con la excepción del despido», señaló un alto funcionario que ha trabajado en la reforma. Con esta medida, se pretende aumentar la productividad y sobre todo facilitar un ahorro de la masa salarial de funcionarios, que en 2011 se situó en los 124.000 millones de euros. Se suma a la ampliación del horario de 35 a 37,5 horas semanales. Otras condiciones de trabajo, como la movilidad funcional o la flexibilidad interna, estarán recogidas en la reforma.
El Gobierno, sin embargo, no tocará el sueldo de los funcionarios, aunque no se descarta la introducción de incentivos, porque considera que de otra manera no puede tener «una administración pública razonablemente motivada». En cuanto a la inamovilidad en el empleo, el Ejecutivo estima que la mayoría de los funcionarios han superado un examen de oposición y «merecen un respeto».
La supresión de los moscosos y otros aspectos, como el absentismo, serán objeto de negociación con los sindicatos.
Para medir el absentismo, algo que nunca se ha realizado, se acordará un sistema para obtener datos fiables a través de Muface, la mutua de los empleados públicos, y actuar en consecuencia.
El número de funcionarios alcanza los 2,5 millones, según el registro central de la Administración. En la EPA constan 3,1 millones incluyendo a todos aquéllos que cobran del erario público (desde políticos y asesores hasta empleados de empresas públicas de las tres administraciones). La política de renovación limitada ha hecho que en el último año se hayan eliminado 150.000 puestos, sobre todo por jubilación.
posted by e-pesimo | 08:14
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