CORRUPCIONES SOCIALISTAS: La Justicia da 5 días a la Junta socialista para que revele 200 ERE´s delictivos/ Un Consejero de Montilla, responsable de Gobernación y alcalde de Seu de Urgell, detenido por delincuente
La juez da a la Junta cinco días para que revele a 200 intrusos delictivos
. La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha requerido a la Junta de Andalucía para que, en un plazo de cinco días, aporte el listado de las 200 personas que, según se detectó en junio, seguían cobrando ayudas sociolaborales pese a no tener derecho a ello.Hay que recordar que, en su comparecencia del miércoles, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera desveló que, durante el pasado mes de junio, la Junta inició expedientes de revisión de las ayudas sociolaborales otorgadas a 300 personas, concluyendo que, de ellas, un total de 200 «no tenían derecho a seguir cobrando» tales ayudas.
El imputado llegó a decir que no se había elevado dicho listado al juzgado porque «se consideró que no había ilícito penal», lo que motivó que la magistrada dijera que es ella la que determina si existe o no un ilícito penal.
Finalmente, Rivera dijo ayer a la juez Mercedes Alaya que «le repugna la corrupción», que «un corrupto no puede ser socialista» y que «nunca ha obtenido beneficios» de su cargo
Libertad con fianza para los tres socialistas encarcelados por los ERE
El ex consejero socialista podrá salir de prisión si reúne 450.000 euros
.Las tres personas encarceladas por el escándalo de los ERE fraudulentos -un ex consejero, un ex director general de Trabajo y Seguridad Social y su antiguo chófer- podrán eludir ya la prisión si depositan fianzas, después de las resoluciones dictadas ayer por la Audiencia de Sevilla y la instructora del caso.
En un auto notificado por la mañana, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla volvió a corregir a la juez Alaya y decretó libertad para el ex consejero Antonio Fernández si deposita 450.000 euros en metálico.
A la espera de conocer si Antonio Fernández reúne el dinero para abandonar hoy mismo el centro penitenciario de Morón, donde permanece desde el 24 de abril, la resolución de la Audiencia de Sevilla tuvo otro efecto. La juez Alaya resolvió a última hora de la tarde reformar el auto por el que envió a prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero el pasado 10 de marzo, de modo que el ex alto cargo que desveló la existencia del fondo de reptiles podrá salir de la cárcel si deposita 250.000 euros.
Pese a considerar que el avance de la investigación ha permitido constatar que los indicios de la participación en los hechos de Guerrero tienen incluso «mayor consistencia», la magistrada valora la «aportación» realizada por el ex director general de Trabajo en su declaración judicial sobre el funcionamiento de la «presunta trama organizada» -«las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa», razona- y varía su criterio. Alaya reconoce que su «pensamiento» era mantenerlo en prisión provisional «sine die».
Ponderando la gravedad de los hechos que le imputaba, la instructora considera que la situación económica de Guerrero es menos boyante que la de quien fue su superior en la Consejería de Empleo y establece la fianza en 250.000 euros.
Eso ocurría horas después de que la Sección Séptima de la Audiencia rectificara a Alaya y ordenara libertad con fianza para el ex consejero Antonio Fernández, al no apreciar que concurran los motivos en los que se sustentaba el ingreso en prisión.
La juez Alaya fundamentó la decisión de enviar a Antonio Fernández a la cárcel -medida solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y a la que se adhirieron las acusaciones que ejercen el PP y el sindicato Manos Limpias- por el riesgo de fuga y la posible obstrucción de las actuaciones judiciales que podría llevar a cabo el imputado, en cuyas etapas como viceconsejero y consejero de Empleo se concedieron 1.131 ayudas por más de 477 millones de euros mediante un procedimiento al margen de la ley.
En un auto fechado ayer, del que ha sido ponente la magistrada Esperanza Jiménez Mantecón, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex consejero y resuelve que Antonio Fernández podrá eludir la prisión provisional si deposita una fianza en metálico de 450.000 euros. También le obliga a entregar el pasaporte para que no pueda abandonar el país, y a comparecer todos los martes en sede judicial.
La Audiencia de Sevilla considera que no concurre ninguno de los dos motivos esgrimidos para sustentar la orden de prisión.
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
13/07/2012 PORTADA
.Las tres personas encarceladas por el escándalo de los ERE fraudulentos -un ex consejero, un ex director general de Trabajo y Seguridad Social y su antiguo chófer- podrán eludir ya la prisión si depositan fianzas, después de las resoluciones dictadas ayer por la Audiencia de Sevilla y la instructora del caso.
En un auto notificado por la mañana, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla volvió a corregir a la juez Alaya y decretó libertad para el ex consejero Antonio Fernández si deposita 450.000 euros en metálico.
A la espera de conocer si Antonio Fernández reúne el dinero para abandonar hoy mismo el centro penitenciario de Morón, donde permanece desde el 24 de abril, la resolución de la Audiencia de Sevilla tuvo otro efecto. La juez Alaya resolvió a última hora de la tarde reformar el auto por el que envió a prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero el pasado 10 de marzo, de modo que el ex alto cargo que desveló la existencia del fondo de reptiles podrá salir de la cárcel si deposita 250.000 euros.
Pese a considerar que el avance de la investigación ha permitido constatar que los indicios de la participación en los hechos de Guerrero tienen incluso «mayor consistencia», la magistrada valora la «aportación» realizada por el ex director general de Trabajo en su declaración judicial sobre el funcionamiento de la «presunta trama organizada» -«las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa», razona- y varía su criterio. Alaya reconoce que su «pensamiento» era mantenerlo en prisión provisional «sine die».
Ponderando la gravedad de los hechos que le imputaba, la instructora considera que la situación económica de Guerrero es menos boyante que la de quien fue su superior en la Consejería de Empleo y establece la fianza en 250.000 euros.
Eso ocurría horas después de que la Sección Séptima de la Audiencia rectificara a Alaya y ordenara libertad con fianza para el ex consejero Antonio Fernández, al no apreciar que concurran los motivos en los que se sustentaba el ingreso en prisión.
La juez Alaya fundamentó la decisión de enviar a Antonio Fernández a la cárcel -medida solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y a la que se adhirieron las acusaciones que ejercen el PP y el sindicato Manos Limpias- por el riesgo de fuga y la posible obstrucción de las actuaciones judiciales que podría llevar a cabo el imputado, en cuyas etapas como viceconsejero y consejero de Empleo se concedieron 1.131 ayudas por más de 477 millones de euros mediante un procedimiento al margen de la ley.
En un auto fechado ayer, del que ha sido ponente la magistrada Esperanza Jiménez Mantecón, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex consejero y resuelve que Antonio Fernández podrá eludir la prisión provisional si deposita una fianza en metálico de 450.000 euros. También le obliga a entregar el pasaporte para que no pueda abandonar el país, y a comparecer todos los martes en sede judicial.
La Audiencia de Sevilla considera que no concurre ninguno de los dos motivos esgrimidos para sustentar la orden de prisión.
Los mossos detienen a un ex 'conseller' de Generalitat de Catalunya de Montilla por contrabando de tabaco
Él y los 6 miembros de la banda pasaron de Andorra 300.000 euros desde mayo
ex conseller catalán de Gobernación y Administraciones Públicas Jordi Ausàs (ERC) dejó ayer de ser simplemente conocido por formar parte del último Gobierno tripartito en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra le detuvieron el miércoles por su presunta relación con una red de contrabando y distribución de tabaco procedente de Andorra.
En esta operación, realizada en la Seu d'Urgell (Lleida), fueron arrestadas a otras seis personas, una de ellas un oficial de la Guardia Civil, acusadas de formar parte de este grupo criminal.
Presuntamente, Ausàs habría dejado algunos locales para que se guardase el tabaco y habría participado en algunas tareas de distribución de la mercancía. Según varias fuentes, los agentes hicieron seguimientos del ex conseller y pudieron comprobar cómo participaba en algunas de las transacciones.
Los Mossos también registraron el domicilio y el garaje de Ausàs en La Seu, localidad de la que fue alcalde durante cuatro años, donde presuntamente habría guardado tabaco e hizo algún intercambio. Además la policía realizó entradas y registros en otro piso y un bar.
El Juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d'Urgell ordenó la investigación en mayo pasado. Se calcula que hasta los arrestos de ayer la organización habría entrado de forma ilegal tabaco por valor de 300.000 euros. Varias fuentes indican que este producto es de procedencia americana y que llega a Andorra antes de pasar de contrabando hacia España. El seguimiento realizado al grupo durante dos meses ha permitido constatar a los agentes que la red introducía y comercializaba grandes cantidades de tabaco.
La operación continúa abierta y los Mossos no descartan más detenciones en las próximas horas. Tanto Ausàs como los otros sospechosos están imputados de los delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal. Los seis detenidos restantes son Marta D.G., de 47 años, Julián G.M., de 55 años, José Félix T.A., de 31 años, Antoni R.E., de 52 años, y Maria Dolores P.M., de 55 años, vecinos de La Seu d'Urgell, y Maria Teresa F.G., de 28 años y vecina de Álava. Todos los sospechosos son de nacionalidad española. La Guardia Civil también ha participado en este operativo ya que detuvieron a un agente del cuerpo, que estaba de baja, por su supuesta participación. Entre esta tarde y mañana los detenidos pasarán a disposición judicial para que les tomen declaración.
La detención de Ausàs provocó una profunda sorpresa en ERC, partido del que todavía es militante. En un comunicado expresaron su «consternación» por el arresto y defendieron el «digno comportamiento» de Ausàs «hasta donde es conocida su actuación» por el partido, por lo que reclamaron que se respete la presunción de inocencia.
Por su parte, el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla (CiU), expresó a Efe su «sorpresa» por la detención de su antecesor en el cargo y pidió que se aclare lo antes posible su supuesta implicación en la red, al tratarse de una persona «relevante para la ciudad».
G. G. BARCELONA
13/07/2012 ESPAÑA
ex conseller catalán de Gobernación y Administraciones Públicas Jordi Ausàs (ERC) dejó ayer de ser simplemente conocido por formar parte del último Gobierno tripartito en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra le detuvieron el miércoles por su presunta relación con una red de contrabando y distribución de tabaco procedente de Andorra.
En esta operación, realizada en la Seu d'Urgell (Lleida), fueron arrestadas a otras seis personas, una de ellas un oficial de la Guardia Civil, acusadas de formar parte de este grupo criminal.
Presuntamente, Ausàs habría dejado algunos locales para que se guardase el tabaco y habría participado en algunas tareas de distribución de la mercancía. Según varias fuentes, los agentes hicieron seguimientos del ex conseller y pudieron comprobar cómo participaba en algunas de las transacciones.
Los Mossos también registraron el domicilio y el garaje de Ausàs en La Seu, localidad de la que fue alcalde durante cuatro años, donde presuntamente habría guardado tabaco e hizo algún intercambio. Además la policía realizó entradas y registros en otro piso y un bar.
El Juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d'Urgell ordenó la investigación en mayo pasado. Se calcula que hasta los arrestos de ayer la organización habría entrado de forma ilegal tabaco por valor de 300.000 euros. Varias fuentes indican que este producto es de procedencia americana y que llega a Andorra antes de pasar de contrabando hacia España. El seguimiento realizado al grupo durante dos meses ha permitido constatar a los agentes que la red introducía y comercializaba grandes cantidades de tabaco.
La operación continúa abierta y los Mossos no descartan más detenciones en las próximas horas. Tanto Ausàs como los otros sospechosos están imputados de los delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal. Los seis detenidos restantes son Marta D.G., de 47 años, Julián G.M., de 55 años, José Félix T.A., de 31 años, Antoni R.E., de 52 años, y Maria Dolores P.M., de 55 años, vecinos de La Seu d'Urgell, y Maria Teresa F.G., de 28 años y vecina de Álava. Todos los sospechosos son de nacionalidad española. La Guardia Civil también ha participado en este operativo ya que detuvieron a un agente del cuerpo, que estaba de baja, por su supuesta participación. Entre esta tarde y mañana los detenidos pasarán a disposición judicial para que les tomen declaración.
La detención de Ausàs provocó una profunda sorpresa en ERC, partido del que todavía es militante. En un comunicado expresaron su «consternación» por el arresto y defendieron el «digno comportamiento» de Ausàs «hasta donde es conocida su actuación» por el partido, por lo que reclamaron que se respete la presunción de inocencia.
Por su parte, el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla (CiU), expresó a Efe su «sorpresa» por la detención de su antecesor en el cargo y pidió que se aclare lo antes posible su supuesta implicación en la red, al tratarse de una persona «relevante para la ciudad».
JORDI AUSÀS
Ex 'conseller' de la Generalitat
Ex 'conseller' de la Generalitat
El impulsor de la fallida ordenación territorial catalana
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Los dos años de mandato de Jordi Ausàs (La Seu d'Urgell 1960) al frente de la Conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas se recordarán por un único proyecto: el impulso de la Ley de las Veguerías aprobado a mediados de 2010, aunque primero el Tribunal Constitucional y luego la crisis económica impidieron su aplicación. Ausàs se obsesionó con este modelo territorial catalán que existía en la Edad Media y que pretendía que sustituyese a las actuales provincias.
De hecho, la ley, aprobada sólo con los votos del tripartito, dividía Cataluña en siete veguerías: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Cataluña Central, Alto Pirineo y Arán y Tierras del Ebro. Esta normativa provocó bastante polémica por la denominación de algunas vegueries, la designación de su capital y la creación de más divisiones. El Constitucional estableció que no se podía tocar el ordenamiento territorial de las actuales cuatro provincias y con el cambio de Gobierno en Cataluña, el proyecto dejó de ser una prioridad durante esta legislatura.
La carrera política de Ausàs comenzó con su ingreso en ERC en 1986 y culminó cuando sustituyó a Joan Puigcercós al frente de Gobernación y Administraciones Públicas en 2008, cargo en el que estuvo hasta 2010, cuando CiU recuperó la Generalitat. Fue elegido por primera vez diputado en el Parlamento de Cataluña en 1995 y reelegido sucesivamente otras tres legislaturas. En esta institución fue presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 1999 hasta el 2003, y portavoz del grupo de ERC. También formó parte de la Comisión de Política Cultural, Educación y Universidades, y de la Comisión de Estudio de la Situación de Personas con Discapacidades.
Mientras ocupaba su escaño en el Parlamento catalán también fue alcalde, entre 2003 y 2007, de su localidad natal, la Seu d'Urgell. Antes había sido concejal de la oposición desde 1999. En 2008 fue el candidato de ERC por la provincia de Lleida en las elecciones generales al Congreso, aunque no fue elegido. Poco después entró a formar parte del último Gobierno de José Montilla. En junio pasado dejó de cobrar la prestación que el Ejecutivo catalán entrega a los ex consellers tras recibirla durante un año y medio.
Ausàs ha dedicado su vida profesional a la enseñanza pública. Ejerció de maestro de educación primaria y de profesor de catalán por la Universitat de Barcelona. Durante unos años fue director de la Escuela Andorrana de Escaldas-Engordany. También es miembro de Òmnium Cultural. Está casado y es padre de tres hijos.
Los dos años de mandato de Jordi Ausàs (La Seu d'Urgell 1960) al frente de la Conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas se recordarán por un único proyecto: el impulso de la Ley de las Veguerías aprobado a mediados de 2010, aunque primero el Tribunal Constitucional y luego la crisis económica impidieron su aplicación. Ausàs se obsesionó con este modelo territorial catalán que existía en la Edad Media y que pretendía que sustituyese a las actuales provincias.
De hecho, la ley, aprobada sólo con los votos del tripartito, dividía Cataluña en siete veguerías: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Cataluña Central, Alto Pirineo y Arán y Tierras del Ebro. Esta normativa provocó bastante polémica por la denominación de algunas vegueries, la designación de su capital y la creación de más divisiones. El Constitucional estableció que no se podía tocar el ordenamiento territorial de las actuales cuatro provincias y con el cambio de Gobierno en Cataluña, el proyecto dejó de ser una prioridad durante esta legislatura.
La carrera política de Ausàs comenzó con su ingreso en ERC en 1986 y culminó cuando sustituyó a Joan Puigcercós al frente de Gobernación y Administraciones Públicas en 2008, cargo en el que estuvo hasta 2010, cuando CiU recuperó la Generalitat. Fue elegido por primera vez diputado en el Parlamento de Cataluña en 1995 y reelegido sucesivamente otras tres legislaturas. En esta institución fue presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 1999 hasta el 2003, y portavoz del grupo de ERC. También formó parte de la Comisión de Política Cultural, Educación y Universidades, y de la Comisión de Estudio de la Situación de Personas con Discapacidades.
Mientras ocupaba su escaño en el Parlamento catalán también fue alcalde, entre 2003 y 2007, de su localidad natal, la Seu d'Urgell. Antes había sido concejal de la oposición desde 1999. En 2008 fue el candidato de ERC por la provincia de Lleida en las elecciones generales al Congreso, aunque no fue elegido. Poco después entró a formar parte del último Gobierno de José Montilla. En junio pasado dejó de cobrar la prestación que el Ejecutivo catalán entrega a los ex consellers tras recibirla durante un año y medio.
Ausàs ha dedicado su vida profesional a la enseñanza pública. Ejerció de maestro de educación primaria y de profesor de catalán por la Universitat de Barcelona. Durante unos años fue director de la Escuela Andorrana de Escaldas-Engordany. También es miembro de Òmnium Cultural. Está casado y es padre de tres hijos.
posted by e-pesimo | 08:12
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