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sábado, 11 de febrero de 2012

EDITORIALES: Giro sustancial en el mercado laboral español

  • 11/02/2012
  • Giro sustancial en el mercado laboral español


    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresEL GOBIERNO aprobó ayer la mayor reforma del mercado de trabajo desde que se reinstauró la democracia en España. Y al hacerlo, ha eliminado muchas de las rigideces que quedaban en un modelo de relaciones laborales enquistado desde el franquismo. Quizá haya quien piense que podía haber ido más allá en algunas cuestiones, pero no es exagerado calificar de revolución más que de reforma el plan que anunció Fátima Báñez. Porque el Ejecutivo ha elaborado un amplio y trabajado programa que ataca aspectos clave, considerados tabúes en nuestro país, como el abaratamiento real y efectivo del despido, la lucha contra la dualidad de la contratación fija y temporal o el inmenso poder de las cúpulas sindicales y empresariales en la negociación colectiva y en la formación de los trabajadores.

    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresSi el objetivo es crear un modelo de relaciones laborales más dinámico, flexible y competitivo, en línea con el de los países de nuestro entorno -que registran un paro muy inferior al nuestro-, podemos decir que el Ejecutivo parece empeñado en poner las piedras para conseguirlo. Y eso es una buena noticia al ver los frutos que ha dado el sistema vigente: la vergonzante cifra de más de cinco millones de parados.

    La reforma se podría resumir en que aumentan los riesgos de perder el puesto de trabajo por parte de quienes lo tienen a cambio de facilitar el acceso a un empleo a los que carecen de él. Así, en materia de contratación -y es una de las mejores aportaciones- el Gobierno crea un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores que estipula, entre otras cosas, que los trabajadores podrán cobrar el 25% del seguro de paro a la vez que trabajan y el empleador, deducirse el 50% de la prestación de ese empleado. Además, establece un periodo de prueba de un año tras el que se podrá dar de baja al trabajador sin indemnización. Una medida que contribuirá a dinamizar las contrataciones, pero que inexplicablemente se ha circunscrito a empresas con menos de 50 empleados. Como la reforma -con buen tino- se va a tramitar en el Congreso como proyecto de ley, el Gobierno debería aprovechar para ampliar ese contrato a cualquier tipo de compañía.

    Otro aspecto importante es la conversión de las empresas de empleo temporal en agencias de colocación. Habrá que esperar para analizar su regulación, pero es una medida sensata si se considera que los servicios públicos de empleo sólo son capaces de colocar al 3% de los parados.

    La reforma da también un paso importante en la flexibilidad del mercado de trabajo al limitar a dos años la ultraactividad de los convenios -aunque hubiera sido mejor reducir ese plazo- y primar el de empresa frente al sectorial. Se concede así a compañías y trabajadores más capacidad para adaptar sus condiciones laborales a las necesidades concretas de producción para que la reducción de personal no sea la única forma de salvar situaciones difíciles. Una medida que amplía el acuerdo alcanzado por sindicatos y patronal hace dos semanas.

    El abaratamiento del despido es la medida que va a causar más controversia política y social pero, como hemos visto, sería reduccionista circunscribir toda la reforma a este asunto. El Gobierno ha rebajado de 45 a 33 días la indemnización por despido improcedente y ha ampliado los supuestos en los que una empresa podrá rescindir contratos de forma procedente pagando 20 días. Bastará con demostrar una caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

    En épocas de crisis, ese despido objetivo será la razón más invocada en los ajustes de plantilla, que saldrán mucho más baratos a los empresarios. Por eso, la reforma laboral aprobada ayer tal vez aumente el paro a corto plazo, pero a medio y largo contribuirá a crear las condiciones para generar más empleo y más estable en nuestro país.
  • 11/02/2012
  • 11-M: todo depende ahora del Supremo


    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresLA AUDIENCIA de Madrid ha decidido archivar la investigación penal que seguía la juez Coro Cillán, titular del juzgado de intrucción nº 43, contra Jesús Sánchez Manzano, el ex jefe de los Tedax. Sánchez Manzano estaba acusado de encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos tras una querella presentada por la Asociación de Víctimas del 11-M en julio de 2009, a la que después se sumó la AVT.

    Tras dos años y medio en los que la causa ha ido avanzando gracias a la tenacidad de la juez Cillán, la Audiencia de Madrid considera que los hechos que se investigan ahora ya fueron objeto de una denuncia previa que fue archivada por otro juzgado de la Plaza Castilla. Entiende, por ello, que debe aplicarse el principio de non bis in idem, que significa que la misma cosa no puede ser juzgada dos veces. En consecuencia dicta el sobreseímiento del procedimiento de la juez Cillán.

    Antes de entrar en las consideraciones jurídicas, digamos que ello supone una cruel bofetada a las víctimas del 11-M, representadas en las dos asociaciones querellantes, a las que se priva de la única vía legal abierta para conocer la verdad sobre la masacre de Madrid, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva.

    Pero es que además, como argumenta el fiscal, el sobreseímiento es un error técnico porque no existen los requisitos para considerar que la cosa ha sido ya juzgada. En primer lugar, porque no coinciden las personas que son objeto de la investigación penal. Y en segundo lugar, porque no coincide el objeto de la causa.

    La denuncia de la primera causa, formulada por Alternativa Española, pedía que se investigara la pericia realizada por los expertos sobre la naturaleza de los explosivos que estallaron en los trenes. Fue presentada tras la aparición del libro Titadyn, elaborado a partir de los trabajos de Antonio Iglesias, perito del caso, que cuestionaba la versión oficial, consistente en que la dinamita que estalló fuera Goma 2 ECO. Ello tiene poco que ver con la investigación del juzgado de Coro Cillán, que se dirige a esclarecer las responsabilidades de Sánchez Manzano en la recogida y almacenamiento de los restos de los explosivos, en la destrucción de pruebas, en su falto testimonio en el juicio y en la validez de la mochila de Vallecas. Nada de ello era objeto de la denuncia de Alternativa Española.

    Por tanto, resulta muy difícil de entender un fallo que archiva una investigación que estaba prosperando y había sacado a la luz los presuntos delitos cometidos en la investigación del 11-M en función de otra causa previa que había sido sobreseída sin siquiera indagar sobre la denuncia. Al margen de que nos parece una decisión técnicamente mal fundamentada, no podemos dejar de advertir que han existido injustificadas peticiones de testimonios por parte de algunos personados con posterioridad en la instrucción de Coro Cillán que han contribuido a sembrar la confusión y dado alas a los partidarios del archivo.

    Lo único positivo de esta resolución es que la propia Audiencia concede a las asociaciones que habían acusado a Sánchez Manzano en el juzgado de Cillán el derecho a recurrir el archivo ante el Supremo. Sobran argumentos jurídicos para hacerlo y, por ello, no hay que dejarse llevar por la desesperanza. Todo indica, pues, que el Supremo va a tener la última palabra sobre la investigación contra Sánchez Manzano, que es hoy la única puerta abierta para conocer la verdad sobre el 11-M.

    GOBERNANDO: Rajoy sustituye la anquilosada estructura laboral-sindicalista de Franco por la 'revolucionaria' Reforma Laboral 2.012


  • B. P. RAMÍREZ MADRID
  • 11/02/2012 ESPAÑA
  • Despido más barato y ERE sin autorización

    La reforma mantiene el descuelgue negociado, pero limita la prórroga de los convenios

    No se reducen los modelos de contrato, sino que se crea uno nuevo de apoyo a las pymes


    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresEl Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma del mercado de trabajo que nace con el ambicioso objetivo de poner «un antes y un después» en la legislación laboral española, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque ni ella ni la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dieron ayer una fecha en la que esperar los efectos positivos de las medidas urgentes adoptadas en el decreto ley, su objetivo declarado a corto plazo es «frenar la sangría de destrucción de empleo» y «poner las bases» para crear puestos de trabajo «estables» y «de calidad».

    Para ello, la reforma incluye un abaratamiento del despido inédito hasta ahora en España y otras medidas que pueden cambiar sustancialmente el sistema de relaciones laborales actual, como la desaparición de la autorización administrativa para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y de la ultraactividad, la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación.

    El decreto hace desaparecer el despido exprés, nacido con el decretazo de José María Aznar en 2002 y que permitía al empresario echar a un trabajador reconociendo la improcedencia del cese e indemnizándole, en un plazo de 48 horas, con una cantidad equivalente a 45 días por año trabajado. El mecanismo permitía así a la empresa eludir el litigio judicial y los salarios de tramitación. Tuvo tanto éxito que hasta el 80% de los despidos en España se realiza por esa vía. Y los encareció. Como reconocían ayer fuentes del Ministerio de Empleo, se trataba de un «despido libre indemnizado».

    A partir de ahora, además, la compensación por despido improcedente será de 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades, y no de 45 días y 42 mensualidades. Para calcular la indemnización, los contratos fijos ordinarios mantienen los 45 días hasta la fecha de hoy, en que se publica el decreto. Pero desde ese día comenzará a calcularse con 33 días. Siempre que, tras denunciarlo ante el juez, éste considere improcedente el despido. Si es objetivo -por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- la indemnización seguirá siendo de 20 días.

    Es más, sin autorización administrativa para los ERE y con una nueva definición de lo que se consideran causas económicas -ya las modificó el anterior Ejecutivo-, la reforma facilita de una forma notable el recurso al despido objetivo. Como antes, las empresas podrán seguir alegándolas cuando tengan pérdidas o con sólo preverlas, o bien cuando sus ingresos o ventas disminuyan de manera «persistente». Pero desde hoy se fija en tres trimestres consecutivos el plazo de esa caída.

    Báñez aclaró ayer que el decreto incorpora el acuerdo sobre negociación colectiva que firmaron patronal y sindicatos el 25 de enero. De hecho, respeta básicamente el mecanismo de descuelgue -una empresa en crisis deja de aplicar las condiciones salariales y de trabajo pactadas en un convenio sectorial- que acordaron los agentes sociales. Es decir, el empresario sigue necesitando el acuerdo de los representantes de los trabajadores para descolgarse y, si no lo obtiene, continuará acudiendo primero a la comisión paritaria del convenio y, después, a la mediación y al arbitraje. Pero añade una instancia final: la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, bien nacional o bien las autonómicas, que nombrará, a su vez, un árbitro. Éste deberá resolver en un plazo de 25 días.

    Sin embargo, la reforma elimina la ultraactividad imponiendo un límite máximo de dos años a empresas y sindicatos para renovar los convenios. La solución es del agrado de la CEOE, pero no gustará a los sindicatos, que hoy reúnen a sus ejecutivas para analizar la reforma. La ministra anunció que se ha citado con UGT, CCOO y la patronal para el lunes.

    También es significativo lo que no incluye la reforma. No ha simplificado los contratos, como anunció el Gobierno. De hecho, se ha creado uno nuevo: el indefinido de apoyo a los emprendedores, con una deducción de 3.000 euros por el primer trabajador menor de 30 años que se contrate. Lo que reordena son las bonificaciones, que se habían convertido, dice Empleo, en una «maraña». Tampoco incluye la prevista supresión de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, ni el fondo austriaco de capitalización del despido -al que el Gobierno «no renuncia» pero pospone-, ni hace mención alguna al derecho de huelga.

    Sí que se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más de dos años, que suprimió el anterior Gobierno. Pero no se hará hasta el 1 de enero de 2013 porque, admite el Ministerio, este año va a ser «el más duro de la crisis».

    >Vea en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Vicente Lozano.




  • MARISA CRUZ MADRID
  • 11/02/2012 ESPAÑA
  • Espera contar para su reforma «histórica» con un amplio respaldo de CiU y trabaja ya para atraer al consenso al PNV







    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresEl Gobierno aprobó ayer el real decreto de reforma del mercado laboral que entrará en vigor de manera inmediata. No obstante, anunció que la nueva regulación se tramitará en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley a fin de abrir el debate, según explicó la vicepresidenta, a los distintos grupos políticos, de manera que estos puedan nutrir y enriquecer el texto con sus aportaciones vía enmiendas.

    El Ejecutivo no necesita matemáticamente del respaldo de ningún otro grupo para aprobar su reforma puesto que controla la mayoría absoluta de la Cámara.Sin embargo, dada la trascendencia de un cambio legislativo que la propia vicepresidenta Sáenz de Santamaría y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, calificaron de «histórica» y dijeron que «marcará un antes y un después» en las relaciones laborales, ha considerado conveniente explorar todas las posibilidades para conseguir «el mayor consenso posible».

    La aspiración del Ejecutivo pasa por conseguir la aprobación de la reforma laboral superando el listón de los 200 votos.

    De momento, el Gobierno parte con una comprensión más que amplia por parte de los nacionalistas catalanes de CiU que, de votar a favor del proyecto, sumarían otros 16 votos a los 185 del PP. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su reciente reunión con Mariano Rajoy en La Moncloa ya anticipó su predisposición a dar el visto bueno a la reforma laboral.

    El Ejecutivo da por hecho que contará con el respaldo del representante de Unión del Pueblo Navarro y, muy previsiblemente, con el de Foro Asturias.

    También con posibilidades de acuerdo se inician las conversaciones con los nacionalistas vascos. Pese a que el PNV ha planteado, tras conocer los términos de la reforma, algunas dudas en relación con lo que consideran una tendencia a «recentralizar» los convenios colectivos, no parece que existan terrenos insalvables de discrepancia. El Gobierno acaricia también la posibilidad de sumarlos al consenso.

    De lograr estos apoyos, la reforma laboral con retoques, que sin duda no llegarán a ser muy sustanciales, podría quedar aprobada definitivamente como proyecto de ley en primavera sumando hasta 209 votos a favor. El Ejecutivo considera que un amplio consenso político trasladaría a los ámbitos internacionales un mensaje claro y decisivo del compromiso de España con las reformas estructurales que tienen como último objetivo, en palabras de la vicepresidenta, «vencer el desempleo y dejar atrás la crisis».

    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo sobre las pegas de la reforma laboral.




  • MADRID
  • 11/02/2012 ESPAÑA
  • «Más empleo y seguridad jurídica»







    La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del Grupo Parlamentario Popular, Elvira Rodríguez, aseguró ayer que la reforma laboral contribuirá a crecer y a crear empleo, y recalcó que la nueva normativa dará, además, seguridad jurídica.

    Rodríguez añadió que la reforma resolverá los problemas laborales que hacen que la economía española destruya más empleo que el resto de países del entorno e indicó que da solución a los problemas de empleabilidad, tanto en formación como en los canales de búsqueda de trabajo.

    La portavoz 'popular' aseguró que la actual negociación colectiva se había quedado antigua y era necesaria una modernización para adaptarla a una nueva realidad, al tiempo que valoró el que la reforma cree empleos especiales para jóvenes y nuevas bonificaciones para los colectivos que tienen dificultades de inserción laboral.

    «Se ha dado un giro radical a lo que es la formación continua para que los trabajadores puedan emplearse en otros trabajos si pierden el suyo», dijo.

    También negó que los agentes sociales no hayan participado en esta reforma y aseguró que el presidente del Gobierno les dio «un margen de tiempo y han aportado soluciones».

    Además, aseguró que la flexibilización del despido procedente por causas económicas (con una indemnización de 20 días por año trabajado) no facilitará la salida de los trabajadores con más antigüedad, sino que servirá para mantener el tejido empresarial.«No están las cosas para echar por la borda la experiencia», afirmó.

    Las 10 medidas de la revolución laboral

    El decreto que aprobó ayer el Gobierno representa la mayor reforma del mercado de trabajo que se recuerda en nuestro país en varias décadas. Esa revolución laboral se sintetiza en 10 medidas en las que, por un lado, se favorecen las nuevas contrataciones, al tiempo que se abaratan los despidos y se facilita que las empresas pueden planificar mejor los ajustes de costes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy crea un nuevo contrato para pymes de menos de 50 empleados que establece que los trabajadores puedan compatibilizar el 25% del paro con su salario el primer año y que el empleador pueda deducirse el 50% de esa prestación y recibir 3.000 euros por el primer contratado si tiene menos de 30 años. Además, el periodo de prueba durará un año y el contrato contará con una bonificación de 3.600 euros para jóvenes de menos de 30 años y de 4.500 euros para mayores de 45.

    El despido se abarata considerablemente. Se generaliza en 33 días por año la indemnización por despido improcedente y se precisan las causas por las que pueden rescindirse contratos con la indemnización de 20 días.

    Por último, se da por primera vez prevalencia al convenio de empresa frente al sectorial y se limita la ultraactividad a dos años. Los ERE no necesitarán autorización previa y las empresas de trabajo temporal funcionarán como agencias de colocación.



    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progres
  • FRANCISCO NÚÑEZ MADRID
  • 11/02/2012 ESPAÑA
  • Los expertos valoran la reducción de la intervención administrativa y del despido


    La reforma laboral del Gobierno del PP no es suficiente para crear empleo. Hace falta actividad y que funcione la reforma financiera para que facilite liquidez, pero puede cambiar la percepción de los empresarios de que su principal enemigo para contratar ya no es la normativa laboral. Es la principal conclusión de los expertos consultados por este diario.

    Juan Antonio Sagardoy, presidente de la Fundación Sagardoy, dice que «la reforma es un punto de arranque bueno y es la más importante desde la que hizo Griñán en 1994». Además, al tramitarse por decreto ley, «se podrá enmendar después» con más aportaciones. «Mi impresión es bastante buena porque aborda en profundidad temas cruciales». «Y ha entrado en el terreno de la negociación colectiva, que hasta ahora estaba vedado para los sindicatos», matiza. Entre las aportaciones de la reforma cita la flexibilidad interna de las empresas, el contrato para jóvenes, el abaratamiento del despido con 33 días de indemnización y la supresión de la ultraactividad de los convenios (ahora se prorrogan sin limitación de tiempo alguna en caso de que no se produzca un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores).

    Por su parte, Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas, considera que aunque la reforma no creará empleo, al menos a corto-medio plazo, «servirá para cambiar la dinámica laboral del país porque va a modificar las tendencias históricas patológicas». «Servirá para contratar cuando sea posible, sin tener que esperar, y el empresario irá de cabeza al contrato indefinido porque contratar dejará de ser un problema», añade.

    Del Rey destaca la desaparición de tres viejos tabúes. En concreto, «ha caído el coste del despido», y la indemnización de 33 días por 24 mensualidades como límite «nos sitúa en un ámbito racional respecto a los países del entorno», señala. Por otra parte, desaparece la autorización administrativa previa «donde siempre aparecía detrás papá-Estado». Y también se acaba con la ultraactividad de los convenios, «otro símbolo de que no se renovaba nunca la negociación colectiva», comenta.

    A Federico Durán, socio responsable del área laboral de Garrigues, le parece sin embargo «excesivo» el plazo de dos años para poner fin a la ultraactividad. «Dada la situación económica actual, este tiempo es una eternidad que no pueden aguantar muchas empresas», manifiesta. Durán estima que la reforma «está en línea con lo que hay que hacer». «Aunque no se parte de cero, es un paso decidido», añade. Destaca que se suprime «mucha intervención administrativa», aunque advierte de que se mantiene «el control judicial de los despidos económicos».

    Es decir, en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en caso de desacuerdo con los representantes de los trabajadores, la empresa podrá ponerlos en marcha sin necesidad de que la autoridad laboral (Consejería de Empleo correspondiente o el Ministerio de Empleo) lo autorice. Pero seguramente acabarán en los juzgados de lo Social. Por tanto, es probable que continúe la judicialización de los despidos objetivos por razones económicas.

    Durán cree que, pese al avance de la reforma en aclarar que se puede despedir con 20 días cuando la empresa registre pérdidas o caídas de ingresos o de ventas durante tres trimestres consecutivos, «seguirá habiendo dificultad para objetivar el despido por causas económicas» mientras exista ese control judicial.

    En este sentido, considera que probablemente al empresario le interesará más un despido exprés con 33 días que uno controlado con 20, ya que le seguirá resultando complicado demostrar las pérdidas previstas. «Podrá usar un informe pericial, pero le seguirá siendo difícil demostrar esa situación», añade. De aquí que considere que, pese al avance, «no es una reforma completa».

    En cualquier caso, Miguel Cuenca, socio director del área laboral de KPMG Abogados, que califica a la reforma «de calado», dice que «las empresas deben estar satisfechas. «No recoge el 100% de sus aspiraciones, pero ya tienen despido más barato y más flexibilidad, así como la posibilidad de adherirse o salir de los convenios» de ámbito superior.

    Sobre los descuelgues de los convenios manifiesta, sin embargo, que deberá vigilarse la posibilidad de que se produzcan situaciones de dumping social o de competencia ilícita. Es decir, «las empresas no pueden competir en situación de igualdad si una se descuelga, por ejemplo, de un convenio del sector y otra no lo hace o no puede hacerlo».

    «No creo que el abaratamiento del despido incremente la cifra de paro, pero es evidente que la temporalidad se va a reducir», aclara. Sin embargo, aunque todos ellos valoran el nuevo contrato para jóvenes, advierten de que en realidad «es un contrato temporal» porque incorpora un año de prueba.
    El socialista Jesús Caldera dice que lo abarata y que no sirve para crear empleo



    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progres
    El diputado y ex ministro de Trabajo Jesús Caldera, portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo del Congreso, considera que la reforma del mercado laboral que aprobó ayer el Gobierno, que calificó de «decretazo», es «agresiva contra los derechos de los trabajadores» y «no va a generar empleo». «Es una reforma para facilitar el despido», subrayó.

    Tras las explicaciones de la ministra Fátima Báñez, y a la espera de conocer el texto en su integridad, Caldera opinó que, con ese real decreto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha optado por «políticas de estímulo del despido». En vez de adoptar medidas que incrementen la confianza y permitan contratar, lo que ha hecho es «abaratar el despido de todos los trabajadores», se lamentó.

    Los socialistas no comparten muchas de las medidas adoptadas ayer y, por eso, no las apoyarán cuando sean tramitadas en el Congreso como proyecto de ley. Según Caldera, esta reforma «va en contra de los derechos consolidados de los trabajadores».

    Con esa opinión de que no creará empleo y perjudica a los trabajadores coincidieron, en general, distintos portavoces de Izquierda Unida, ERC y el BNG.

    Caldera hizo hincapié en que la reforma va a afectar incluso a los más de nueve millones de trabajadores que tienen un contrato indefinido, porque van a perder derechos y, en el caso de despido, su indemnización será menor.

    «Todos los despidos van a poder ser objetivos y con una indemnización de sólo 20 días por año trabajado», dijo en una rueda de prensa.

    El que fue máximo responsable de Trabajo con Rodríguez Zapatero destacó que las normas aprobadas por el Ejecutivo del PP van a permitir que «cualquier empresa que en tres trimestres tenga menos ingresos, o menos ventas, pueda despedir a sus trabajadores». Esta posibilidad también ha sido criticada por los sindicatos porque, lo mismo que Caldera, dicen que abre la puerta a generalizar esta modalidad de despido.

    A los socialistas tampoco les gusta el nuevo contrato para emprendedores, creado para empresas con menos de 50 trabajadores. Caldera criticó que en él se eleve el periodo de prueba a un año, porque hará posible que, tras ese tiempo, el trabajador pueda ser despedido «sin indemnización».

    Afirmó que el Gobierno ha asumido una reivindicación que la patronal venía planteando desde hace años, la llamada ultraactividad. Esto significa que si un convenio colectivo concluye y no es renovado en dos años con otro negociado por las dos partes, ese convenio desaparece y se aplicará desde entonces lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, que siempre es menos beneficioso que los convenios.

    El diputado Jesús Caldera teme que, al existir esa posibilidad, muchos empresarios puedan aguantar dos años sin negociar el nuevo convenio colectivo.
    PATRONAL


    CEOE y Cepyme creen que la reforma laboral va «en la buena dire-cción» para la recuperación del empleo a través de «importantes pasos hacia adelante» como la eliminación de la autorización administrativa para los ERE y, sobre todo, la mejor definición de las causas de despido por razones económicas. En un comunicado, las organizaciones patronales aseguran que el decreto «sienta las bases para un mercado de trabajo más eficaz y flexible», a la espera de los textos legales y el posterior desarrollo parlamentario para conocer su efectividad práctica. En cuanto a la objetivación de las causas del despido confían en que tenga efectividad en la práctica judicial, con el objetivo de reducir el, a su juicio, «desproporcionado número de despidos improcedentes que hay en España». Otras facetas que destacan como positivas son el establecimiento de un plazo máximo de vigencia de dos años desde la denuncia del convenio, y la prioridad del convenio de empresa, «instrumento básico para adaptar los derechos provenientes de la negociación colectiva a la situación real de la empresa». SINDICATOS VERTICALES


    Los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, analizarán hoy la reforma y después se pronunciarán. Pero otros cargos territoriales la criticaron.

    En Palma convocaron una manifestación para el día 19 contra la reforma, porque la consideran «muy negativa» y que «abarata y desregula el despido».

    UGT indicó que es «una reforma inútil, que sólo conllevará que se incremente aún más el paro, porque la creación de empleo está ligada a la situación de la actividad económica y no a las reformas laborales».

    En USO dijeron que es «otra estocada más» que «hiere de gravedad a la clase trabajadora». «Contiene mas sombras que luces, sombras que pueden oscurecer su desarrollo», añadieron.

    La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresó su «rotundo rechazo» a la reforma, porque «no va a crear empleo, abarata el despido y recorta derechos de los trabajadores en beneficio de los empresarios».

    PARTIDOS:IU llama a la «movilización» para «frenar» las medidas

    El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, hizo ayer un «llamamiento a la movilización, para responder en la calle a lo que es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores» y «frenar» la reforma laboral que aprobó el Gobierno.

    Indicó que ésa es la única manera de convencer al Gobierno para que «dé marcha atrás», pero aclaró que no es que él proponga una huelga general, porque eso «le corresponde a los sindicatos».

    Lara considera de «importantísima gravedad» que, con esta reforma, las empresas podrán aplicar expedientes de regulación de empleo para despedir a parte de su plantilla sin que tengan que ser autorizados administrativamente.

    Dijo que «no va crear empleo» sino lo contrario, porque «hace el despido más fácil y más barato, legaliza el trabajo precario y acaba con la negociación colectiva».

    También criticó que se «privatiza aún más el servicio público de empleo», porque las empresas detrabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación, «en lugar de dedicar más inversión para potenciarlo».

    ERC. Alfred Bosch, portavoz en el Congreso de ERC, también fue muy crítico. Coincidió con Lara en que se abarata el despido, lo que «facilita la salida y no la entrada al mercado de trabajo», afirmó.

    PNV. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, declaró que su partido acoge la reforma con «muchas reservas», sobre todo porque supone «una recentralización en toda regla de la negociación colectiva». Reclamó que, en caso de concurrencia entre un convenio estatal y otro vasco, prevalezca este último, según informa la agencia Efe.

    UPyD. Rosa Díez, portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), lamentó que el Gobierno facilite el despido procedente con una indemnización de 20 días en cuanto una empresa tenga ingresos durante nueve meses.

    BNG. La diputada Olaia Fernández, del BNG, afirmó que la reforma «está configurada al modo de la patronal, hecha a su servicio y a medida de sus intereses. Será agresiva con los trabajadores». Joan Baldoví, el diputado de Compromís, coincidió: «Se ha hecho para contentar a los poderosos».

    CiU. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. opinó que la reforma «está bien orientada» y «es necesaria», pero no servirá para crear empleo a corto plazo. Por eso, pidió que el Gobierno la acompañe de «un plan de choque contra el paro», como viene reclamando desde hace tiempo.

    11-M: Bofetada de la Audiencia de Madrid a las víctimas del 11-M


  • JOAQUÍN MANSO MADRID
  • 11/02/2012 PORTADA
  • Bofetada de la Audiencia de Madrid a las víctimas del 11-M

    Archiva la querella contra Manzano escudándose en un tecnicismo sin entrar en el fondo del asunto y contra el criterio de la Fiscalía



    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progres

    La Audiencia de Madrid ha decidido archivar el procedimiento por posible destrucción de pruebas del 11-M en contra del criterio del Ministerio Fiscal y sin entrar a valorar si existen o no indicios de delito contra los dos imputados, el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y su perito químico. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la AVT sintieron el sobreseimiento como una bofetada a sus expectativas y anunciaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque ésa no sería la única vía.

    La Sala sostiene que el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ya había archivado en 2009 una denuncia contra Manzano y otros policías, presentada por un partido marginal, en la que «se narra de manera absolutamente coincidente la afirmada ocultación» de pruebas que ahora investigaba el juzgado número 43, el de Coro Cillán. Como los mismos hechos no pueden ser objeto de dos causas distintas, ordena el sobreseimiento libre.

    Esto es: que el tribunal de la Sección 17ª -que formaron José Luis Sánchez Trujillano, Ramiro Ventura y Rosa Brobia- ni siquiera entra a valorar si en la larga instrucción contra Sánchez Manzano se habían obtenido indicios de delito.

    Efectivamente, el partido Alternativa Española presentó en junio de 2009 una denuncia de cinco folios, de los que tres eran extractos literales del libro Titadyn, en el que el químico Antonio Iglesias y el vicedirector de este diario Casimiro García-Abadillo hacen una revisión crítica del análisis de explosivos ordenado por el tribunal del 11-M. Los denunciados eran Manzano, su perito químico y otros 10 mandos policiales. El escrito exponía las conclusiones que había alcanzado Iglesias y señalaba que «desmontarían la tesis adoptada» por la sentencia de la Audiencia Nacional por los atentados.

    El juez al que correspondió su estudio, Ramiro de Dios, la despachó en 15 días sin practicar ninguna diligencia y decretó el sobreseimiento libre «por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito alguno». Nadie lo recurrió.

    Apenas dos semanas después, el letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, presentó una detallada querella en la que, con un amplísimo apoyo documental, describía el posible incumplimiento por Manzano de todos los protocolos de actuación en caso de atentado terrorista y evidenciaba cómo de la propia declaración de varios tedax en el juicio del 11-M podía deducirse la desaparición de cientos de kilos de vestigios recogidos en la misma tarde del atentado y cuya custodia correspondía al jefe de los artificieros. Cuando el tribunal que juzgó los atentados ordenó un nuevo análisis de los explosivos encontrados en los focos -precisamente porque el propio Manzano habría ocultado las muestras a la Policía Científica-, se encontró con que sólo se habían conservado 23 pequeñas piezas metálicas, alguna prácticamente inservible. Según las víctimas, todo ello habría dificultado la investigación policial e impedido que en la sentencia se determinase con absoluta certeza la marca de la dinamita que estalló en los trenes.

    La juez Coro Cillán admitió esa querella e imputó a Manzano y a su perito por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio, ya que las víctimas sostienen que, en el juicio por la matanza, ambos faltaron a la verdad para tratar de ocultar su posible conducta irregular.

    Pues bien: en mayo de 2011, tras numerosas diligencias de investigación, la defensa de Manzano planteó -entre otros motivos, principalmente la ausencia de indicios de delito- la existencia de cosa juzgada por el auto del Juzgado Instrucción número 6, pero también por la propia sentencia del 11-M y otras resoluciones de la Audiencia Nacional, en el recurso de apelación que ahora resuelve, de manera favorable para sus intereses, la Audiencia de Madrid. La defensa había expuesto ese argumento varias veces ante la juez, sin respuesta.

    La Fiscalía se opuso al archivo de la causa. En relación a la cosa juzgada, argumentó que «este procedimiento no se centra en una revisión de la pericial sobre los explosivos», que sería la pretensión de la denuncia de Alternativa Española, «sino que se refiere a un estadio previo, como fue la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos de los cuatro focos de las explosiones, su posterior traslado a dependencias judiciales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa, así como por un posible delito de falso testimonio en causa penal». «Así, no se considera que, en este momento procesal, concurra la excepción de cosa juzgada alegada por la representación procesal de los imputados, al no apreciarse la identidad de objetos entre ambos procedimientos», concluía el fiscal Conrado Saiz.

    La Audiencia de Madrid rechaza ese razonamiento: «Puede que la narración de los hechos, realizada por diferente persona, no sea, como no puede ser de otra manera, idéntica en la primitiva denuncia y en la actual querella, pero en ambos escritos y procedimientos se narra de manera absolutamente coincidente la -afirmada- ocultación» de pruebas. Para sostener ese argumento, señala que la denuncia de Alternativa Española «se presentó junto con el libro Titadyn y que, según dice el juez instructor [Ramiro de Dios] en su auto, éste leyó el libro para conocer todos los hechos que se estaban denunciando». Esto es: que todo el contenido del libro sería objeto de la denuncia.

    El volumen incluía alguna referencia al trabajo de Manzano, pero muy lejos de lo que se conoce ahora, después de dos años y medio de instrucción. Dieciséis tedax de Madrid han testificado que la actuación de su comisario jefe fue irregular y al procedimiento se ha aportado abundante documentación que constataría que se saltó varias veces el protocolo.

    El auto deja abierto un flanco técnico: hasta 2002, la doctrina del Supremo exponía claramente que un sobreseimiento libre dictado por un juez instructor no puede producir efectos de cosa juzgada. Entonces se operó una reforma legal y la Audiencia la interpreta en el sentido de que, a partir de ese momento, sí puede hacerlo, pero no hay jurisprudencia del Alto Tribunal que apoye esa tesis.
    Piensan recurrir al Supremo para que el ex jefe de los Tedax «no se vaya de rositas»Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progres

    «Indignación», «conmoción» y «desolación» fueron las palabras empleadas por la asociaciones de víctimas afectadas por los atentados del 11 de Marzo para describir la impresión que les había causado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M tienen pensado recurrir ante el Tribunal Supremo el auto en el que se decide el sobreseimiento por cosa juzgada de las acusaciones realizadas contra Sánchez Manzano.

    Ángeles Pedraza, la presidenta de la AVT, aseguró haber experimentado esa sensación de indignación cuando se dio cuenta de que Manzano «se va a ir de rositas, aun sabiendo que, como mínimo, hizo mal su trabajo». «Parece que este hombre es intocable, parece que tiene la llave de saber lo que pasó en esos días y se le está protegiendo», argumentó Pedraza. «Lo que está claro es que no hizo cosas que debía e hizo cosas que no debía hacer y no sé por qué parece que el paso de un juzgado a otro es una tapadera».

    Los miembros de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que presentaron la querella contra Manzano y su perito de laboratorio por delitos de falso testimonio, encubrimiento por ocultación de pruebas y omisión de perseguir delitos, se encontraban «desolados».

    La asociación dirigida por Ángeles Domínguez dejó ayer bien claro que no comparte los razonamientos jurídicos. «No podemos aceptar que los hechos considerados sean los mismos que los que analiza el juzgado número 6», y con ese argumento anunció su recurso de casación.

    Insistió en la correcta fundamentación de sus acusaciones al destacar que con este auto no se está dando carpetazo a la investigación. El escrito de la Audiencia, destaca la asociación, no ha dejado «zanjadas las responsabilidades aún pendientes en torno a los atentados del 11-M», ya que lo que establece es que la competencia para continuar con las indagaciones la tiene el juzgado número 6 que, «en su caso, debería hacerse cargo de esta investigación». «En estos casi ocho años que se van a cumplir de aquella tragedia que nos conmocionó a todos, hemos pasado por momentos duros y dolorosos, por comportamientos obstruccionistas e intentos de asfixia económica, y siempre nos hemos sabido recomponer gracias al apoyo y al cariño constante de la sociedad, que tampoco se resigna a que el 11-M quede impune. Esta vez también lo haremos».
  • 11/02/2012 ESPAÑA
  • La casación y la otra vía legal


    El propio auto de la Audiencia de Madrid explica que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Pero cabe además otra vía para mantener vivo el procedimiento: puede recurrirse el sobreseimiento libre dictado por el Juzgado de Instrucción número 6. Se trata de un camino procesal reservado a los perjudicados por el delito principal -lo serían sólo las víctimas del 11-M- y el plazo para activarlo empezaría a contar sólo desde que se les notifique, lo que no ha ocurrido. El juez es Ramiro de Dios, que intentó sacar la causa del juzgado de Coro Cillán a petición de Sánchez Manzano

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    CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Rodríguez de la Borbolla recibió subvenciones por 13,4 millones de euros



    Rodríguez de la Borbolla recibió subvenciones por 13,4 millones de euros

    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresEl Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha ordenado investigar las ayudas concedidas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y alcalde socialista del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra desde 1983 hasta 2003.

    La juez Mercedes Alaya abre un nuevo frente en la investigación del reparto supuestamente discrecional y arbitrario de 700 millones de euros de fondos públicos entre los años 2001 y 2010. En teoría, el dinero iba destinado a crear empleo y a ayudar a empresas en crisis, pero acabó en las cuentas corrientes de grupos empresariales boyantes y empresas fantasmas y en los bolsillos de comisionistas, intermediarios, amigos y familiares de altos cargos de la Junta de Andalucía y ex alcaldes del PSOE.

    La Fiscalía de Sevilla había pedido que se investigaran las ayudas concedidas al hermano de Borbolla y la representación legal de la Junta de Andalucía, el 28 de octubre de 2011, solicitó su imputación.

    Siete empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla recibieron casi 13,5 millones de euros de ayudas de la Junta de Andalucía, la mayoría de ellas del fondo de reptiles. Salvo un «incentivo directo» de 2,7 millones de euros concedido por la Agencia Idea, que sí fue aprobado en el consejo rector de dicho organismo y ratificado posteriormente por el Consejo de Gobierno, como marca la ley, el resto de ayudas se otorgó por el procedimiento que la juez considera ilegal. También lo han apuntado así en sus informes la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía, la Unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

    Por lo tanto, las empresas ligadas al hermano del ex presidente Borbolla recibieron casi 10,75 millones de euros en ayudas procedentes del fondo de reptiles y mediante el sistema bajo sospecha, que daba pie a la discrecionalidad en el reparto de las subvenciones.

    Ángel Rodríguez de la Borbolla comenzó a recibir ayudas del fondo de reptiles desde el día siguiente a la creación del sistema de reparto de fondos públicos que la juez cree ilegal. El 17 de julio de 2001, los entonces consejero de Empleo y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, José Antonio Viera y Antonio Fernández, respectivamente, firmaron un documento que amparaba el manejo de fondos públicos eludiendo los controles administrativos, según viene apuntando la juez Alaya.

    Un día después, el 18 de julio de 2001, el director general de Trabajo y Seguridad Social en aquellos momentos, Javier Guerrero, concedió una ayuda de 1.202.024,21 euros a la empresa Corchos de Cazalla, propiedad de Borbolla. Dos días después, el 20 de julio de 2001, otra empresa del entonces alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), recibió otra subvención de 1.202.024,21 euros.

    Entre el 6 de febrero y el 23 de marzo de 2004, las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla recibieron otras seis ayudas. Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Cortansa, Corchos de Cazalla y Corchos Higuera recibieron cuatro ayudas de 601.012 euros cada una, mientras que Uprasa Inversiones y Eserline fueron agraciadas con sendas ayudas de 1.161.957 euros cada una.

    Finalmente, entre el 31 de octubre de 2005 y el 20 de febrero de 2007, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en esos momentos siempre bajo la jurisdicción de Javier Guerrero, le otorgó tres ayudas de 1.200.000 euros cada una a Enoworld, otra de las sociedades de Borbolla, Cortansa y Corchos de Cazalla.

    El «incentivo directo» de la Agencia Idea por 2,7 millones de euros más 600.000 euros en bonificación de intereses se concedió en febrero de 2006 para un proyecto que también fue subvencionado con 1,5 millones por el Gobierno Central. Esas ayudas han sido revocadas, ya que los proyectos finalmente no se realizaron.

    Además, la juez también ha acordado investigar la red de empresas de José Enrique Rosendo, hijo de un ex alcalde socialista de El Pedroso, que recibió más de 13 millones del fondo de reptiles.
  • SEVILLA
  • 11/02/2012 ESPAÑA
  • Tras el rastro de la cocaína


    La juez Alaya se ha hecho ya cargo de la investigación del desvío de fondos públicos para comprar cocaína.

    Los juzgados de Andújar (Jaén) se han inhibido en la causa -que investigaba un fraude a Hacienda-, por lo que la magistrada sevillana podrá interrogar sobre ello al ex director general Javier Guerrero el día 23 de febrero.

    Esta rama de la trama de los ERE saltó en diciembre, cuando Juan Francisco Trujillo Blanco, antiguo chófer de Javier Guerrero, el alto cargo que dispuso del 'fondo de reptiles', declaró que creó dos empresas que recibieron 900.000 euros del 'fondo de reptiles' y que se gastó la mayor parte del dinero «en cocaína para él y para su jefe» y en «ir de fiesta y copas».
  • MARISA CRUZ MADRID
  • 11/02/2012 PORTADA
  • Reprimenda del Gobierno a los políticos que han descalificado al TS por Garzón




    El Gobierno exigió ayer a los representantes políticos que den ejemplo en defensa de la democracia y sus instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo, «vértice» del poder judicial, tanto si sus sentencias les gustan como si no.

    La vicepresidenta del Gobierno pidió «reflexión y responsabilidad» a quienes «cuestionan las instituciones», porque en realidad lo que hacen es poner en solfa «la democracia misma dentro y fuera de España» y trasladar así una imagen que el país «no merece».

    Soraya Sáenz de Santamaría se expresó en términos durísimos contra los responsables políticos que, amparados por la Constitución, ejercen sus funciones como parte del poder legislativo, y que han arremetido contra el Tribunal Supremo después de que dictara una sentencia condenatoria contra Baltasar Garzón inhabilitándole durante 11 años por un delito de prevaricación.

    «Me preocupa mucho», dijo la vicepresidenta, «esa imagen que se está intentando trasladar de España, que no es España. Aquí tenemos unas instituciones democráticas que nos hemos dado entre todos, que están en la Constitución, que protegen los derechos de todos los españoles y que garantizan la igualdad ante la ley. Unas sentencias pueden gustar más o menos, pero deben ser respetadas por todos y acatadas por las partes. La primera responsabilidad es política, porque la misma Constitución que permite a los responsables políticos ejercer sus funciones, es la que atribuye al Tribunal Supremo, en su artículo 123, el Poder Judicial en su supremo vértice. Si la democracia la entendemos para ejercer nuestras responsabilidades políticas, también la tenemos que entender para defender a las otras instituciones del Estado».

    La número dos del Gobierno, al igual que hizo el jueves el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó valorar la sentencia unánime de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Garzón. «El Gobierno respeta cualquier decisión judicial, la comparta o no, le guste o no, le favorezca más o menos o absolutamente nada, y pide a todos los políticos que tengan ese mismo respeto, porque respetar a los tribunales es respetar la democracia».

    Sí se prestó, sin embargo, a discutir frontalmente la actitud de crítica e incluso descalificación que desde ámbitos políticos se ha adoptado contra el Alto Tribunal. En concreto, la vicepresidenta hizo mención a las palabras del diputado de IU Gaspar Llamazares, quien afirmó que ni respeta ni acata una decisión que considera un «linchamiento».

    Sáenz de Santamaría puntualizó que Llamazares no tiene por qué acatar nada porque no es parte interesada en la sentencia, pero sí tiene «desde luego, que respetarla». Y, posteriormente, añadió: «A la Fiscalía le corresponde, sin recibir instrucciones del Gobierno, analizar en éste y en otros casos la conducta de todos».

    Por su parte, el ministro de Justicia emitió un comunicado reiterando no sólo el «respeto» a la sentencia del Tribunal Supremo, sino también a las palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del propio TS, Carlos Dívar, quien el día anterior tachó de «inaceptables, frívolos y carentes de fundamento» los ataques y críticas vertidos contra la resolución judicial.

    Gallardón siguió el ejemplo de la vicepresidenta y también hizo hincapié en la necesidad ineludible de respetar la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial como una de las bases imprescindibles del Estado de Derecho y de la democracia.

    RAJOY RECIBE DEL PSOE UN ESTADO EN QUIEBRA: El Gobierno recorta los blindajes de banqueros



  • CARLOS SEGOVIA MADRID
  • 11/02/2012
  • 34
  • ECONOMÍA
  • Recorte a los blindajes de banqueros

    El Gobierno priva a Todó y Rato, entre otros, de decenas de millones al dejar el cargo

    Limita la indemnización del responsable de Cesce y otros ex directivos del sector público




    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresEl Gobierno decidió ayer que el día que facilita el despido más barato no podía dejar intocables los blindajes de los banqueros de entidades de crédito intervenidas o ayudadas por el Estado.

    La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quiso ser ella y no la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que anunciara el segundo tijeretazo a los banqueros en las dos últimas reuniones del Gabinete.

    La número dos del Gobierno anunció que cuando los directivos de estas entidades dejen el cargo, tendrán que aceptar «la menor de dos opciones». O dos años de su salario fijo o un máximo de 600.000 euros si están en entidades nacionalizadas como es el caso de Catalunya Banc o de 1,2 millones si opera con préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) como acontece a Bankia. No son 20 días por año trabajado como a los trabajadores comunes, pero sí supone un fuerte recorte para algunos de los miembros de la alta clase financiera española.

    La Ley será más dura en el caso de banqueros que han sido objeto de expediente sancionador por el Banco de España como es el caso de los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Estos no tendrán derecho a ninguna indemnización y, según fuentes gubernamentales, «se aplicará a todos los directivos de entidades de crédito expedientados aunque no hayan recibido ayudas públicas».

    La medida, inspirada desde Moncloa, según las citadas fuentes, tiene un impacto notable para importantes financieros españoles. El presidente de Catalunya Banc, Adolf Todó, tiene actualmente derecho a una indemnización de cinco anualidades de su salario fijo o variable que fue lo que le firmó su antecesor, Narcís Serra, cuando lo contrató en 2008. Esa cláusula supone, según se deduce de un informe oficial del Banco de España en poder de este diario, hasta 12 millones de euros, aunque en la entidad niegan que pueda llegar a tanto. En todo caso, Todó sólo podrá irse ahora con un máximo de 600.000 euros.

    El segundo mayor afectado es el presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Según el Banco de España, cuenta con derecho a una indemnización de cuatro años, lo que le aseguraba actualmente un mínimo de 9 millones de euros, que ahora quedan en 1,2. Este recorte se une al que ya recibieron ambos el pasado día 3. El Consejo de Ministros les limitó sus sueldos anuales a 300.000 y 600.000, frente a los hasta 2,4 y 4 -si repartieran bonus- respectivamente.

    Según informa César Urrutia, Rato eludió cuantificar las medidas del Gobierno sobre las retribuciones a consejeros y ejecutivos en Bankia. Sí destacó que retener e incentivar «el talento» es una de las prioridades en la entidad. También reflexionó que los políticos españoles están mal pagados en comparación con sus homólogos europeos y que esta circunstancia puede hacer que la administración pública sea poco atractiva para los mejor preparados. La política, afirmó, «no es una función lucrativa, pero hay ciertos límites. No es seguro que las remuneraciones en el sector público estén a la altura de las responsabilidades».

    Todó y Rato son emblemáticos por sus llamativas retribuciones, pero hay más afectados, entro otros, el presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, disfruta de un blindaje de seis anualidades.

    En cambio, la medida no afecta en absoluto al presidente de otra entidad intervenida, el de NovaGalicia, José María Castellano. Éste se ha rebajado el sueldo y sólo se ha dotado con una indemnización de un año en caso de dejar el cargo.

    Sáenz de Santamaría anunció también que «en las extinciones de contratos mercantiles y de alta dirección de los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público estatal, así como en las de los de su personal directivo personal directivo (...)no se podrá incluir ninguna cláusula que suponga una indemnización superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades».

    El nuevo Gobierno está renovando las cúpulas de empresas públicas para desplazar a personas vinculadas al PSOE y se está encontrando con que reclamaciones de indemnización, pese a que se trata de cargos de confianza del Ejecutivo anterior.

    Según las fuentes gubernamentales consultadas, uno de los afectados será el ex director general de Cesce, Joaquín de la Herrán, que, según publicó este diario el pasado 12 de enero, ganaba anualmente 210.000 euros en una empresa participada mayoritariamente por el Estado y que disponía de un contrato con derecho a indemnización.
    Rato asegura que Bankia no requiere ayudas ni fusiones

    Deberá provisionar 4.000 millones para cumplir con las exigencias del Gobierno«Seremos sistémicos por tamaño, no por riesgo». Rodrigo Rato, presidente de Bankia aprovechó ayer la presentación de resultados de la entidad para adelantar que trabaja para cumplir a final de año en solitario los requisitos de la reforma financiera impuesta por el Gobierno, exigencias que le obligarán a provisionar casi 4.000 millones de euros.

    Según Rato, a Bankia, que obtuvo un beneficio neto de 309 millones de euros en 2011, le salen las cuentas sin necesidad de recurrir a grandes operaciones corporativas que le ayuden a cumplir con el decreto establecido por el Gobierno el pasado 3 de febero. Estima que su capacidad de generación de capital este año ascenderá a 8.000 millones de euros y que, además, la difícil coyuntura económica -restricción de crédito, caída del consumo, morosidad al alza, falta de liquidez...- no impedirá que cierre el actual ejercicio con beneficios.

    ¿Ha recibido Bankia instrucciones por parte del Gobierno para integrarse con otra entidad? «No», contestó lacónico. Rato también subrayó que actualmente no hay negociaciones ni con CaixaBank ni con BBVA ni Santander, aunque tampoco aclaró si han existido o podrían darse negociaciones de este tipo en el tiempo que queda para notificar las fusiones en el sector al Ministerio de Economía. Sí concedió más posibilidades a acudir a la subasta de Unnim, entidad que parece haber despertado también interés en Santander y BBVA.

    «Es interesante porque su presencia en Cataluña encajaría en nuestra estrategia, pero no hemos tomado una decisión aún», señaló. En este sentido explicó que la entidad que preside enfoca la ola de fusiones que afronta el sector en las próximas semanas dispuesto a estudiar todas las operaciones, «aunque no todas sean buenas». «Vamos a por oportunidades, no a por problemas»

    Para Bankia en cualquier caso la prioridad es cumplir con el marco regulatorio fijado por el Gobierno y por Bruselas. El ex ministro de Economía con los Gobiernos de José María Aznar y antiguo director del Fondo Monetario Internacional presumió de haber adelantado a 2011 parte de los deberes que le impone la reforma financiera para dejar solo en pie entidades solventes. Bankia ha recortado 3.800 empleos y cerrado 817 oficinas (el 20% del total), con lo que asegura que los costes bajaron en 292 millones de euros.

    La partida más importante fueron, sin embargo, los 1.140 millones que provisionó como refuerzo de su riesgo inmobiliario, por el que se le exige un total de 3.400 millones de euros. Bankia deberá además reforzar su colchón de capital con 1.674 millones de euros. En total, las necesidades de capital para sanearse sin fusiones ni ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ascienden a 3.934 millones de euros.

    Según explicó Rato, las herramientas de la entidad para cumplir estos requisitos serán cuatro: la generación de resultados; la venta de activos no estratégicos, la optimización de activos ponderados por riesgo y la conversión de instrumentos financieros, como las participaciones preferentes que canjeará por acciones para que computen como capital propio.

    Respecto a este último punto, la presentación de resultados de Bankia coincidió con la comunicación a la CNMV de la operación de canje planteada por su matriz Banco Financiero de Ahorro, que tendrá un importe de 1.277 millones de euros.

    Para cubrir la demanda, Bankia ampliará capital por 456 millones de euros, lo que supone un 26%. Al igual que han argumentado otras grandes entidades con el mismo problema como La Caixa, Rato trató de explicar a los clientes que están en posesión de los títulos canjeables que la entidad se ha visto obligada a la conversión por los nuevos requisitos regulatorios sobre capital «No había alternativa a este problema... perdón -se corrigió-, situación».

    Como para casi todo el sector, el frente inmobiliario será uno de los grandes retos para Bankia. Ya en 2011, liquidó más de 4.000 activos de su balance con descuentos del 27% y este año aspira a vender otros 9.000 con rebajas superiores, según su consejero delegado, Francisco Verdú. Respecto a la desinversión en la cartera industrial -posee participaciones significativas en Iberdrola Mapfre, NH Hoteles o IAG, entre otras grandes compañías españolas- la entidad afirmó que tomará decisiones « a largo plazo».
    Obama abre una nueva era nuclear
    El Gobieno aprueba la construcción de dos reactores por primera vez en 30 años
    Alvin W. Vogtle inspiró el personaje de Steve McQueen en La gran evasión. Pero su condición de héroe de guerra no le impidió alcanzar la presidencia de la compañía eléctrica Southern y dar nombre a dos de sus reactores nucleares. Esta semana, las autoridades estadounidenses dieron luz verde a la construcción de otros dos reactores en el recinto de Vogtle. Los primeros desde el accidente atómico de Three Mile Island, en el año 1979.

    La decisión la anunció el jueves el regulador nuclear estadounidense, con la oposición explícita de su presidente Gregory Jaczko, que expresó sus dudas sobre una energía cuestionada desde el tsunami que destrozó la central japonesa de Fukushima. «No puedo aprobar esta licencia como si Fukushima nunca hubiera ocurrido, y eso es lo que estamos haciendo».

    Los otros cuatro miembros del regulador sí aprobaron la construcción de los dos nuevos reactores en el recinto de Vogtle y negaron que su decisión pusiera en peligro la región. «No hay amnesia en torno a los eventos de Fukushima», dijo la comisaria Kristine Svinicki. Su colega William Magwood aseguró que los reactores incorporarían las lecciones de Japón y saludó «una nueva era en la seguridad nuclear».

    Actualmente, 104 centrales nucleares operan en Estados Unidos. El país es el mayor productor nuclear en términos absolutos. Pero sus centrales apenas producen un 20% de la energía que consume el país. Un porcentaje por debajo de la energía que procede del gas natural (23%) y muy por detrás de la que procede de las vetustas centrales de carbón (45%). La construcción de centrales nucleares se frenó en seco después del accidente de Three Mile Island. Los dos últimos reactores que se construyeron fueron, precisamente, los dos que hoy operan en Vogtle y cuyo cierre está previsto en 2047 y 2049. Su presupuesto se disparó entonces de 600 a 8.870 millones de dólares por los requerimientos de seguridad.

    La empresa Southern y sus tres socios advierten de que necesitan un aval de unos 14.000 millones de dólares para construir sus dos nuevos reactores, diseñados por la empresa japonesa Toshiba y su filial estadounidense Westinghouse. El regulador adelantó que el Departamento de Energía emitirá el aval en el segundo semestre del año.

    Las nuevas centrales crearán unos 5.000 empleos y empezarán a operar en 2016 y 2017. Los expertos aseguran que no corren buenos tiempos para la rentabilidad de las centrales nucleares en Estados Unidos. Entre otras cosas, por el bajón en la demanda de electricidad y por el auge de las explotaciones de gas natural, que han abaratado el precio de esta materia prima.

  • JAVIER G. GALLEGO BRUSELAS CORRESPONSAL
  • 11/02/2012
  • 36
  • ECONOMÍA
  • Juncker cree que «no rechazarán el acuerdo» porque Grecia iría a la bancarrota


    Preguntado sobre qué pasaría si el Parlamento griego no aprueba mañana las medidas de ajuste pactadas por el Gobierno, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, respondió el jueves con un tajante «no rechazarán el acuerdo».

    La zona euro da por seguro que la Cámara Baja helena va a dar el visto bueno al ajuste de 3.325 millones porque, de otro modo, el país se vería abocado a la bancarrota. Pero el orgullo nacional y la indignación de millones de ciudadanos griegos juegan un papel importante que no puede evaluar ni Bruselas, ni el Fondo Monetario Internacional, ni nadie más que un político griego. Y ese orgullo ha ido creciendo en las últimas horas ante las insistentes protestas del país, sumido de nuevo en el caos con la convocatoria de una huelga general que empezó ayer y no acabará hasta esta noche.

    Algunos partidos, como el de ultraderecha Laos, han asegurado ya que no respaldarán estas medidas en la votación de mañana domingo y los miembros de esta formación política que integran el Gobierno -un ministro, cinco viceministros y varios altos cargos- presentaron su dimisión al jefe del Ejecutivo, Lucas Papademos. «No votaremos un plan de austeridad que humilla al país», dijo ayer el líder de dicho partido, Yorgos Karatzaferis.

    Por su parte, otros 40 diputados del Partido Socialista (Pasok) y de Nueva Democracia también han insinuado que rechazarán los ajustes, por lo que la victoria en la votación a favor de estos nuevos recortes puede no ser tan holgada.

    Llegado el caso de que el Parlamento griego rechazara el acuerdo con la troika, Grecia estaría más cerca que nunca de abandonar la Eurozona. Quizá ésta sea la última oportunidad de Atenas porque la solidaridad y, sobre todo, la confianza de sus socios europeos se está agotando. No hay más que ver cómo en esta última semana varias voces han insinuado que el euro puede seguir adelante con o sin Grecia. El Eurogrupo del jueves evidenció una clara desconfianza hacia Grecia y sus políticos y por eso exige más garantías antes de dar el visto bueno al segundo rescate, que implica un desembolso de 130.000 millones de euros y severas pérdidas para los bancos y otros acreedores privados de Grecia.

    De hecho, si finalmente se desbloquea el rescate, el dinero estará seguramente depositado en una cuenta bloqueada a la que el gobierno griego sólo podrá acceder cuando le lleguen vencimientos de deuda. Es decir, los socios del euro han lanzado el mensaje claro de que hasta el último céntimo que presten al país será para pagar a sus acreedores internacionales, pero no a sus ciudadanos. De eso, si es que quedan ingresos suficientes, tendrá que encargarse quien gane las elecciones que se celebrarán en abril

    FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, PG Cuartango, S González, A Espada, V de la Serna, ESde Buruaga, J Miravall, D Torres, CG Abadillo, R Amón, J Müll

  • LAS CUATRO ESQUINAS
  • 11/02/2012 FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS


  • Sanción y mofa de los guiñoles

    'Caso Contador': la injusticia sobre ruedas


    Adiós a la estructura laboral sindical de Franco que tanto gusta a los progresLa semana de la justicia y de la injusticia, más lo segundo que lo primero, se inició con la condena de Alberto Contador a manos del TAS, tras año y medio demorando kafkianamente la sentencia sobre el clembuterol hallado en un análisis del ciclista.

    Sin embargo, la cantidad que se encontró era tan mínima y tan pocos los picogramos que no ayudarían ni a cruzar un paso de cebra, mucho menos a ganar un Tour y un Giro. La AMA, otro tinglado burocrático-circense, apoyó al TAS e insultó a Contador llamándolo «tramposo»; y un tal Lissavetzky, que representa a España en la AMA y que es el mismo politicastro del PSOE que lleva naufragando olímpicamente dos décadas, ni defendió a Contador ni tuvo el decoro de dimitir de su puesto en esa oficina siniestra, pese a que la sentencia en ningún momento prueba, ni pretende probar, el supuesto dopaje de Contador.

    Tras este Alpe d'Huez de la injusticia, medios franceses como Le Monde y Canal + han iniciado una campaña contra los deportistas españoles más famosos -Iker, Gasol, Nadal- acusando a todos de ganar gracias al dopaje. Ya tarda en presentarse la querella contra esta gentuza.

    Imputado real y desigual

    Urdangarin o la 'justicia arrugadita'


    Mucho galleaba y muchos elogios recibía el juez Castro, encargado del caso Palma Arena-Duques de Palma, más conocido como caso Urdangarin, cuando llamó a declarar como imputado al yerno del Rey. El cúmulo de presuntos delitos es tan gigantesco y tan desvergonzado que ha producido un tremendo daño a la Corona. Sólo la firmeza del Príncipe sacó a la Casa Real del marasmo soponcial e hizo que el jefe de prensa de Zarzuela calificara de «no ejemplar» la conducta de Urdanga y que el Rey, en el mensaje de Navidad dijera que la Justicia debe ser igual para todos.

    Menos para su chica la pequeña y su yerno el grandullón, claro. Porque el juez ha cedido a las presiones oficiales y oficiosas, del imperio prisaico y la propia Zarzuela, y primero aceptó no llamar a declarar como imputada a la Infanta, luego tragó la petición del abogado urdangarinoso de que no se le grabaran imágenes como a los demás imputados, y ahora se le quiere evitar incluso la entrada a pie a los juzgados, por si le tiran tomates. Dice la portavoz del CGPJ que «no todos los imputados son iguales». Ni todos los jueces valientes.

    11 años de inhabilitación

    'I caso Garzón': condena por prevaricación


    El que fuera juez estrella de los GAL, luego número dos del PSOE por Madrid en 1993 y, tras sentirse engañado por el One (González), de nuevo rutilante juez galicoso para vengar sus chascos políticos, ha sido condenado a 11 años de inhabilitación, que suponen su expulsión de la carrera.

    Se le ha condenado por un delito de prevaricación, tras espiar ilegalmente las conversaciones de abogados y clientes en el caso Gürtel. Y pese a todas las recusaciones y presiones callejeras, siete jueces votaron por unanimidad que el comportamiento de Garzón era «propio de regímenes totalitarios» o de otras épocas en España «felizmente superadas». Si se refieren al TOP franquista, bastante. Si se refieren a las checas de los partidos del Frente Popular en la Guerra Civil, no.

    Sin leer la sentencia, socialistas y comunistas se han lanzado de cabeza a defender el tipo de justicia de Cuba o Corea del Norte.

    Tranquilos: ahora llega el tercero de sus juicios: el presunto cohecho impropio y la presunta extorsión a bancos y empresas que podían pasar por su banquillo. Garzón de los Bosques no se iba por las ramas.

    El gran borrón del 11-M

    'Caso Manzano' o la eterna cloaca


    La campaña de vejaciones e injurias, profesionales y personales, de El País contra la juez Coro Cillán no ha logrado impedir que la jueza fuera enmendando los terroríficos yerros del juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez 'Valeyá', instructores de la causa por el mayor atentado terrorista de la historia de Europa occidental: el 11-M. La investigación de la juez atendía las denuncias de la Asociación de ayuda a las víctimas del 11-M, la AVT, dos sindicatos policiales y la agrupación de oficiales y suboficiales de la Guardia Civil.

    El objeto estaba claro: la destrucción de pruebas verdaderas (los trenes) y la invención de pruebas falsas (la mochila de Vallecas) por unos cuantos policías que, encabezados por el jefe de los TEDAX Sánchez Manzano, mintieron a todos los jueces y se saltaron todas las leyes sobre custodia de pruebas en atentados terroristas. La excusa técnica del juez Trujillano es que Alternativa Española presentó un año antes una denuncia contra Manzano y se rechazó, así que «cosa juzgada» y carpetazo. Ni Garzón se atrevió a tanto. Esperemos que el Supremo se atreva a borrar este borrón.
  • AJUSTE DE CUENTAS
  • 11/02/2012 JOHN MÜLLER
  • Despido y flexibilidad


    Las claves de la reforma están en la nueva redacción de las causas económicas del despido procedente (cuya indemnización es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades) y en la flexibilización de la vida interna de las empresas. Más del 80% de los despidos de la crisis ha sido improcedente, con indemnización de 45 días por año. Para los empresarios era cómodo y evitaba largas batallas judiciales. Pero era caro. Ahora será más barato despedir. Eso implica un riesgo, pero también una oportunidad.

    Hay medidas de flexibilidad interna que son de sentido común y que el Gobierno confía que permitirán salvar algunos puestos de trabajo y ajustar costes con más eficacia. Por fin se pone coto a la absurda rigidez de las categorías laborales, que impedía que los limpiadores de pasillos barrieran las habitaciones. El convenio de empresa prevalecerá sobre otros, como manda la lógica. Y el descuelgue por fin parece posible. Es tímida, en cambio, la regulación de la ultraactividad. Dos años de prórroga de un convenio que ha expirado se puede llevar por delante una empresa.

    Una de las medidas que me parece más justa es la desvinculación del absentismo individual del de la plantilla a la hora de plantear el despido de un trabajador por este motivo. Me resulta incomprensible la defensa que los sindicatos han hecho de una medida enmascarada en falsos tecnicismos que lo único que ha hecho es que prosperen trabajadores flojos e insolidarios.

    En esa línea, la idea de que quienes cobren la prestación por desempleo retribuyan en algo a la comunidad prestando servicios de interés general también me parece acertada.

    Uno de los temas clave de la reforma es la formación, de donde patronal y sindicatos obtienen importantes recursos. Se estima que sólo en formación continua obtienen unos 4.000 millones. Y después está la formación de parados, que pueden ser 2.000 millones más.

    La ministra de Empleo ha sido muy escueta a la hora de precisar lo que va a ocurrir. Se reconoce el derecho del trabajador a la formación, se habla de un futuro cheque-formación y se anuncia un diálogo con los agentes sociales para reorganizar la cuestión sobre tres principios: transparencia, concurrencia entre quienes ofrecen cursos y evaluación de los mismos. Dudo mucho de que los programas de capacitación existentes superen estos tres criterios. Se anticipa una dura batalla, porque estos recursos son clave para los sindicatos.

    Tal como se preveía tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso el miércoles, donde pidió a Bruselas que impulse la implantación de la mochila austriaca en toda la UE, esta idea que permitiría crear un fondo de capitalización individual para los trabajadores que sustituiría los costes de despido, quedó aparcada una vez más.

    john.muller@elmundo.es
  • A FONDO CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
  • 11/02/2012
  • Arriesgada reforma


    La clave de la reforma laboral aprobada ayer por el Gobierno es que facilita a las empresas ajustar sus costes y que, además, dicho ajuste se podrá hacer de una forma más rápida.

    Al objetivar el despido procedente (aquel que conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado) estableciendo como una de sus causas la reducción de las ventas durante tres trimestres seguidos y, al mismo tiempo, al eliminar la autorización previa para los ERE, facilita a las empresas adaptar sus plantillas a su evolución económica de una forma menos costosa y más eficaz.

    Hasta ahora, las complicaciones legales y burocráticas para realizar un expediente de regulación daban como resultado que los despidos se negociaran como si fueran improcedentes: es decir, con 45 días por año trabajado. Y, además, que ese proceso durase mucho tiempo, con lo que eso supone para el deterioro de las empresas.

    A partir de la aprobación del decreto (el próximo lunes), las empresas podrán recurrir a despidos con indemnización de 20 días si su facturación lleva cayendo durante nueve meses. Eso evitará que muchas compañías cierren. Porque lo que ha ocurrido en España en los últimos cuatro años es que muchas empresas que podrían haberse salvado si hubieran dispuesto de una regulación más flexible para adaptar sus plantillas a la evolución de su negocio, han tenido que cerrar porque no han podido hacer frente al coste del ajuste, o bien porque la lentitud en la aplicación de las medidas ha hecho que la solución llegara demasiado tarde.

    La objetivación del despido y la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios de sector o provinciales hará que las pymes españolas sean mucho más competitivas. De hecho, la reforma lo que hace es aproximar la regulación laboral española a la que está vigente en la mayoría de los países de la UE.

    A destacar también las medidas antifraude que incluye la reforma, por una doble vía. Los llamados contratos de emprendedores (aquéllos que permiten a los parados seguir cobrando el 25% de la prestación) permitirán aflorar una buena parte del empleo sumergido que existe actualmente. Por otro lado, al obligar a los parados a realizar trabajos sociales se limitan las posibilidades de que haya desempleados trabajando sin estar dados de alta porque están cobrando el subsidio.

    La reducción de la indemnización del despido improcedente de 45 días a 33 no va a tener mucha repercusión. Si acaso, contable. Pero no creo que los empresarios vayan ahora a hacer más contratos fijos sólo porque se puedan ahorrar 12 días de indemnización por despido.

    Las bonificaciones para contratación de jóvenes y de parados de larga duración son un aliciente, aunque mientras la economía siga en recesión resultarán poco efectivas.

    El Gobierno ha limitado la posibilidad de concatenación de contratos temporales a dos años. Pero sigue manteniendo la actual maraña contractual. Ello induce a pensar que, al menos a corto plazo, más del 90% de los contratos seguirán siendo temporales.

    Ésta es la reforma más importante llevada a cabo por Rajoy. Con ella se la juega. Habrá movilizaciones. Tal vez, una huelga general. Pero si logra frenar la destrucción de empleo, habrá valido la pena.
  • EL CORREO CATALÁN
  • 11/02/2012 ARCADI ESPADA
  • Verdad y justicia


    Querido J:

    Un párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Baltasar Garzón dice: «La pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas sólo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de Derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia».

    El párrafo alude a las escuchas ilegales de las conversaciones entre los letrados y los acusados del caso Gürtel que el juez Garzón ordenó. La orden vulneraba un importante reducto de secreto: el que vincula a un acusado con su defensor. Hace algunas noches, en el Tirsa y en una de las impagables conversaciones sobre la justicia y la vida que mantengo con él desde hace años, el abogado Javier Melero decía que, en el ordenamiento jurídico español, donde un acusado no puede defenderse por sí mismo, un abogado sólo es alguien que articula (exactamente) la versión que el acusado tiene de unos hechos en los que ha participado. «Yo diré lo que el acusado me dice que diga, con los artículos del Código», concluía mi amigo. Por lo tanto, interceptar este tipo de conversaciones debe de ser como meterse en un soliloquio: una violación del derecho a la más profunda intimidad concebible. Tú tienes buen oído y no se te habrá escapado el sutil cambio de melodía que se advierte en el párrafo de la sentencia. Rebobina y oigamos juntos cómo empiezan hablando de la verdad, de la búsqueda de la verdad, y terminan hablando de la Justicia, en mayúsculas. Imagínate ahora que el magistrado hubiese escrito así la frase final: «La verdad obtenida a cualquier precio termina no siendo verdad». Nadie suscribiría esa proposición. Lo que vale para la justicia no vale para la verdad, y ahí se sitúa la durísima discrepancia entre los jueces que han condenado a Garzón y la opinión política y mediática que lo defiende.

    Antes de seguir, quiero hacerte una salvedad. No siempre la opinión socialdemócrata ha estado en contra de los procedimientos. ¡Depende de los fines, como le es propio! Lee el fino trocito editorial de nuestra prensa que incluía ayer el comentarista González en su blog: «Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos. El principio de que no todo vale rige tanto en la lucha contra el terrorismo como en la investigación de los delitos cometidos a su amparo». Entonces era octubre de 1995, y Garzón instruía el sumario del atentado al bar Monbar.

    Pero el doble rasero no debe desviarnos de lo nuestro. Ahora lo nuestro es el supuesto enfrentamiento entre verdad y justicia. Como sintetizaba profesoralmente Melero, «la justicia sólo es un procedimiento reglado para obtener la verdad». Las reglas, naturalmente, tienen que ver con el respeto a los derechos individuales. Pero, a mi juicio, tienen que ver, sobre todo y al fondo, con la verdad. La necesidad de que un reo y sus abogados puedan hablar libremente no sólo se sustenta en la moral, sino también en la técnica. Todo el escenario jurídico, incluido el derecho a la defensa, tiene por misión facilitar la búsqueda de la verdad. Ciertamente, el objetivo primero del abogado no es la verdad de los hechos, sino la defensa de su cliente; pero suponer que su presencia en el escenario no contribuye al establecimiento de la verdad sería como negarle a las mentiras su paradójica capacidad de convicción sobre lo que es verdadero. Ahora bien: que el derecho a la defensa sea, genéricamente, una garantía más de acierto en la búsqueda de la verdad no presupone que en circunstancias particulares no pueda entorpecerlo. El sistema trata de asegurar su eficacia genérica, pero, lógicamente, no es perfecto; a veces, astutamente, las mentiras dejan de servir a la verdad y la sustituyen.

    Garzón se saltó las reglas para tratar de llegar a la verdad. Los propios abogados defensores del caso lo reconocieron cuando declararon que, a partir de la intervención ilegal de sus conversaciones, y desveladas así las estrategias de la defensa, el juez empezó a manifestar una clarividencia y sagacidad instructoras realmente notables. Por desgracia, el problema de saltarse las reglas en la justicia no tiene las mismas consecuencias que las de saltárselas en el fútbol. Un gol en fuera de juego no es un gol, pero la verdad obtenida ilícitamente sigue siendo verdad. Sí, oigo a Melero: «El precio que una sociedad habría de pagar por usar estos procedimientos en la búsqueda de la verdad sería inasumible». Lo oigo. Y tiene razón. Como el precio es inasumible, la condena de Garzón me parece justa.

    Hay otro precio. El sistema no es perfecto. Los beneficios generales no impiden perjuicios particulares. Así pasa con todo. También con el periodismo. Para obtener la verdad, el periodismo no sólo tiene que acudir a la inmoralidad -el periodismo es una inmoralidad ontológica, copyrightJanet Malcolm-, sino también a la ilegalidad. Éstos son los dramáticos inconvenientes de un mundo imperfecto. No sólo la verdad; incluso el bien puede quedar afectado. Es probable que los protagonistas del caso Faisán persiguieran, con sus reglas torcidas, objetivos dignos. Como quizá sepas, el sistema jurídico contemporáneo incluye las llamadas causas de justificación: la previsión de que se utilicen procedimientos abyectos para fines nobles. Cuando se invoca esta causa, el juez debe examinar si el beneficio obtenido por la consecución del fin era mayor que los perjuicios causados por el quebrantamiento de las reglas. Un asunto muy complicado. Yo echaré mi cuarto a espadas. ¡Sólo faltaría! No en la fijación de esa objetividad, sino en una llamativa cuestión subjetiva.

    El otro precio. No querría negarle a Garzón sus buenas intenciones. Su íntima creencia de que la desarticulación de la trama Gürtel justifica el quebrantamiento del derecho a la defensa. Pero habría contribuido a convencerme si, una vez impuesto el precio del desajuste entre la verdad y la justicia, Garzón lo hubiese aceptado con sobriedad y acatamiento. (Tristemente, no hay mayor diferencia entre lo que el juez ha dicho y la espumosa carta que escribe su hija en su defensa). En esa frustrada madurez de respuesta habría yo visto al hombre que sabe que la verdad tiene un precio y que es el hombre y no el sistema el que ha de pagarlo. Y habría percibido con total y jubilosa claridad la diferencia entre un héroe y un ventajista.

    Sigue con salud

    A.
  • LA POLÉMICA NACIONAL
  • 11/02/2012 VÍCTOR DE LA SERNA
  • Héroe o villano según para quien: lo esperado, vamos




    >TRAS LA INHABILITACIÓN DEL JUEZ GARZÓN

    Nadie ha suscitado mayor división social e informativa en España en los últimos años que el juez Baltasar Garzón. Su inhabilitación por un delito de prevaricación ha sido acogida con reacciones tan polarizadas como se podía esperar. O quizá con algo menos de convencimiento del previsto desde la izquierda: ha hecho mella la contundente sentencia.

    El epitafio político del juez está aún por escribir, pero José María Carrascal ya ofrecía un adelanto en ABC: «La frase que le define la pronunció en el primero de los tres juicios contra él, éste por el que ha sido condenado: 'Yo creí que ...'. Un juez no tiene que creer o no creer. Tiene que limitarse a aplicar la ley».

    En el mismo diario, un editorial cargaba con dureza contra el juez: «Garzón creyó que el fin justificaba los medios y que en un clima social de repugnancia contra la corrupción se le disculparía cualquiera exceso. Pero con la orden de grabar aleatoriamente y sin indicio alguno a los abogados de la tramaGürtel Garzón rompió una regla sagrada del Estado de Derecho, convirtiendo la investigación en un proceso inquisitorial, y en una práctica totalitaria». Y su columnista Hermann Tertsch agregaba: «La violación del derecho era incontestable. Que pese a ello ayer se incendiaran en sacrosanta indignación los medios de la izquierda española no debe sorprender a nadie. (...) Esos defensores de los regímenes de Cuba y Corea del Norte que exigen que también aquí las leyes han de someterse al dictado de una ideología y unas (bellísimas) intenciones, que son por supuesto las suyas».

    Lamentos y sorna, pero menos vigor y menos nitidez argumentales, se observan en las reacciones contrarias en la prensa socialdemócrata. El País, en un editorial quejumbroso en el que aludía, sin mencionarlo expresamente, a una amplia confluencia de intereses para acabar con Garzón, recordaba que otros habían respaldado al juez: «Si la actuación de Garzón merece tales reproches, estos alcanzan al ministerio fiscal que avaló las escuchas, al juez Pedreira que las prorrogó cuando se hizo cargo de la instrucción del caso Gürtel, y al magistrado del Tribunal Superior de Madrid que discrepó de su anulación». Pero el Supremo escogió la interpretación «que servía para alcanzar el objetivo buscado: anular a Garzón como juez».

    ¿Un caso de conspiranoia, quizá?

    En Público, tipografía llamativa aparte, protestas con más sordina. Así, Marco Schwartz: "Los siete del Supremo han intentado difamarlo equiparando su orden de las escuchas a 'prácticas de regímenes totalitarios'. No les da la menor vergüenza". Y las de Isaac Rosa, hablando del juez «con más luces y sombras de la Historia», acababan en una declaración de desconcierto: «El juez que sólo unas horas antes denunciaba los 'tiempos ya superados' y nuestro 'régimen totalitario' ante el Supremo, es condenado por el mismo tribunal por retrotraernos a esos tiempos y devolvernos al totalitarismo. Buf, casi me parece más sencillo lo del filete de Contador».

    De la reacción de la izquierda se ocupaba un editorial de La Razón: «Con el fanatismo de los hooligans, se ha presentado a Garzón como gran azote de la corrupción y debelador de dictadores (salvo Fidel Castro y adláteres), alguien por encima del bien y del mal. (...) Ha sido tan grotesca la puesta en escena, tan de ópera bufa con banderas republicanas y sindicalistas decimonónicos en procesión, que aparte de perder ante la Ley, Garzón también ha perdido el respeto del ciudadano sensato y el beneficio de la duda».
  • A DIESTRA Y SINIESTRA
  • 11/02/2012 DAVID TORRES
  • Justicia para Garzón


    IGUAL QUE el Barça es más que un club, Garzón es más que un juez: con él no caben equidistancias ni tonterías ni medias tintas. O lo amas o lo odias. O lo quemas en la plaza pública o lo llevas al hombro, como los costaleros a la Virgen del Rocío. En esto Garzón saca el lado más hispánico de la tribu, ese «español de puro bestia», que decía Vallejo, cuando no se cuestiona a alguien por motivos ni conductas sino por la camiseta, ese y tú de quién eres que uno escucha recién desembarca al pueblo.

    Puesto que hablamos de justicia, justifiquémonos, porque con un preámbulo como éste ya sé que me van a llover hostias de todos lados, empezando por quienes consideran a Garzón poco menos que un superhéroe global capaz de enjuiciar a criminales cósmicos e incluso de dar marcha atrás al reloj universal para dejar el marcador de la Guerra Civil otra vez a cero. Y aunque siento una enorme simpatía por ese magistrado que puso a Pinochet a desfilar con pañales, y más aún por el hombre que intentó airear las inmundas fosas del franquismo, hay algo en el personaje que me da mucho repelús, no ya la altanería ni los tecnicismos legales sino la simple certidumbre de que un juez no puede dedicarse a escuchar las conversaciones entre el acusado y la defensa. Encharcado en la infecta podredumbre del caso Gürtel, Garzón actuó al estilo de Quinlan, aquel policía gordo interpretado por Orson Welles, que fabricaba pruebas cuando la investigación se le quedaba corta.

    La gran ironía de la película es que Garzón, al igual que Quinlan, va a llevar razón, y la sensación que emana al cierre de los títulos de crédito es la de una sentencia correcta, irreprochable desde el punto de vista del Derecho pero maloliente a más no poder, es decir, una injusticia tremendamente justa, cuando en España estamos acostumbrados más bien a lo contrario. Sin embargo, a nadie se le puede reprochar ese fracaso más que al mismo Garzón, que dejó que su lado Hyde se impusiera a su lado Jekyll, y tiró por la calle de en medio.

    No habrá justicia para Garzón hasta que no protagonice una teleserie de la HBO, cuatro o cinco temporadas donde se exploren todos los resquicios de un personaje desmesurado por donde se lo mire, complejo, cuajado de matices y claroscuros. Aquí nos pilla demasiado cerca y además estamos acostumbrados a las historias en blanco y negro, los tebeos para niños, las peleas entre buenos y malos, donde los malos son siempre los demás y los buenos llevan las manos limpias, por supuesto.
  • PASADO MAÑANA
  • 11/02/2012 ERNESTO SÁENZ DE BURUAGA
  • Guiñoles



    En una España en crisis, meterse con los deportistas españoles que triunfan por el mundo es, más que una provocación, una llamada a las armas. Los guiñoles de Canal+ Francia han conseguido resucitar a la mismísima Agustina de Aragón. Se han cebado en cuatro iconos de un país como Rafa Nadal, Iker Casillas, Pau Gasol y Alberto Contador, que representan intensas emociones, recuerdos imborrables, pasiones desatadas, orgullo nacional y unas señas de identidad que llevan a envolverse en la bandera de España, tararear nuestro himno y gritar a los cuatro vientos: «Yo soy español, español, español». La sátira recoge insinuaciones de periódicos y deportistas franceses que no entienden el éxito del vecino, al que miraban no hace mucho por encima del hombro. Era cuando Europa se acababa en los Pirineos.

    Pero la historia hoy es distinta. La gran Francia de antaño se ve eclipsada por esta España que brilla en los deportes de masas y de una forma especial en sus competiciones emblemáticas. Tour de Francia y Roland Garros no serían lo mismo sin los españoles y lo saben. Los guiñoles han conseguido que de nuevo seamos una piña, que defendamos a los nuestros, que sintamos que atacan a los que representan lo mejor de una España con pedigrí. Los políticos piden explicaciones; los ciudadanos, que a los franceses les zurzan, y los deportistas aprietan los dientes y esperan que llegue su momento. Soy español: ¿a qué quieres que te gane?

    Que sigan sacando burlas en los guiñoles. El Tour tendrá otro ganador español. Y en junio en las pistas de Roland Garros, cuando el público francés anime, como siempre, al adversario de Nadal, nuestro campeón les dara una nueva lección de grandeur sonriendo, agradeciendo al público su presencia y ganando. Sin un mal gesto, sin una mala cara. Los guiñoles tienen como objetivo prioritario a Nadal. Viene de lejos porque no pueden soportar que en París haya ganado cinco veces. Y a Rafa, como diría la tía Pascualina de Luis del Val, que no me lo toque nadie.

    Que se lo pregunten al embajador de Francia, Bruno Delaye, seguidor de Nadal y del deporte español, que ha confesado en la Cope que le gustaría que los deportistas españoles fueran franceses. Ya empezamos. Tras esta declaración hemos firmado un alto el fuego. Quiere la paz y le tendemos la mano. A cambio, el brindis con champán. Un buen trato.
  • 11/02/2012 PEDRO G. CUARTANGO
  • Pecado de 'hybris'

    BALTASAR GARZÓN / CALÍGULA


    Leyendo anteanoche la nota en la que Garzón deslegitima al Supremo y se coloca por encima de la ley, me vino a la memoria el retrato de Calígula que hace Albert Camus en su conocida obra de teatro.

    Camus no se fija en el carácter corrupto ni en los excesos sexuales del emperador, que en ello no existe paralelismo alguno con Garzón, sino en en su concepción del poder. Presenta al joven Calígula como un gobernante que se sitúa por encima de la ley y que decide y juzga a los hombres en función de una voluntad personal sin límites.

    Al ser cuestionada una orden por un intendente de su Corte, responde Calígula: «He decidido ser lógico y como tengo el poder, veréis lo que va a costaros esa lógica. Acabaré con contradictores y contradicciones. Y si es preciso, empezaré por ti».

    Es la misma actitud que siempre ha mantenido Garzón, un juez que creía que su poder era más fuerte que el de la ley, que su voluntad estaba por encima de la Constitución y que los buenos fines justificaban cualquier medio malo.

    Garzón nunca ha visto contradicción alguna en sus acciones con la norma porque ello era imposible: él encarnaba la legalidad, como Calígula, y, por tanto, sus resoluciones eran justas.

    En la obra de Camus, el emperador dicta un decreto que obliga a todos los ciudadanos romanos a legar sus bienes al Estado. La norma castiga con pena de muerte a quien se niegue a acatar ese edicto.

    «Escúchame bien, estúpido. Una vez admitido que el Tesoro tiene importancia, la vida humana deja de tenerla», razona Calígula. Garzón podría haber dicho esas palabras, sustituyendo el vocablo «Tesoro» por el de «ley».

    El superjuez ha demostrado en sus numerosos autos que los derechos de las personas tienen que estar supeditados a una norma jurídica, de la que él es el máximo intérprete por encima de cualquier otra instancia. Lo deja meridianamente claro en su nota cuando califica el fallo del Supremo de «aberración» y afirma que su condena estaba «predeterminada».

    Si Garzón niega al Supremo su potestad para condenarle mediante un juicio de intenciones, cabe preguntarse qué no habrá hecho este juez ante acusados indefensos y sin influencia.

    Como Calígula, Garzón eleva la ley a la condición de un poder sin límites del que él es sumo sacerdote. «Id a anunciar a Roma la buena nueva. Por fin, se ha devuelto su libertad», señala el emperador. Y esa libertad a la que se refiere es la obligación de acatar una voluntad sin contrapeso alguno.

    «El destino no puede entenderse y por eso yo me he erigido en destino. He adoptado el rostro de los dioses». Garzón lleva muchos años creyéndose ese rostro de Dios en la Tierra y pensando que podía cambiar el destino con la ley -su ley- en la mano.

    Ha pecado de hybris, como Dédalo, y el astro rey ha fundido la cera de sus alas en su intento de volar más alto que nadie.
  • DE CUERPO PRESENTE
  • 11/02/2012 RUBÉN AMÓN
  • 'Pas à deux' en el Elíseo


    MERKEL no se conforma con haber ganado las elecciones alemanas. También quiere imponerse en los comicios presidenciales franceses como avalista de Sarkozy y como piloto del biplaza con que la pareja lidera a su antojo el circuito de la Unión Europea.

    La implicación de Merkel pretende demostrar que el eje París-Berlín garantiza a Francia una posición hegemónica frente al experimento perturbador de Hollande, pero la canciller abusa de su interés y subestima los efectos contraproducentes que implican la injerencia en términos de susceptibilidad patriótica y de acusado euroescepticismo.

    Fueron Kohl y Mitterrand quienes se die-ron «fraternalmente la mano» en el cemente-rio de Verdún en 1984. Pretendía escenificar-se la reconciliación plena entre dos países sistemáticamente enfrentados, pero la solem-ne fotografía de los gobernantes en acto de contrición comprendía una distancia cautelar a la que Merkel y Sarkozy han puesto remedio con la coreografía de un pas à deux.

    Tan estrechas son las relaciones que cada país tiene un enviado con rango de oyente en el consejo de Ministros ajeno y que se ha necesitado compilar un glosario de neologis-mos geopolíticos -Merkozy, Alefrancia- del que se desprende la posición gregaria de Nicolas el primero (¿y el último?) respecto al liderazgo de Angela.

    Es la razón por la que Marine le Pen critica con voraz oportunismo nacionalista la sumi-sión a Berlín y el motivo por el que Hollande amenaza el protectorado germano de la UE con una revisión del Tratado, aunque el gran problema electoral de Sarkozy estriba en la crisis de repulsión plebiscitaria.

    La promesa de la República irreprochable se ha degradado en la opulencia, el autorita-rismo, el delirio identitario y la coacción mediática, sin olvidar que los vaivenes de la crisis han caricaturizado el eslogan triunfal de 2007 -«Trabajar más para ganar más»- y han provocado la mayor tasa de desempleo conocida en los últimos 12 años.

    Así se entiende la ventaja de 18 puntos que las encuestas otorgan a Hollande y se explica que Sarkozy haya recurrido a la telegenia y a la pedagogía para intentar convertir una subida de impuestos -el IVA- en una medida popular. Su mensaje no consistía en apretar fiscalmente a los compatriotas, sino en demostrarles que un gobernante responsable antepone el bien del Estado al interés propio. Se antoja un ardid excesivamente sofisticado cuyas ambiciones sorprenden a los franceses en el hastío y convierten a Merkel en una valquiria que ha aprendido a bailar el cancán mediante un cursillo por correspondencia.

    >Vea de martes a sábado el videoblog de Carlos Cuesta La escopeta nacional. Sólo en EL MUNDO en Orbyt, hoy: Garzón, el privilegiado.

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