FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 17/03/2012 ECONOMÍAEl Gobierno adelgaza en empresas inútiles
Suprime 24 sociedades, desinvierte en otras 43 y agiliza la liquidación de 13 más
Sólo facilita el dato de que ahorrará un millón de euros en las dietas de 154 consejeros
Aunque el Gobierno desconoce aún el alcance económico de la medida, el Consejo de Ministros dio ayer «el primer paso», como señaló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en el ajuste del sector público que anunció en enero. Se trata de un puzzle de 451 entes, empresas, consorcios o fundaciones que cuelgan de los ministerios y que en muchos casos no se sabe cuál es su función.
El Ejecutivo empezó por eliminar algunas de las empresas más inútiles, muchas de ellas sin actividad, y otras que están activas pero que ocupan sede y consumen gasto, además de otras de las que se desconoce su cometido real. «Para poner orden en la casa, es decir, en la Administración General del Estado», el Consejo aprobó la supresión de 24 empresas públicas, el 17% del total según la vicepresidenta, así como la desinversión en otras 43 sociedades mercantiles públicas y privadas. Mientras, agiliza el proceso de liquidación ya iniciado en 13 más. Y, al mismo tiempo, extingue o fusiona -no se aclaró el detalle- nueve fundaciones (entre ellas la de la Agencia Efe, dos de la SEPI o la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica). En total, 89 actuaciones.
De todas ellas, la vicepresidencia destacó la liquidación de la sociedad del V Centenario, que se creó para la ejecución de obras y actuaciones para conmemorar el descubrimiento de América que se realizó en 1992; y Holsa (Barcelona Holding Olímpico), creada para las olimpiadas ese mismo año en la capital catalana. Sin embargo, no explicó cómo era posible que continúen en activo este tipo de sociedades con más de 20 años de antigüedad, después de que por La Moncloa hayan pasado diversos gobiernos.
También se refirió a la desinversión que el Estado hará en la sociedad de mayoría privada Carmen, la comida de España 1992 S.A.. Se hará a través de la salida pública en Arco Duplo y la liquidación de Comfersa. Según la vicepresidenta, se trata de «una empresa creada para fomentar la dieta española y promocionar la tortilla española». Curiosamente esta sociedad, como otras del listado genérico que ofreció el Gobierno, no aparecen en el censo de esos 451 entes de la Intervención General del Estado. Lo que podría significar que en este numero no se incluía por ejemplo las participaciones minoritarias del Estado en sociedades privadas.
La vicepresidenta destacó además la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler, que creó Zapatero; o la desinversión en Promociones Residenciales Sofetral, «que se dedica a promocionar sociedades» y en Águilas Residencial, que se utiliza para promocionar residencias, «y no estamos para ello», dijo.
Sin dar detalle alguno, también señaló que «hay empresas con más consejo de administración que personal». Puso por ejemplo a sociedades con «cuatro personas en plantilla y un consejo de administración más amplio». «Otras no tenían personal, pero sí administrador» y otras mantenían una administración «para contratar trabajadores», añadió.
Pero no facilitó dato económico alguno de este ajuste. Sólo apuntó que la extinción de esas 24 sociedades supondrá un ahorro en concepto de dietas de 1.093.998 euros, porque se suprimirán 154 puestos en los consejos de administración.
Aclaró que el ajuste afecta sobre todo «al personal directivo». Pero se escudó en que los ministerios deben poner ahora en marcha todo este proceso para no facilitar dato alguno del ahorro total de esta operación y del número de empleados implicado. Por toda respuesta dijo que no había mucho personal en estas sociedades y que los efectivos de las filiales suprimidas serán recolocados en la matriz. En todo caso, si se trata de funcionarios, deberán ser reubicados en los ministerios correspondientes.
Entre estas filiales absorbidas se encuentra, por ejemplo, INSA (Sociedad Estatal de Ingeniería y Servicios Aerospaciales). Pertenece a Defensa, concretamente al Instituto Nacional de Técnica Aerospacial. Cuenta con una plantilla de 725 personas y en 2011 facturó 54,9 millones. Por tanto, si se trata de personal militar, deberá integrarse en el INTA o en el ministerio y el ahorro de la operación no parece importante. El presidente de este centro es Jaime Denis Zambrana, que fue nombrado por Carmen Chacón tras su paso por la dirección general de Infraestructuras del ministerio.
Muchas de estas entidades, y otras tantas que quedan (sobre todo en el ámbito autonómico y local), han servido de refugio y de colocación para compromisos y ex cargos políticos. Por ejemplo, en la sociedad Inmobiliaria de Promociones y Arriendos (Improasa, creada en 1884) fue nombrado consejero en diciembre pasado, ya celebradas las elecciones generales, Esteban Rodríguez Vera. Fue director general de Trabajo con Jesús Caldera como ministro y más tarde fue secretario general técnico de este departamento. Fue uno de los expertos que nombró el Gobierno anterior para crear el denominado fondo austriaco de la reforma laboral del PSOE.
Este «primer paso» deberá ser seguido ahora por las CCAA y los ayuntamientos. El Gobierno desconoce exactamente el número de entes y empresas. La deuda de las empresas de las autonomías alcanzó en 2001 los 13.870 millones y en los ayuntamientos llegó a los 9.328. . NÚÑEZ MADRID
17/03/2012 ECONOMÍACataluña escala al primer puesto de la deuda autonómica
El agujero de las CCAA creció durante la crisis un 130%, hasta los 140.083 millones
Cataluña desbancó en el cuarto trimestre de 2011 a la Comunidad Valenciana del primer lugar del ranking de comunidades autónomas con mayor nivel de deuda en términos de PIB regional; un puesto que venía ocupando la autonomía presidida por Alberto Fabra desde 2001.
Según los datos que ayer publicó el Banco de España relativos a la deuda financiera (con entidades bancarios y emisiones propias), Cataluña registró a fin de año una deuda del 20,7% de su PIB frente al 19,9% de la Comunidad Valenciana. Detrás de ellas se situaron Castilla-La Mancha, que alcanza ya el 18% frente al 5,1% al comenzar la crisis en 2007, y Baleares, con el 16,3%. Todas las demás figuran con un porcentaje de deuda inferior a la media nacional del conjunto autonómico que fue del 13,1% frente al 5,8% en el inicio de la crisis. Madrid es la autonomía que más baja deuda tiene (7,9% de su PIB).
En volumen, la deuda de las CCAA alcanzó otro máximo histórico de 140.083 millones de euros, con un crecimiento del 130% desde 2007, un 17,3% en el último año, y casi un 3% en el último trimestre.
Cataluña, de nuevo, es la comunidad que más deuda acumula en volumen ya que alcanzó los 41.778 millones (un 165% más) frente a los 15.776 al inicio de la crisis o los 34.229 de hace un año. Casi uno de cada cuatro euros (30%) que adeudan las autonomías corresponde a esta comunidad. Le sigue Madrid con 15.444 millones y Andalucía con 14.314. Y es Navarra la que más aumenta en porcentaje su deuda respecto al año anterior (44,6%), aunque no es significativo su volumen ya que se situó en 2.446 millones.
Frente a ese incremento anual del 17,3% autonómico, las corporaciones locales ligeramente su endeudamiento por segundo trimestre consecutivo, hasta los 35.420 millones (un 0,03% menos que el año anterior). Sin embargo, en tasa trimestral el descenso fue del 3,5%, 1.281 millones menos que en los tres meses anteriores.
Sin embargo, esta deuda local financiera seguirá aumentando ya que habrá que sumar las líneas crediticias que el Gobierno ha creado mediante el plan de proveedores. Es decir, esos casi 10.000 millones de facturas pendientes de cobro (deuda comercial) que han presentado, la cifra será superior, computará paulatinamente como deuda financiera.
Casi un tercio del endeudamiento local procede de las capitales con más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza). Estas, no obstante, han podido disminuirlo en conjunto en 200 millones, al pasar de 10.490 millones de euros en 2010 a 10.288 doce meses después. De ellas, sigue siendo Madrid la ciudad más endeudada, con 6.348 millones (cinco millones menos que en 2010); muy por encima de los 1.090 millones de Barcelona, que también redujo la deuda en 112 millones; o los 886 de Valencia (cuatro menos).
También logró disminuirla Sevilla, en concreto en dos millones y cerró el año con 452 millones. Mientras, Málaga y Zaragoza la aumentaron en 12 millones en el primer caso hasta los 755 y en 9 millones en el segundo hasta los 757 millones.
Por su parte, la deuda de la Administración central (ministerios y sus organismos autónomos correspondientes) alcanzó los 536.198 millones, tras registrar un aumento del 11% en el último año. En porcentaje del PIB representa el 50%. Por tanto, el conjunto de las deudas de la Administración central, autonómico y local, alcanzó los 734.961 millones, otro máximo histórico, con un crecimiento del 14,3% respecto al año.
Esta deuda total representa el 68,5% del PIB, frente al 61,2% en que se situó a cierre de 2010 y al 66% del trimestre precedente. Se trata también de la cuantía más elevada de la serie histórica del supervisor, que arranca en 1995.
El porcentaje sobre PIB de la deuda española incumple por 8,5 puntos el tope fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE (60 % del PIB), pero se sitúa muy por debajo de la media de la zona del euro, que fue del 87,4 % del PIB en el tercer trimestre de 2011. Por ejemplo, las deudas de Alemania y Francia equivalen al 81,8 % y al 85,2 % de sus respectivos PIB.
Desde que comenzó la crisis el endeudamiento público de todas las administraciones ha crecido en 352.654 millones (un 92,3%), que equivale a dos veces la recaudación total del Estado en 2011).
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MARISA CRUZ MADRID 17/03/20128ESPAÑAEl Gobierno y las CCAA se desmarcan del copago
Sáenz de Santamaría dice que «no está sobre la mesa» y el PSOE, que no lo va «a permitir»
Las aguas del copago volvieron ayer a su cauce. El Gobierno y las comunidades autónomas del PP protagonizaron un desmarque en cadena de esta fórmula de financiación del gasto farmacéutico en España, recién puesta en práctica por el Gobierno de Cataluña -con la abstención del propio PP-, y que fue justificada la víspera por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para incomodidad del candidato en Andalucía, Javier Arenas.
La campaña del 25-M tuvo mucho que ver, anteayer, con ese desbordamiento de las aguas. El PSOE -especialmente en Andalucía- se había empleado a fondo en advertir de los planes ocultos del PP de trasladar a los ciudadanos parte del coste sanitario. De nada sirvió que Arenas se pronunciara en contra del copago, o que el propio Feijóo matizara que su propuesta estaba sujeta al acuerdo de todas las comunidades autónomas y que era de carácter progresivo, en función de la renta, y sólo para la compra de medicamentos.
El Ministerio de Sanidad tampoco había contribuido a aclarar las cosas, ya que se había mostrado dispuesto a estudiar todos los «mecanismos» posibles de financiación, siempre que se salvaguarde la gratuidad de la prestación sanitaria.
Pero, ayer, la vicepresidenta del Gobierno sentenció con rotundidad que el copago «no está en la mesa del Consejo de Ministros. Así de simple y así de claro». Soraya Sáenz de Santamaría devolvió las aguas al cauce del Consejo Interterritorial de Salud, que es el órgano que reúne al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades. Un órgano que, dentro de 10 días, debatirá las propuestas que aún están llegando de los distintos Gobiernos regionales -que son los verdaderamente competentes- para la racionalización del gasto.
Las fuentes consultadas en el seno del Ejecutivo, además, trasladaron un claro escepticismo hacia la fórmula del copago, al mismo tiempo que, uno a uno, los barones populares se fueron desmarcando.
El primero, el propio Arenas, que pasó a la contraofensiva y dedicó sus mítines a devolver el tiro al PSOE y acusar a la ex ministra de Sanidad, Leire Pajín, a la de Exteriores, Trinidad Jiménez, y al de Presidencia, Ramón Jáuregui, de haber defendido el copago «puro y duro». El candidato dijo respetar las decisiones de sus compañeros de partido, pero apostó por un pacto en toda España.
El propio Feijóo apostó por este pacto -«las prestaciones farmacéuticas con carácter general se tienen que concretar en el Consejo Interterritorial», dijo- y zanjó por su parte: «No voy a poner ninguna tasa para las recetas en Galicia».
La Rioja, Castilla-La Mancha... desde las distintas consejerías, los populares dieron ayer un no rotundo al copago farmacéutico. En particular, José Ignacio Echániz se encargó de poner los puntos sobre las íes en su doble condición de consejero de Sanidad de Castilla-la Mancha y secretario de Sanidad del PP nacional. Tras participar en un foro organizado al efecto en Andalucía y descartar el copago en ambas comunidades, Echániz declaró a este diario que éste «no tiene sentido». «Cada año se tiran 3.500 toneladas de medicamentos sin abrir», denunció, para apostar por otras fórmulas.
No obstante, el PSOE redobló su ataque. «No vamos a permitir que con la coartada de la crisis el PP imponga un modelo diferente», declaró Trinidad Jiménez. El secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hernando, añadió que Arenas puede pasar de ser el «cómplice» del copago en Cataluña a su «autor» en Andalucía. Y, sobre todo, advirtió del impacto electoral de la medida.
>Videoanálisis de Juan T. Delgado
Los funcionarios catalanes, sujetos a traslado laboral
La Generalitat idea un plan de empleo con nuevos recortes en jornada y salario
La percepción de que una plaza de funcionario era fija y estable en el tiempo pasará a la historia. O al menos así será en Cataluña. A los recortes salariales que los empleados públicos catalanes van sumando desde mediados de 2010, se ha añadido un plan de empleo que altera algunos de los derechos laborales en la Administración catalana.
Este nuevo paquete de medidas de ajuste, que el Gobierno de Artur Mas prevé aprobar el próximo martes, fue presentado ayer a los sindicatos en la reunión de la Mesa de la Función Pública por parte de la consejera de Gobernación, Joana Ortega. Es una oferta de negociación que sólo se podrá llevar a cabo el próximo lunes, ya que se aprobará con o sin acuerdo, aunque la Generalitat, «por encima de todo, tiene vocación de diálogo permanente» para llegar a acuerdos, pero no puede retrasar la aplicación de medidas necesarias ante la situación actual, según Ortega.
El personal docente no universitario y el estatutario del Instituto Catalán de la Salud quedan excluidos de las líneas generales del plan para el personal al servicio de la Administración catalana. Éste será de aplicación en el periodo 2012 -a partir del próximo 1 de abril- a 2014 y tiene dos ejes básicos: la introducción de la movilidad funcional dentro y entre departamentos y una reducción del 15% de jornada y sueldo a unos 6.800 interinos, que afectará mayoritariamente al colectivo de administrativos y subalternos de los centros educativos, que suman entre 3.500 y 4.000 personas, según concretó la portavoz de CCOO, Montse Ros.
La Generalitat aseguró que el plan sólo contempla la movilidad de los trabajadores entre departamentos o diferentes áreas de una misma consejería, y la geográfica únicamente «temporal», como apuntaron los representantes sindicales de CCOO, UGT e IAC al finalizar la reunión, que calculan que esta medida podrá afectar a cerca de 45.000 personas, entre ellos 32.000 funcionarios y 10.000 contratados laborales.
La Generalitat esgrime que con la crisis hay algunos departamentos que necesitan más efectivos, mientras otros tienen poca carga de trabajo, y por ello se puede realizar una movilidad funcional y geográfica «temporal».
De la reducción de jornada quedan excluidos el personal interino de bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y técnicos especializados de servicios penitenciarios y los titulares superiores de veterinaria en los mataderos.
Los sindicatos denunciaron la pérdida de poder adquisitivo que van acumulando los funcionarios catalanes y que, con el recorte anunciado ayer, más el 3% previsto para aplicar en la paga de junio y el 2% en la de Navidad, más el 5% del 2010, se eleva al 25% en tan sólo dos años. Además, se suma a otros recortes que afectan a todo el colectivo de funcionarios y trabajadores de las empresas públicas, como la reducción de los días de asuntos personales y de la aportación a los planes de pensiones.
Algunos trabajadores de las categorías más bajas y que son interinos podrían encontrarse con sueldos por debajo de la salario mínimo interprofesional (641 euros), según los sindicatos.
Para UGT, lo que está haciendo el Gobierno catalán es la traslación a sus empleados públicos de la reforma laboral estatal, motivo esencial de la huelga general convocada para el próximo 29 de marzo.
Por otro lado, la Generalitat reclamó ayer al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que liberalice los precios de las matrículas universitarias para aumentar su precio a partir del próximo curso. El objetivo de esta medida consiste en «conseguir incrementar de manera relevante la financiación de las universidades, implementar un sistema de becas potente para los estudiantes y ayudar a un sistema de investigación, en el que falta dinero», según el director general de Investigación de la Generalitat, Josep Maria Martorell.
DANIEL ÁLVAREZ PALMA 17/03/2012 ESPAÑAEl PP ratifica la retirada de la exigencia del catalán en Baleares
Blinda el bilingüismo en la Administración con excepciones
El Gobierno balear de José Ramón Bauzá ratificó ayer la retirada de la exigencia del catalán en la Administración autonómica, una de las promesas con las que el PP recuperó el poder y ganó por mayoría absoluta las elecciones de 2011. Así, el conocimiento de esta lengua dejará de ser un requisito para los funcionarios, para que no sea, «de entrada, un obstáculo», y pueda tener a «los mejor cualificados», y pasa a ser un mérito, aunque con una serie de excepciones. Y también, como novedad respecto al texto inicial, dejando que finalmente sean los ayuntamientos y los consells insulares los que decidan respecto a sus propios trabajadores.
La reforma de la Ley de Función Pública aprobada ayer, que entrará en vigor como muy tarde en junio una vez sea ratificada por el Parlamento balear, mantendrá la exigencia de certificados de catalán a los profesores, a los funcionarios que ocupan plazas cuya función principal es la atención al público o a los asesores lingüísticos. Deja abierta además una salvedad general para plazas en que, por sus «características especiales», se considere «imprescindible» el título de catalán. Ahí es donde ayuntamientos y consells podrán decidir en qué puestos lo seguirán exigiendo.
Para emprender esta nueva ley, el Govern balear se apoya en el Estatuto de Autonomía de 2007, que avala la «igualdad» entre el castellano y el catalán en cuanto a los derechos de los ciudadanos y en el acceso a la función pública, y en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, de la que recuerda que concluía que entre dos lenguas oficiales ninguna puede tener un «trato privilegiado».
El PP aprobará esta reforma legal en solitario en el Parlamento -tanto el PSOE como los nacionalistas del PSM-IV-ExM rechazan lo que tachan de «ataque al catalán»- y entre medidas de presión de entidades catalanistas. La última, una «huelga de hambre en defensa de la lengua», iniciada hace dos semanas por un jubilado que pide al PP la retirada de la nueva ley.
La normativa deroga cinco decretos, empezando por uno de 1990, en la época del PP de Gabriel Cañellas y que firmó la entonces consejera Maria Antònia Munar (UM), que introducía el requisito del catalán en la Administración, y acabando por uno de 2009, ya con el PSOE, que lo extendía a la sanidad pública.
También cambia siete de los 40 artículos de la Ley de Normalización Lingüística de 1986, aprobada también por Cañellas y por unanimidad entre los partidos. Principalmente, para otorgar el mismo tratamiento al catalán y al castellano en las instituciones y para garantizar la atención al ciudadano en la lengua que prefiera.
El texto final, sin embargo, no toca un artículo que en principio iba a ser modificado y mantiene que «adoptará medidas para el conocimiento y uso del catalán en todos los ámbitos y actividades de la vida social». El PP renuncia al «uso indistinto» de las dos lenguas que planteaba y alega que no cabe en esta ley por no afectar a la función pública.
El Gobierno de Bauzá, acusado de romper el consenso lingüístico, justifica «por coherencia jurídica» la revisión de la Ley de Normalización y demás. De esta norma cambia también el artículo sobre la toponimia y se permitirá que cada ayuntamiento proponga la denominación castellana del municipio junto a la catalana.
NOA DE LA TORRE VALENCIA 17/03/2012 ESPAÑALos docentes valencianos tendrán que dar clases de repaso en el mes de julio
La Generalitat limitará sus vacaciones en la práctica entre el 1 y el 31 de agosto
Tras la oleada de protestas que unieron excepcionalmente a padres y profesores por los recortes de la Generalitat valenciana en el sector educativo, el Ejecutivo autonómico responde ahora con una iniciativa para «favorecer la conciliación y luchar contra el fracaso escolar», en palabras del vicepresidente José Císcar: cursos de formación para docentes y clases de repaso para los alumnos retrasados en julio.
Este mes para los profesores, que en la práctica era de vacaciones en muchos casos, pasará así a ser de trabajo efectivo. La medida supondrá un nuevo marco normativo que regulará el calendario académico y la jornada escolar, pero no está exenta de polémica.
Julio siempre ha sido un mes laborable, pero no lectivo para la plantilla, que queda a disposición de la Administración. Esto significa que, pese a no haber clase, los claustros de los centros pueden dedicar julio a preparar el curso siguiente, pero también dejarlo libre.
Lo que hace el Consell es «clarificar» las tareas a realizar en dicho mes: desde cursos de formación a clases de refuerzo, con lo que se abre la puerta a obligar a trabajar durante todo el mes a los docentes.
Los sindicatos docentes respondieron ayer que la propuesta no aporta ninguna novedad. «En julio ya se trabaja», afirmaron desde diversas organizaciones. El propio Císcar quiso aclarar que «los profesores no tendrán que trabajar más, pues ya trabajaban en julio».
Miguel Ángel Vera, de CCOO, apuntó que hasta ahora ya había un programa voluntario de éxito escolar en julio, pero del que no han tenido informes sobre su evaluación. En su opinión, el refuerzo hay que darlo cuando el problema surge en el alumno. «En 15 días, cuando termina el curso no se arregla nada», opina. En cualquier caso, advirtió, «si establecen que el refuerzo es obligatorio, lo recurriremos», informa Paloma Díaz Sotero.
Desde el sindicato mayoritario, el STEPV, se llamó a una huelga general en abril o mayo ante la «nueva agresión al profesorado».
Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato docente Anpe, criticó que «el sistema tiene tantos desajustes» entre las comunidades, que «no admite uno más», y que los derechos y los deberes del profesorado son «algo lo suficientemente serio como para que lo regule el Ministerio». «Si tuviéramos un Estatuto Docente, no tendríamos estos problemas», añadió.
Otra novedad, también vinculada a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, será la posibilidad de romper con la jornada continua -sin descanso a mediodía- en junio y septiembre, sobre todo en Infantil y Primaria. El Consejo Escolar de cada centro, en el que está representada toda la comunidad educativa (padres, personal docente y no docente, y alumnos), podrá decidir si seguir en estos meses de calor con las clases de mañana y tarde, una opción por la que siempre han luchado los padres. Los profesores, por el contrario, llevan años reivindicando la jornada continua.
Además, los centros públicos y concertados podrán ampliar su horario lectivo, que no podrá traer consigo un coste económico para las familias. En cualquier caso, los días lectivos se amplían, ya que las vacaciones de Navidad comenzarán el 24 de diciembre -no el 23, como ahora- y terminarán el 6 de enero.
Además, el último día lectivo antes de un periodo vacacional será para dar clase. Cualquier actividad no lectiva (un festival de fin de curso, por ejemplo), tendrá que hacerse en horario extraescolar.
Por otro lado, la Generalitat decidirá qué centros podrán estar abiertos por la tarde y pasar a tener un doble turno. Esto se hace pensando sobre todo en los institutos, que abren sólo por la mañana y que podrían usarse en horario de tarde como subsedes de las escuelas oficiales de idiomas para acoger cursos, especialmente en aquellos municipios sin este tipo de oferta formativa. José Císcar habló también de usar estas instalaciones para formación de personas adultas o como sustituto de barracones. Por último, los centros podrán elegir si los exámenes de recuperación de septiembre se pasan a junio o julio.
PALOMA DÍAZ SOTERO MADRID 17/03/2012 ESPAÑAUn mes en tierra de nadie
El mes de julio no es lectivo, así que no hay actividad docente, pero oficialmente no es mes de vacaciones para el profesorado y su presencia en el centro varía según las necesidades del mismo.
¿Cuántas vacaciones tiene un docente en la enseñanza pública?
Un mes, como cualquier otro funcionario: en rigor, 22 días hábiles, según el artículo 50 del Estatuto de la Función Pública. Se ha institucionalizado que el mes vacacional es agosto porque en julio quedan tareas pendientes en los centros.
¿Es así en todas las CCAA?
Sí, puesto que la única normativa que regula las vacaciones es estatal y el periodo lectivo es similar en todas: entre los 175 y los 180 días lectivos que se reparten entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.
¿Quién fija el horario escolar?
La LOE (normativa estatal) marca un mínimo de 175 días lectivos, que las comunidades pueden aumentar, aunque en realidad varían muy poco ese mínimo.
¿Debe un profesor trabajar en julio?
El papel de los docentes este mes está determinado por la dirección de los centros. Al estar vinculada la actividad de los docentes a la de los alumnos y no ser julio mes lectivo, no tienen la obligación de acudir a dar clase; no tienen un horario que cumplir, pero tienen que estar disponibles para las necesidades del centro, de la Administración, o incluso de un padre que requiera una reunión, porque oficialmente las vacaciones no empiezan hasta el 1 de agosto. Es igual que en las vacaciones escolares de Navidad: son días no lectivos, es decir, vacaciones para los niños, pero oficialmente no lo son para los docentes, lo que les obliga a estar disponibles aunque no vayan a dar clase.
¿Qué ocurre en los colegios?
En la práctica, los centros suelen estar abiertos hasta la última semana de julio y al menos los equipos directivos están presentes. La primera quincena, sobre todo en los institutos, el profesorado trabaja en reuniones de programación del curso siguiente y atiende reclamaciones de exámenes. También se aprovecha para asistir a cursos de formación. Si no tienen ninguna actividad, pueden escaparse de viaje o quedarse en casa -nada se lo prohíbe-, pero tienen que personarse en el centro si la dirección los reclama. También, en la práctica la última semana no hay ningún tipo de actividad en la mayoría de los centros y cierran.
¿Pueden las CCAA regular las vacaciones de los docentes?
Siempre que cumplan la normativa estatal, las administraciones autonómicas podrían regular las vacaciones, por ejemplo, marcando obligaciones en ese mes de julio, en virtud de sus competencias de gestión. Pero ninguna lo ha hecho hasta ahora por el vínculo que hay entre la tarea docente y el periodo lectivo. Como ninguna lo ha hecho, éste es de los pocos aspectos en los que hay armonía autonómica. Si alguna lo hace, el cuerpo docente ya no tendría las mismas condiciones de trabajo en todo el territorio.
¿Se puede hacer de julio un mes de refuerzo?
Si la asistencia del alumnado es voluntaria, no todo el profesorado está obligado a impartirlo. Si es obligatoria, debe ser periodo lectivo.
MARISA RECUERO MADRID 17/03/2012 ECONOMÍAGonzález ve un crecimiento sostenido en 2013
El presidente de BBVA aplaude las medidas «valientes» del Gobierno en finanzas
El año que viene veremos «la luz al final del túnel» y se iniciará un periodo de crecimiento sostenido. Lo aseguró, ayer, Francisco González en la junta general de accionistas de BBVA, el banco que preside. Con cifras alentadoras y hechos concretos, el banquero advirtió de que se ha producido «una relajación de las tensiones financieras». Es más, reconoció que ello se debió a las reformas que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy, que no dudó en calificarlas de «medidas valientes».
En este sentido, no dudó en felicitar a «los políticos» por haber tomado medidas «para afrontar los problemas», aunque dejó claro que 2012 será «un año de retos difíciles en Europa y en España». Y es que, según González, a pesar de las reformas puestas en marcha por el Gobierno, «todavía nos queda mucho trabajo por hacer para salir de la crisis», precisó.
El presidente de BBVA, el segundo banco más grande de España en volumen de activos, por detrás del gigante financiero que estudian CaixaBank y Banca Cívica, no dudó al reprender a políticos y ciudadanos para que sean «más austeros, más flexibles y más competitivos». Para González, ésta es la única «opción» que hay para salir de la crisis, además de «ver el mundo en su totalidad y no de manera regional».
El máximo responsable del banco vasco dio también un tirón de orejas a las entidades financieras y alertó de que «sólo aquellos que aborden una transformación profunda serán capaces de competir» en lo que llamó «una nueva liga».
En este sentido, puso como ejemplo a BBVA, por ser «uno de los pocos bancos» que comenzó su transformación «hace años». Es más, justificó sus palabras confirmando a los accionistas que BBVA absorberá «cómodamente» los 1.500 millones de euros que tendrá que provisionar el banco para cumplir el plan de saneamiento financiero estipulado por el Gobierno, y acatará con soltura las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea. Las directrices de la EBA suponían que BBVA debía reforzar su capital en 6.300 millones para junio de este año. A finales de 2011, el banco ya había generado 5.300 millones.
González no olvidó hacer referencia a la reciente adquisición de Unnim por BBVA, tranquilizando a los trabajadores sobre el recorte que supondrá la operación. «Vamos a intentar que las soluciones sean buenas, seguir en la medida de lo posible con las prejubilaciones, y compaginar los intereses de todos, aunque no es fácil», apuntó.
Su consejero delegado, Ángel Cano, fue el encargado de dar los detalles de la buena salud del banco. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) es del 10,6%; sobre activos (ROA), del 0,8%, y su ratio de eficiencia se acerca al 48%. Es más, la prima de riesgo mejoró, situándose en el 1,2%, después de hacer saneado los activos inmobiliarios en cerca de 5.000 millones.
Cano reconoció que la positiva situación de BBVA en España se debe a «la capacidad de anticipación» que tuvo el banco, tanto en gastos como en riesgos. El grupo está financiando hipotecas por más de 100.000 millones de euros. En este sentido, el consejero delegado advirtió de que BBVA atendió a más de 100.000 familias con dificultades para hacer frente a su hipoteca. El banco que preside Francisco González es otra de las entidades que se adhirió al código de buenas prácticas diseñado por el Ministerio de Economía para frenar los desahucios y paliar los problemas que están teniendo familias sin recursos.
Algún que otro accionista, sobre todo sindicalista, bombardeó a González con preguntas relativas a la política de retribuciones del consejo de administración del banco, así como al hecho de que la edad de jubilación del presidente y sus consejero se retrase hasta los 75 años. En este sentido, el presidente de BBVA informó de que la entidad llevó a cabo un estudio de los consejos de administración de varias empresas en los países mas avanzados del mundo. El resultado fue que no existen límites en esa materia.
EL GOBIERNO dio ayer el primer paso en el ajuste del sector público empresarial al anunciar el cierre y la liquidación de 24 sociedades estatales. La mayor parte de ellas no tenía más actividad que la del cobro de sueldos y dietas de sus 150 consejeros.
Lo que no es una especulación sino un hecho contrastado es que las comunidades autónomas debían a finales del año pasado 140.000 millones de euros, un 17% más que el ejercicio anterior. La cifra se ha duplicado en cuatro años como consecuencia de la caída de sus ingresos y del crecimiento inercial de sus gastos.
